“La cobardía es el miedo consentido; el
valor, el miedo dominado.” Claude Lecourbe
No cuestiono el derecho del presidente Vicente Fox de destituir al secretario de seguridad pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ni mucho menos al comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa, quien después de todo trabajaba para el Gobierno Federal.
Pero no cerremos los ojos a la realidad. Estas destituciones no resuelven nada. No les darán mayor capacidad de respuesta a las policías preventivas capitalina o federal ni garantizarán que se haga justicia en los linchamientos de San Juan Ixtayopan. Por el contrario, los ceses politizan y complican de manera innecesaria el caso.
El presidente Fox está cometiendo nuevamente un grave error. Al destituir a Ebrard en contra de la voluntad del jefe de Gobierno del Distrito Federal está iniciando un nuevo y gratuito conflicto con Andrés Manuel López Obrador. Si cuando menos Fox hubiera despedido también a Ramón Martín Huerta, quien como secretario de Seguridad Pública es el homólogo de Ebrard en el Gobierno Federal, podría haberse sostenido que las medidas tenían cierto grado de equidad. Pero el almirante José Luis Figueroa, comisionado de la PFP, no puede considerarse como un contrapeso de Ebrard en ese juego perverso de los castigos políticos.
No hay duda de que Ebrard, Figueroa y Huerta actuaron con cobardía la noche del linchamiento de San Juan Ixtayopan. De haber reaccionado con decisión y valentía pudieron haber salvado la vida de los policías asesinados por la multitud. Pero el mensaje que han venido recibiendo los jefes policiacos de todo el país en los últimos años es precisamente que tienen que actuar con precaución, que deben negociar con los grupos que violan la Ley, que no deben ser fundamentalistas del derecho.
¿O ya olvidamos, acaso, cómo reaccionó el Gobierno Federal en julio de 2002 cuando Ignacio del Valle y sus activistas con machetes secuestraron a 11 funcionarios que querían la cancelación del aeropuerto de Texcoco? ¿No nos acordamos de que el castigo para los activistas fue la cancelación del aeropuerto?
Si de verdad queremos castigar a los responsables del linchamiento en San Juan Ixtayopan, ¿por qué limitar la responsabilidad al comisionado de la PFP y al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal? Si vamos a tener culpables por omisión, ¿no habría que castigar también al secretario de Seguridad Pública de la Federación? ¿Y el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el propio presidente de la República: no son también responsables? ¿No se han dado cuenta de que la política de impunidad que han impulsado o tolerado es lo que verdaderamente ha fomentado la cultura de los linchamientos?
Los dos Gobiernos, el de la capital y el de la Federación, deben meditar seriamente sobre la difícil situación que han creado. Los linchamientos no se eliminarán despidiendo a Ebrard y a Figueroa. Los ciudadanos no estaremos mejor servidos por este juego perverso en el que cada uno de los dos Gobiernos quiere culpar al otro de sus propias ineptitudes. La politización del caso de Tláhuac, que es un producto inevitable de la destitución de Ebrard, es uno de los errores más graves que ha cometido hasta la fecha el presidente Fox.
Los problemas de seguridad pública no se arreglan con la dilución de responsabilidades. Si López Obrador tiene el encargo de gobernar a la Ciudad de México, que lo haga sin interferencias del presidente. El jefe de Gobierno debe designar al secretario de Seguridad Pública al que le tenga más confianza. Si se equivoca, le tocará al pueblo demandárselo. Es tan absurdo que López Obrador sea responsable de gobernar la Ciudad de México si el presidente Fox destituye a su secretario de Seguridad Pública como que el presidente gobierne el país con un Congreso que le impone el presupuesto.
Queda muy claro que el presidente tiene la facultad legal de destituir al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. No es esta la primera vez que ocurre. Ernesto Zedillo despidió a David Garay en 1996 sin consultar al entonces regente Óscar Espinosa. Y lo hizo, paradójicamente, porque Garay cumplió con su deber al disolver una agresiva manifestación que se dirigía a Los Pinos.
Quizá ahí está el mensaje fundamental. En un país en el que se despide a los jefes policiacos por cumplir con su deber, no podemos esperar que sus sucesores reaccionen con valentía para detener un linchamiento.
Salinas de Gortari
No deben adelantarse especulaciones en torno a la ejecución de Enrique Salinas de Gortari. Pero se necesita una investigación a fondo para determinar si su muerte es producto de la delincuencia común y corriente o de ataque dirigido expresamente en su contra. Espero que la impopularidad política de la familia no afecte la investigación.
Correo electrónico:
sergiosarmiento@todito.com
