El documento entregado a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, apunta un probable impacto económico por las irregularidades de 32 millones 856 mil pesos.
14 de mayo de 2004
México, D.F, (SUN-AEE).-La Cámara de Diputados en la anterior Legislatura manejó durante la presidencia de la Junta de Coordinación Política de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Martí Batres (PRD), y la presidencia de la Mesa Directiva de Beatriz Paredes (PRI) de manera irregular 32 millones 856 mil pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un documento entregado a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF se establecen, durante el ejercicio fiscal 2002, inconsistencias como: adjudicar de manera directa operaciones que debieron hacerse por invitación; no se localizaron los contratos de diversos servicios de asesoría; se detectaron pagos por concepto de servicios médicos a diputados no autorizados por la normatividad; no se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) recursos no ejercidos; se efectuaron pagos por servicios de limpieza no devengados; se expidieron cheques sin contar con la documentación comprobatoria, entre otras.
En el Senado de la República, el Órgano de Fiscalización detectó que se duplicó el pago al senador titular y al suplente, "precisamente cuando los senadores titulares tramitaron licencias indefinidas y por el mismo periodo se pagó a los suplentes".
Esto, explica el documento, porque "el titular tiene derecho a un pago hasta por dos meses a partir de la autorización de su licencia, y el suplente tiene derecho al pago a partir de la toma de protesta".
Además, en el Senado se encontraron otras irregularidades como el que se localizaron expedientes de personal contratado por honorarios que no reúnen los requisitos que exige la normatividad correspondiente.
Tampoco se cuenta con un procedimiento para constancia de las justificaciones y autorizaciones del no descuento en nómina.
En el caso de la Cámara de Diputados, la ASF constató que en algunas áreas los manuales de procedimientos no están actualizados y las erogaciones por renta de transporte no contaron con el contrato que ampare la prestación de los servicios.
Además, se encontró que servicios de traslado, transporte, asesorías, impresiones y publicaciones, propaganda e imagen institucional fueron adjudicados de manera directa, cuando debió haberse hecho por invitación a cuando menos cinco personas.
El Órgano de Fiscalización localizó un saldo inicial que no coincidió con los registros contables de la cuenta de bancos y se localizaron saldos pendientes de depurar en la cuenta de deudores diversos y acreedores diversos, y se ejercieron cheques sin contar con el acuerdo de autorización para su uso, comprobación, justificación, montos límite, periodicidad, etcétera, por lo que no fue posible comprobar su adecuado ejercicio.
Respecto de los efectos económicos y sociales determinados por la ASF, el documento apunta un probable impacto económico por las irregularidades de 32 millones 856 mil pesos.
De ellos, un millón 21 mil pesos son por pagos improcedentes; 2 millones 580 mil pesos de reintegro de servicios médicos que no se enteraron a la Tesofe; 5 millones 796 mil pesos y 16 millones 530 mil pesos por pagos de publicaciones, propaganda e imagen institucional, de los cuales no fueron proporcionados los testigos y trabajos terminados; 2 millones 274 mil pesos por 136 cheques cancelados durante 2003 emitidos en 2002; 3 millones 963 mil pesos por 292 cheques cancelados en 2002 emitidos en 1999, 2000 y 2001, todos los cuales no fueron reintegrados a la Tesofe.
El Órgano de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia considera en el texto que la muestra tomada por la ASF para llevar a cabo su revisión (114.7 millones de pesos), representa 4.9 por ciento del presupuesto ejercido por la Cámara de Diputados, "lo que si bien es una proporción relativamente pequeña, arrojó un amplio número de observaciones, de hecho, llama la atención el número de observaciones (22) y acciones promovidas (30), sobre todo porque en estas últimas se generaron 13 solicitudes de intervención del órgano interno de control".
Critica, además, que a pesar de que la ASF cuenta con las facultades necesarias para fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias pertinentes, solicitó la intervención del órgano de control, sin fundamentar la razón por la cual "prefirió solicitar esta intervención en lugar de fincar directamente las responsabilidades correspondientes".
