El visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Aguilar Durán, informó que, en lo que va de la temporada vacacional, se han presentado quejas por detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública en contra de elementos de las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Al menos una denuncia por violación de derechos humanos en contra de personas detenidas por diversas causas es la que ha recibido el ?ombudsman? duranguense, en el módulo que instaló ex profeso en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en donde operan también la Policía Ministerial y las agencias del Ministerio Público adscritas a la Dirección de Averiguaciones Previas.
Aguilar Durán, quien está de guardia en oficinas estatales de la CEDH, dijo que a todas las quejas que se reciban durante la temporada de asueto se les dará el tratamiento que establece la Ley Orgánica del organismo, de tal manera que los denunciantes queden satisfechos y se emitan las observaciones, de así proceder, para que se modifiquen las conductas de los servidores públicos.
Recordó que de acuerdo con los antecedentes de otros años, durante las semanas Santa y de Pascua, las quejas que se recibieron fueron una o dos por día, y la gran mayoría en contra de elementos de los cuerpos policiacos que realizan los operativos de seguridad.
De acuerdo con información recabada en las corporaciones de seguridad pública, las quejas por supuesta violación a los derechos humanos han emanado sobre todo de conductores de vehículos automotores a los que se les ha detenido y decomisado la unidad, sin que hubiera de por medio la comisión de una infracción al reglamento de tránsito.
Resulta que en los operativos conjuntos que realizan elementos de Vialidad, Protección Ciudadana y Policía Ministerial instalan retenes en determinados puntos de la ciudad, y de manera discrecional detienen automóviles para revisar que los conductores traigan todo en regla, y sobre todo que lo hagan en condiciones físicas adecuadas.
Sin tener aún el alcoholímetro, los agentes, al notar que se maneja con aliento de haber tomado alguna bebida alcohólica, los remiten ante el Ministerio Público. Pero lo peor es que los llevan a los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, que se ubica por la salida a la carretera a México, donde los someten a diferentes pruebas. Y si los resultados unilaterales son que se decomisa la unidad, las personas tienen que regresarse a pie, ya que no hay servicio de transporte.
Entre las quejas por violación a los Derechos Humanos, está la detención arbitraria y el hecho de que se deje a la suerte a los conductores para que se regresen caminando de un lugar ubicado a las afueras de la ciudad, por la noche, expuestos a sufrir algún atraco.
