Fueron arrestadas siete personas en la provincia de Guipúzcoa, tres en Vizcaya, dos en Alava y cinco en Navarra.
Madrid, (EFE).- La Policía española ha detenido a 17 presuntos miembros de la banda terrorista ETA en una operación que ha "neutralizado" una extensa red de miembros activos de la banda, a la que aportaban infraestructura, apoyo e informaciones sobre objetivos, informó hoy el Ministerio del Interior.
La Policía investiga la implicación de alguno de los arrestados como colaborador en el asesinato en julio de 2001 de José Javier Múgica, concejal de la localidad de Leiza (región de Navarra).
Más de 150 agentes desarrollaron de madrugada un amplio dispositivo que supuso el arresto de siete personas en la provincia de Guipúzcoa, tres en Vizcaya, dos en Alava y cinco en Navarra.
Los arrestos se desarrollaron de forma simultánea y para su ejecución se contó con el apoyo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que también reforzaron el operativo establecido para los registros domiciliarios que se han sucedido durante la noche.
Según el ministerio del Interior, las investigaciones arrancaron con la recopilación de distintas informaciones y seguimientos, y el exhaustivo estudio de diversa documentación, como la intervenida en 2002 al miembro de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi "Susper".
Las investigaciones, que no se han cerrado, determinaron que los detenidos estaban presuntamente vinculados a ETA con su participación activa, proporcionando apoyo e infraestructura en pisos y traslados y en la elaboración de informaciones y captación.
Además, en la operación se efectuaron al menos 18 registros domiciliarios y algunos más en diversos locales, en los que se obtuvo abundante documentación que será analizada.
El operativo permanece abierto y los detenidos están siendo trasladados desde el norte de España a las dependencias de la Comisaría General de Información en Madrid.
ETA ha sufrido un lento goteo de arrestos de militantes y colaboradores desde la detención de su dirección en el sur de Francia a principios del pasado mes de octubre.
La difícil situación de la organización, que en las últimas cuatro décadas ha asesinado a más de 800 personas para lograr su objetivo de que el País Vasco se independice de España, ha llevado a varios ex dirigentes presos a defender el abandono de las armas.
En una carta el 2 de noviembre por el "Diario de Noticias", los activistas presos señalaron que "la lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve", que "esto es morir a fuego lento" y que "nunca en la historia de esta organización nos hemos encontrado tan mal".
En un mitin celebrado el fin de semana en San Sebastián, los dirigentes de Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA, se comprometieron a "sacar el conflicto de las calles" y llevarlo a una "mesa de negociación y diálogo", pero no llegaron a pedir a ETA que renuncie al uso de las armas.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo hoy que el Gobierno "mira con interés" cualquier manifestación que "pueda suponer aunque sea un ligero movimiento, como es en este caso, a favor de la paz".
No obstante, agregó en declaraciones a Televisión Española (TVE), es "evidente" que lo manifestado por los líderes de Batasuna fue "absolutamente insuficiente" para modificar la política del Ejecutivo en relación con ETA.
"Todo lo que no sea rechazo, condena expresa y explicita de la violencia, no va a permitir que, por parte del Gobierno ni de las fuerzas democráticas, se haga el más mínimo movimiento en torno a la política antiterrorista que estamos llevando", subrayó.
