La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Norma Beatriz Pulido Corral, responsabilizó al ex apoderado legal del organismo, Alfonso Montaño (detenido en la DAP), de haber dispuesto indebidamente de los poco más 59 mil pesos que se habían destinado para la fianza en el juicio laboral que promoviera Leticia Soto Rodríguez, quien fuera despedida del cargo de visitadora general.
Además, Pulido Corral rechazó que la CEDH pudiera ser objeto de embargo de bienes por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para garantizar la indemnización de 544 mil 550 pesos que fijo el laudo favorable a la ex empleada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Explicó que se interpuso amparo en contra de la resolución, por lo que mientras no haya un fallo de la justicia federal, nada se puede hacer.
Explicó que conforme a los requerimientos legales, cuando se inició el juicio laboral que promovió la ex visitadora general de la Comisión, envió a través del apoderado legal, Alfonso Montaño, el cheque por la cantidad de 59 mil pesos, pero que al enterarse de que nunca llegó al Tribunal de Conciliación, se realizó una investigación que dio como resultado que el abogado del organismo abusó de la confianza y cobró el documento.
Por ello, de inmediato la propia Norma Pulido Corral interpuso denuncia penal en la Dirección de Averiguaciones Previas, en contra del ex apoderado legal, quien fue aprehendido para que responda a las imputaciones en su contra.
Con ello, la Ombudsman duranguense se deslinda del supuesto incuplimiento en dejar una fianza por el equivalente a tres meses de salario de la ex empleada, para garantizar la subsistencia de la afectada. Sin embargo, también señaló que desde el año pasado Leticia Soto labora en la Delegación Profeco, además de prestar sus servicios en la fracción parlamentaria del PAN.
Afirmó que el cese de Leticia Soto, como visitadora general de la CEDH, fue en apego a lo que establece el marco jurídico, ya que se le detectó insubsistencia en una queja para proteger a un familiar, lo cual iba en contra de los objetivos del organismo defensor de los derechos humanos.
Norma Pulido señaló haber atendido todos los trámites del juicio laboral que promovió la ex visitadora general, pero reiteró que no se previó que el abogado que fungía como apoderado legal de la CEDH, en franco abuso de confianza, no entregara el cheque al tribunal laboral, y lo cobrara personalmente en el banco con ayuda de otras personas.
Por ello, manifestó su desacuerdo con el laudo que emitió el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el 11 de junio pasado, en el que se obliga a la CEDH a pagar 554 mil 550 pesos, o de lo contrario se proceda al embargo de bienes que garanticen tal cantidad.
Enfatizó lo delicado de la función que tiene la Visitadora General, por lo que al haber incurrido en insubsistencias al momento de darle seguimiento a una queja, se decidió, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la CEDH, cesar a Leticia Soto, e indemnizarla de acuerdo con las resoluciones de los tribunales laborales.
Agregó que ahora habrá que esperar el dictamen al amparo, además de que está el nuevo ingrediente de la detención de Alfonso Montaño, por haber dispuesto del dinero que se había destinado a la fianza.
Aclaró que no existe una resolución definitiva inacatable que haya condenado a la Comisión, y que el pago de la fianza para subsistencia de la ex empleada no llegó por lo antes señalado. Y el embargo, desde su punto de vista, no procede porque con base en jurisprudencia las instituciones del servicio público no pueden ser sujetos a tal práctica, además de que aún no hay una resolución definitiva.
ARGUMENTO
Despido injustificado
Leticia Soto Rodríguez, en conferencia de prensa a la que convocaron los diputados panistas, calificó de injustificado el despido del cargo de visitadora general, y afirmó que fue como represalia por defender a tres compañeras que también fueron cesadas por Norma Beatriz Pulido Corral.
Recordó que el primer laudo, que tardó más de seis meses, fue en su contra, por lo que promovió un amparo directo ante la justicia federal, que el 30 de marzo del 2004, que resolvió a su favor, ordenándole al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dejar insubsistente el primer fallo reclamado, ?y con base en los lineamientos de esta ejecutoria, considere las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que acontecieron al momento del despido injustificado?.
Por ello, el 20 de abril de este año el Tribunal Estatal emitió un nuevo laudo, donde reconoce el despido injustificado de Leticia Soto, y sentencia a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que se paguen las prestaciones correspondientes.
