EL SIGLO DE TORREÓN
México no estaba preparado para el impacto de la globalización
TORREÓN, COAH.- Para los mexicanos que nacieron en los últimos 25 años, la economía aparece como una fatalidad contra la que no se puede luchar. La población experimenta un estancamiento en cuanto a oportunidades de educación y trabajo bien remunerado.
La marginación es una escenografía cotidiana que lastima en todo el país. Para algunos investigadores los programas sociales aplicados por el Gobierno son apenas compensatorios y tal vez a largo plazo puedan tener algún efecto positivo.
Simplemente en la medición que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Índice de Pobreza Humana, el país ocupa el lugar 20.
El investigador, Julio Boltvinik, autor de los libros serie Necesidades Esenciales en México, Situación Actual y Perspectivas al año 2000, ha reiterado en diversas ocasiones que existen 65 millones de personas que viven en la pobreza, lo que representa dos terceras partes de la población nacional. Ante esta situación advierte la necesidad que tiene el Gobierno de Vicente Fox de replantear su estrategia económica. De no ser así, el sexenio podría terminar con nueve millones más de pobres.
Inmerso en el proceso de la globalización, México no ha salido bien librado de esta experiencia. Su historia es similar a la del resto de los países de América Latina, a la del resto de las naciones en vías de desarrollo. Y es que pareciera una mala broma del destino, pero aquéllos que siguen al pie de la letra las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, (FMI) enfrentan las peores crisis, basta recordar el caso de Argentina.
Joseph E. Stiglitz, nobel de Economía en 2001 y autor del libro El Malestar en la Globalización, afirma que los únicos países que se salvaron de la crisis asiática fueron China y la India. Ellos no siguieron las indicaciones del FMI.
El economista asegura que las políticas económicas propuestas por el Fondo no erradican la pobreza, sino todo lo contrario, además que, en vez de fortalecer las nuevas democracias las debilita. Llama la atención que estas críticas sean vertidas por quien fue asesor de Bill Clinton y que se desempeñara en un puesto ejecutivo en el Banco Mundial... muy lejos de esos manifestantes que toman las calles y que todos llaman globalifóbicos.
El nuevo orden mundial
El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, menciona que las transformaciones en el país se vinculan con los cambios experimentados a nivel mundial, donde las relaciones dominantes pasan de un modelo bipolar hacia una presencia hegemónica del modelo de economía de mercado y al impulso de una economía globalizada.
“Este modelo promueve, en primer lugar, la liberación sin restricciones del mercado mundial de capitales que determinan una reestructuración tecnológica y espacial de la producción y genera una alta volatilidad, acrecentando la vulnerabilidad de las economías pobres y en desarrollo. En segundo término, pugna por la liberación del acceso a la explotación de los recursos naturales de estos últimos países (energéticos, pesca, biosfera)”.
El Diagnóstico agrega que se propicia la creación de mercados de productos asimétricos y de liberación incompleta donde se abren las economías de los países pobres y de menor crecimiento en tanto se mantiene la protección en los países desarrollados respecto de los productos “sensibles” para los países en vías de desarrollo.
“Estas asimetrías reflejan los aspectos fundamentales de la política y la economía política del mundo actual. Sin duda el desequilibrio del proceso y la agenda actual de globalización es un reflejo de la mayor influencia que ejercen los países más grandes y las grandes empresas multinacionales. Pero también refleja la desorganización de los actores, en particular de los países en desarrollo, en los debates internacionales”.
Es en estas condiciones donde se exigió la eliminación de todo tipo de intervención del Estado con subsidios a la producción o mediante la operación de empresas estatales.
“En consistencia con ello se acordó privatizar las empresas de propiedad estatal, incluso aquellas estratégicas para el desarrollo. También se promovieron reformas para reducir la propiedad social de tierras y recursos naturales con el propósito de incorporarlos a los mercados”.
Joseph E. Stiglitz menciona que la globalización puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente de los pobres, “pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en que la globalización ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales que tan importante papel han desempeñado en la eliminación de dichas barreras y las políticas impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de la globalización”.
Para el investigador, Julio Boltvinik, el principal problema radica en que mientras en el pasado México financió su crecimiento con recursos propios, ahora no existe un modelo económico de autodeterminación, hay solamente una actitud de obediencia al Fondo Monetario Internacional.
El origen del problema
El cambio de paradigma económico, social y político, se inició en México en la década de los años ochenta. Esta transformación menciona que el Diagnóstico de las Naciones Unidas se dio a partir de un Estado con una incompleta economía del bienestar, fuertemente endeudado, autoritario y crecientemente corrupto.
En 1976 el peso se devaluó después de más de dos décadas de mantener una paridad fija de 12.50 con el dólar. Por primera vez se tuvo la experiencia de la inflación. La situación mejoró con el auge petrolero y el recientemente fallecido, José López Portillo, entonces presidente de México, hablaba de que el mayor reto sería el de administrar la abundancia. Promesa efímera que desapareció cuando estalló en 1982 la crisis de la deuda externa. La riqueza del petróleo se convirtió en un endeudamiento de 100 mil millones de dólares.
El producto tuvo un crecimiento nulo entre 1982 y 1989, hasta el año 2000 ha aumentado en promedio anual sólo el tres por ciento.
México pasó de una economía volcada hacia el mercado interno, que tenía como motor principal del crecimiento, la inversión y el ahorro público, a una economía abierta orientada a la exportación, principalmente como modelo maquilador basado en la inversión privada nacional y extranjera y una reducción sustancial de la intervención del Estado en la economía. Fue entonces cuando se desincorporaron las grandes empresas públicas como las de teléfonos, acero y fertilizantes, hasta el cambio del artículo 27 de la Constitución que permitió la venta de tierras ejidales.
El documento de las Naciones Unidas menciona que el país asumió como objetivo central de la política económica el abatimiento de la inflación y el mantenimiento del equilibrio de las finanzas públicas con la justificación de que el cambio de modelo requería fundamentalmente de equilibrios y estabilidad macroeconómica.
“Todos los instrumentos de política económica se alinearon y subordinaron a un manejo estricto y centralizado para alcanzar los objetivos. Se generaron los pactos necesarios con las centrales obreras y las cámaras empresariales”.
La investigación señala que el mercado mexicano se abrió bruscamente, de manera unilateral, entre 1985 y 1987, con el propósito de bajar los precios al consumidor y abatir la inflación. Se permitió el ingreso de materias primas e insumos para la producción a menores precios, así como de mercancías de consumo final.
Al principio de la década de los noventas la estrategia de crecimiento se orientó de manera más decisiva a la apertura económica y a una integración con Estados Unidos, que después se amplió con Canadá con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Esta situación aunada al rompimiento de desencadenamientos internos por la desaparición de las actividades que no pudieron competir con el ingreso de insumos y equipos del exterior profundizó la histórica dependencia de México.
“Tradicionalmente uno de los obstáculos estructurales al crecimiento de la economía mexicana ha sido el desequilibrio externo”, afirma el estudio de las Naciones Unidas.
Agrega que el problema se agravó por la carencia de una política pública de intervención programada de reestructuración industrial, que acompañara la apertura del mercado y aumentara los efectos hacia el interior del gran aumento de las exportaciones, principalmente la posibilidad de generar mayores fuentes de ingreso.
“El incremento de las importaciones se pudo financiar por el aumento del ingreso de divisas, los precios del petróleo, los flujos de inversión extranjera, los márgenes de endeudamiento; pero actualmente coloca al país en situaciones de extrema vulnerabilidad e impone restricciones de crecimiento”.
El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México afirma que la adquisición de empresas por parte del Estado y nacionales, determinó que una proporción menor de la nueva inversión se canalizara a la creación de nuevos negocios y por tanto a la generación de mayor valor agregado y total de empleo.
La reducción de la participación del Estado en la propiedad de empresas y en la inversión total, cayó fuertemente, afectando la producción del Producto Interno Bruto (PIB), se abatió la demanda y el consumo del sector público y su participación en la generación de empleos.
El informe afirma que como consecuencia bajaron los ingresos medios de los trabajadores del sector público, aumentó la presencia de relaciones precarias de trabajo (contratos temporales, eventuales y a lista de raya).
Menciona que al ser el Gobierno un empleador importante al asignársele una alta prioridad, el equilibrio a las finanzas públicas y por el interés de competir en una economía globalizada con mano de obra barata, se fue generando una modificación fundamental en la conducta de las autoridades laborales.
“De tutelar los intereses de los trabajadores en relaciones asimétricas, pasaron a jugar un papel de contención de las demandas y toleraron las violaciones de los derechos humanos laborales. Contuvieron de manera autoritaria el aumento de los salarios directos y limitaron el derecho de huelga, protegieron y alentaron el control sindical ejercido por las viejas centrales y confederaciones obreras”.
Estas políticas impactaron negativamente los niveles de remuneración de los trabajadores y con ello sus niveles de vida.
En el pasado el modelo de desarrollo estabilizador y la industrialización del país cayó en la actividad agropecuaria, la transformación de la estructura productiva nacional hacia una economía abierta se realizó, “mediante una violación sistemática de los derechos laborales de gran número de trabajadores, con la tolerancia de los liderazgos sindicales y empresariales, causando y provocando el empobrecimiento de las familias de trabajadores asalariados y de pequeños empresarios y productores que dependían de la demanda de esas familias”, afirma el Diagnóstico.
El panorama nacional
El Consejo Nacional de Población (Conapo) define la marginación como un fenómeno estructural, estilo o patrón histórico de desarrollo, ésta se expresa en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, además en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios.
Por su parte el documento de las Naciones Unidas menciona que las personas en pobreza viven en condiciones de agobio e inseguridad permanentes, son excluidas de la corriente principal de desarrollo, difícilmente ejercen sus derechos humanos en matera civil y política. Son sujetas a discriminación y están subordinadas a estructuras de poder económico, social y político que las hace sumamente vulnerables.
En 2002 la administración de Vicente Fox creó el Comité Técnico para la mediación de la Pobreza, con la participación de especialistas académicos y Organismos No Gubernamentales, (ONG's) dar la metodología oficial que sería adoptada a fin de medir la pobreza en el país.
Las principales conclusiones del Comité después de examinar el comportamiento de los distintos indicadores de pobreza a lo largo de la década de los años 90, dieron como resultado para el año 2000 que el 18.6 por ciento de los hogares del país y el 24.2 por ciento del total de la población contaba con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias (pobreza alimentaria).
El 23.3 por ciento de los hogares y el 31.9 por ciento del total de la población del país recibía un ingreso que les impedía cubrir las necesidades de alimentación y las de los patrones básicos en materia de gasto en educación y salud (pobreza de capacidades).
El 45.9 por ciento de los hogares del país y 53.7 por ciento de la población, tienen un ingreso inferior para cubrir los fines de la política social (pobreza de patrimonio).
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina, (CEPAL) estima que el 41.1 por ciento de la población total se encuentra bajo la línea de la pobreza y 15.2 por ciento bajo la línea de indigencia. De la población urbana, 32.3 por ciento estaba en la primera condición y 6.6 por ciento en situación de indigencia, mientras que para la población rural los porcentajes fueron de 54.7 por ciento y 28.5 por ciento respectivamente.
En el estudio de la CEPAL se advierte que los indicadores de 1998 se encuentran por encima de los observados en 1970 y que los hogares en pobreza en zonas urbanas han aumentado de 20 a 31 por ciento, mientras los que se encuentran en situación de indigencia, pasaron de 18 a 23 por ciento en zonas rurales. De acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, la proporción de la población en situación de pobreza extrema, es mayor a la observada 30 años antes y la proporción de la población en indigencia en el campo ha aumentado.
En la medición que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del índice de Pobreza Humana, que mide las privaciones en las tres dimensiones básicas que componen el desarrollo humano: una vida larga y saludable, educación y un nivel de vida digno. México se ubica -según el informe del PNUD 2003- en el lugar 20.
La pobreza afecta con mayor intensidad a los menores que a cualquier otro grupo. En la edad preescolar asciende a 30 y 32 por ciento en las niñas y los niños respectivamente. La cifra alcanza su valor máximo en los menores de cinco a nueve años (alrededor del 36 por ciento en ambos sexos), en tanto que en los hombres y mujeres de entre diez y 14 años es de 35 y 35 por ciento.
En la adolescencia, la proporción de pobres es similar al promedio nacional: 24 por ciento. Es en la etapa de la juventud cuando se reduce la proporción de personas en pobreza. A partir de los 35 años y hasta al final de la vida la pobreza afecta más a los hombres que a las mujeres. La pobreza femenina aumenta sustancialmente entre los 60 y 64 años.
De acuerdo a la CEPAL en las áreas urbanas 25 por ciento de la población ocupada se encontraba en situación de pobreza en 2000 y la mayor incidencia de ésta se observaba entre los asalariados del sector privado, no profesionales, ni técnicos, en establecimientos con cinco y menos trabajadores, donde 44 de cada 100 vivía en precarias situaciones.
Los empleados domésticos es otra de las categorías ocupacionales con altas tasas de incidencia de la pobreza en zonas urbanas de los cuales el 38 por ciento vive en esas condiciones. Mientras que los trabajadores por cuenta propia (no profesionales ni técnicos) en la industria y la construcción son el 34 por ciento. El once por ciento de los asalariados vive en pobreza.
Condiciones de desigualdad
La liberación de los mercados ha producido una mayor desigualdad en la sociedad mexicana. El economista, Joseph E. Stiglitz, afirma que en su paso por el Fondo Monetario Internacional le sorprendió que la ideología y la política tuvieran gran importancia en las instituciones económicas internacionales, donde en teoría trabajaban profesionales de la materia.
“La investigación nos había demostrado que la liberalización de los mercados de capitales producía más inestabilidad, pero no más crecimiento económico. Lo sabíamos, la ciencia económica no lo recomendaba y sin embargo, el FMI lo promocionaba”.
En México las desigualdades son notorias. Según la CEPAL para el año 2000 el 40 por ciento de la población de menores ingresos recibió 14 por ciento del ingreso, mientras que el diez por ciento de mayores ingresos captó el 36.4 por ciento del ingreso total.
“La diferencia entre el ingreso promedio del 20 por ciento más rico, fue de 18.5 por ciento veces, brecha que se ha ido acentuando al comparar esta relación con la de por ejemplo 1989, donde era 16.9 veces”.
El PNUD para 1998 estimó que el diez por ciento de la población de mayores ingresos concentraba el 41.7 por ciento del ingreso total, frente a sólo el 1.3 por ciento del ingreso total percibido por el diez por ciento de la población de menores ingresos. Esto arroja una desigualdad de 32.6 por ciento.
En el Informe de Desarrollo Humano 2002, México se ubicaba en el lugar 14 de los países con mayor desigualad. Solamente era superado por algunas naciones de América Latina como Brasil y Chile y varios de África (entre ellos Sudáfrica). En el mismo documento coloca a México en el lugar número 55, correspondiente al último lugar de los países catalogados como de “desarrollo humano alto”.
El Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas menciona que la proporción del gasto público del presupuesto destinado a los programas sociales, aun cuando creció en la década de los 90, es comparativamente menor a la observada en otros países de América Latina con economías de igual o mayor tamaño que la mexicana.
Un futuro incierto
La falta de empleo ha provocado la exclusión de jóvenes que intentan ingresar al mercado laboral. Fenómeno que origina la desintegración social, dada la gran proporción de población joven en la etapa demográfica del país. Lo que se consideraba un “bono demográfico” tiende a convertirse en una “bomba demográfica”.
El investigador, León Bendesky, afirma que la dinámica de la economía en las autoridades muestra la incapacidad de las autoridades de sostener una tendencia de crecimiento a la alza.
Finalmente el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, concluye que 20 años del desmantelamiento del Estado, de la privatización de las empresas públicas, de la apertura del mercado, de control inflacionario, de presupuestos equilibrados, de disponibilidad insuficiente y volátil de crédito, de competencia desleal a los productores nacionales, de eliminación de subsidios, ha determinado cambios en la estructura productiva del país que ha tenido profundas repercusiones en los niveles de vida y en los derechos económicos, sociales y culturales de la población del país.
Focos rojos
En el informe de Desarrollo Humano de México 2002, se realizó una exploración detallada de la desigualdad en el territorio nacional, a partir del cálculo del Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa. De las variables consideradas en el cálculo del Índice, la que se encuentra distribuida de forma homogénea corresponde a la esperanza de vida.
La diferencia que existe entre la mayor y la menor esperanza de vida (Distrito Federal y Chiapas, respectivamente) es de 6.62 por ciento. Ellos sugieren que “los elementos que hacen posible una vida larga y saludable y los servicios de salud, no se encuentran tan desigualmente distribuidos”, según el informe del PNUD 2002.
Las diferencias entre entidades empiezan a ser notorias en las variables educativas, concluyendo el informe que al “parecer, los medios que posibilitan adquirir conocimientos a las personas se asignan en forma desigual entre regiones”.
Las mayores diferencias entre las entidades federativas se observan en el PIB por habitante: mientras en el Distrito Federal ese indicador llega a 22 mil 816 dólares, en Chiapas es de tres mil 549 dólares (cifras corregidas por Paridad del Poder de Compra PPC). Se trata de una diferencia de 6.24 veces.
Catorce entidades del país presentan IDH que, en una comparación internacional, obtendrían un rango de desarrollo alto. Dieciocho se encuentran en el rango medio y ninguna en el bajo. El Distrito Federal muestra un IDH semejante al de Hong Kong, Israel, Grecia o España. En el otro extremo, Chiapas presenta un índice similar al de El Salvador, el Distrito Federal ocuparía el lugar 23 en la lista mundial de IDH, en tanto que Chiapas estaría en el 105 (PNUD).
