SUN-AEE / EL PAÍS
SANTIAGO DE CHILE.- Ex presos políticos difundieron ayer una lista de dos mil supuestos torturadores, incluso numerosas mujeres, y de abogados, médicos, periodistas y empresarios a los que acusan de cómplices en los abusos cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet.
Liliana Masson, dirigente de la Coordinadora de ex Presos y ex Presas Políticas, dijo en conferencia de prensa que divulgaron los nombres para que sean conocidos por la justicia y la opinión pública.
“Nunca, señor Presidente (Ricardo Lagos), hemos pedido que nuestros informes se oculten”, agregó la mujer mientras mostraba en sus manos un documento de 500 páginas que también menciona lugares de detención y métodos de tortura.
El documento entregado a los periodistas está dividido en capítulos. El que contiene los nombres de supuestos torturadores y de sus supuestos cómplices está subdividido en: los autores, los agentes civiles, los periodistas, los abogados, los médicos, las mujeres que trabajaron en organismos de represión, además de los que pertenecían a las fuerzas armadas.
“Nosotros, los sobrevivientes acusamos”, se llama el documento que quiere emular al informe oficial sobre prisión y tortura difundido hace una semana por Lagos con los testimonios de 28 mil torturados, pero sin los nombres de las víctimas ni de sus torturadores.
La comisión oficial recogió los testimonios de 35 mil personas, y dejó siete mil de ellas fuera del informe porque no pudieron comprobar las torturas.
El Gobierno dijo que la información sobre nombres permanecerá en secreto por 50 años, lo que no impide que las víctimas presenten sus casos a los tribunales de justicia.
“Pedimos que nuestros informes (testimonios) sean públicos”, insistió Iginio Esperger, otro dirigente de la Coordinadora.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, en declaraciones desde Washington, dijo que cree improbable probar el delito.
“La posibilidad de demostrar una tortura 31 años después es bastante difícil”, señaló Insulza.
La Coordinadora de ex Presos criticó fuertemente la pensión vitalicia de 112 mil pesos mensuales, unos 190 dólares, fijada por el gobierno para las víctimas de tortura.
El Gobierno también paga una pensión de por vida a los familiares de los tres mil 65 opositores asesinados por agentes de la dictadura de Pinochet, que controló el país entre 1973 y 1990.
Esperger aseguró que la Coordinadora representa a la mayoría de los torturados en dictadura y que los 28 mil testimonios del informe oficial sólo “refleja al diez por ciento de los torturados”.
“No hay 35 mil (personas), los que vivieron la represión, tortura y la prisión, son muchos más”, agregó Esperger.
