Primera de dos partes
Los Gobiernos federal, capitalino y varios estatales no acaban de entender el reclamo ciudadano: si bien es execrable la impunidad de la delincuencia, es imperdonable la impunidad de los gobernantes. No acaban de entender. Los Gobiernos responden los disparos de la delincuencia con una serie de disparates y ocurrencias que nada tienen qué ver con una política de Estado frente al crimen. Y, peor todavía, insisten en sacar raja del dolor de quienes, creyendo en ellos, apoyaron la alternancia y les dieron el mandato que hoy incumplen. La élite política, profundamente distanciada de la ciudadanía, insiste en hacer del clamor por la seguridad la ocasión para prolongar su pleito por el poder y así abrir todavía más la puerta a la delincuencia y la violencia que, en ese esquema, los convierte en cómplices de ese asunto. No entienden que, en su incapacidad de emprender acciones concertadas a favor de la nación, convierten en un lote baldío el Estado de Derecho, vulneran principios fundamentales de la democracia y alejan el desarrollo que podría generar una mejor convivencia.
*** La marcha convocada para rescatar a México ha producido tres reacciones en esos Gobiernos y ninguna acción seria. En su primera reacción han montado una escenografía: presumir la detención de tal o cual banda que, tiempo atrás, debió ser aprehendida o peor aún, buscar delincuentes que en su actuación desprestigien al Gobierno o al partido adversario. Los últimos días, a eso se han dedicado: a montar una escenografía para disminuir la presión social derivada de la indolencia con que se han conducido en el campo de la seguridad pública. En su segunda reacción ofertan -en una suerte de remate de ocurrencias- programas y medidas sin ton ni son contra la delincuencia. Ahí está, por ejemplo, el procurador general de la República pidiendo analizar la pena de muerte como si, así, con un disparate de ese calibre, la inseguridad quedara resuelta. En ese remate de ocurrencias, subastan castigos -pena de muerte, cadena perpetua, reducción de la edad penal, toque de queda, etcétera- y subastan reformas legislativas y medidas -timbres de pánico, cámaras de televisión, mayores presupuestos- sin ni siquiera tomarse la molestia de reconocer que, sin acuerdos básicos para elaborar una política de Estado frente al problema, cualquier acción saldrá sobrando, cualquier presupuesto será insuficiente. En su tercera reacción, el lamentable espectáculo que ofrecen es la rutina diaria de su conducta irresponsable. Intentan convertir el dolor y el reclamo ciudadano en la oportunidad de debilitar o eliminar a su adversario político.
Vicente Fox no pierde oportunidad para golpear a Andrés Manuel López Obrador y el equipo de éste replica igual. No se ve en su figura a verdaderos jefes de Gobierno, sino a jefes de pandillas a punto de disputarse el botín del poder que, a fin de cuentas, no acaban de entender en qué consiste. Ni por asomo entienden el hartazgo ciudadano frente a sus pleitos, escándalos y ambiciones desmedidas que sólo benefician a la violencia y a la delincuencia, alejan el desarrollo económico y social como un acto de justicia, victimizan a la ciudadanía y a ellos los transforman en cómplices y socios del crimen y del socavamiento de principios básicos de convivencia pacífica y civilizada. En el fracaso del adversario político cifran su victoria, aunque arrastren en ese juego a la República.
*** Es factible -como justifican algunos gobernantes- que la ola criminal de estos días sea una burbuja, pero es indudable que con la irresponsable conducta con que actúan pueden terminar por convertirla en una tendencia que haga de la convivencia un problema de sobrevivencia en una jungla. Semanas atrás se había advertido que la atmósfera de confrontación que Gobiernos y partidos venían fomentando dejaba por único saldo la desunión nacional y la polarización social que, en el fondo, abonan la violencia y la actuación del crimen organizado. Una y otra vez se dijo que se internaban en ese callejón y sin embargo, no cejaron en ese juego. Los signos de esa atmósfera eran y son de fácil lectura, pero la élite política no quiso ni quiere leerlos. En el desencuentro, la violencia tiene grandes oportunidades. Y ahora cínicamente el Gobierno Federal quiere cargar esa factura al Gobierno local y éste endosarla a los ciudadanos porque, desde su óptica, manifestarse contra la delincuencia es hacerle el caldo a la ultraderecha. En su loca imaginación, las autoridades alucinan que, cuando al ciudadano le apuntan con un revólver para arrebatarle su patrimonio, su libertad o incluso su vida misma, primero le preguntan por qué partido piensa o pensaba votar.
No, no es así. La delincuencia organizada tiene bien claro que en el pleito por el poder que protagoniza la élite política, la verdadera oportunidad es de ellos porque el Estado de Derecho se convierte en un lote baldío. El ejemplo más brutal pero no más importante del vacío provocado por los Gobiernos es la ejecución del editor del semanario Zeta, Francisco Ortiz. Ahí el crimen organizado envió un mensaje al Gobierno, lo desafió cínicamente y dejó claro que las condiciones políticas creadas favorecen su actuación. Por eso, suena absurdo que Vicente Fox vea sólo la inseguridad en el Distrito Federal sin tomar nota de que su partido, a largo de 15 años, no ha podido recuperar a Tijuana de las manos del crimen organizado.
Continuará mañana...
