Miles de mexicanos viajan a Las Vegas a perder su dinero en los casinos. Gustavo Ponce es uno de ellos. Quizá, como tantos otros, padece una adicción a las apuestas. Ha sido un visitante asiduo, al punto que es considerado un VIP al menos en el hotel Bellagio, donde no cubre sus consumos de comida y alojamiento, pues sus anfitriones obtienen su ganancia de otro modo. En los dos años recientes, ha viajado a ese punto en el desierto de Nevada 17 veces. Ignoro las cantidades que ha perdido en el black jack, pero se sabe que por interpósita persona compró el año pasado en una sola casa de cambio más de 550 mil dólares, más de seis millones de pesos. Sólo en su más reciente viaje, apenas hace dos semanas, del 19 al 22 de febrero dejó propinas por casi veinte mil pesos.
Esa conducta no tendría mucho de particular, salvo porque Gustavo Ponce era, hasta la mañana de ayer, secretario de Finanzas del Gobierno de la ciudad de México, con un sueldo de 67 mil pesos al mes, cantidad que se compadece poco con sus dispendios. Fue destituido horas después de que el noticiario de Joaquín López Dóriga en el canal dos de Televisa, anteanoche, difundió un video que lo muestra absorto en la mesa de juego y se proporcionó información sobre sus viajes a esa ciudad de casinos. Los diarios de la mañana de ayer dieron amplio espacio a esas revelaciones y en su conferencia de prensa matutina el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador anunció que había separado de su cargo al funcionario. Dijo también que habría recibido una primera explicación del en ese momento todavía secretario y que el propio implicado ofrecería una conferencia ante los medios de comunicación. No sólo no lo hizo, hasta el mediodía de ayer, sino que al menos se ha ocultado, o tal vez huido.
Aun si se probara que Ponce arriesgaba dinero propio en sus largos fines de semana en Las Vegas o que, al contrario de lo que ocurre a la mayor parte de los jugadores había hecho saltar la banca (porque ocurre que también vendió en la misma casa de bolsa 350 mil dólares), sería insostenible su posición como responsable de dinero público, por más sujeto a controles que esté, pues su propensión a las apuestas dejaría a las finanzas de la ciudad en permanente riesgo de asalto.
Peor aún si, como parece, el dinero que derrochaba en sus visitas a Las Vegas fue obtenido por medios diferentes de sus labores profesionales. Es cierto que a partir de su graduación como economista en la UAM en 1978 obtuvo posiciones de importancia administrativa creciente en el Gobierno Federal priista, hasta ser subsecretario de la Secodam y luego miembro de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y subsecretario de Egresos en el Gobierno de la ciudad. Pero nadie se labra una fortuna con los solos ahorros de la remuneración administrativa y menos la muestra sin rubor (a través por ejemplo de su automóvil de lujo) en contraste con su decisión de no aceptar que su declaración patrimonial apareciera en los registros abiertos al público.
El deber de transparentar la situación de cada funcionario, como exige el interés general, está en tensión frente al derecho de las personas (incluidos los servidores públicos) de que se respete su privacidad. Ese dilema de valores fue resuelto en la administración capitalina dejando a los funcionarios en libertad de decidir la publicidad de su declaración o lo contrario. Ponce fue el único que escogió la reserva.
Independientemente de los móviles de quienes reunieron la puntual información sobre Ponce —tan contundente que no permite dudar de su veracidad— lo cierto es que López Obrador está obligado a acciones rotundas contra su ya ex colaborador. Vaciló en hacerlo, en la primera hora, cuando sólo habló de separarlo de su cargo y aun le concedió el beneficio de la duda, en espera de que Ponce se explicara en público. Pero en el curso de la mañana resolvió darlo por cesado y sustituirlo por el director de Administración Financiera, Arturo Herrera Gutiérrez, un funcionario situado en las antípódas del ex funcionario tan descarnadamente exhibido en su fragilidad ética.
Pero obviamente habría lenidad en López Obrador si su reacción se limitara al despido de su infiel colaborador. Es preciso que se reúnan indicios que autoricen una denuncia y la averiguación penal correspondiente. Por su salud política personal (lo que es menos relevante para los ciudadanos) y en mayor medida por la salud política de la ciudad y de la nación entera (tan sometida a impactos escandalosos de corrupción y abuso) el jefe del Gobierno capitalino debe ser rigurosísimo en la aplicación de la Ley.
La Procuraduría del D.F. ya realizaba una investigación sobre malos manejos financieros, centrada en pagos indebidos en la delegación Gustavo A. Madero, hasta por 31 millones de pesos. Según las primeras indicaciones, Ponce no aparece implicado en ese caso. Si eso se comprueba, es imperioso que no resulte simplemente exonerado, porque el Gobierno del D.F. perderá la confianza pública que ha podido construir y mantener. Claro que tampoco habría que convertirlo en chivo expiatorio, sólo para dar señal de firmeza en el castigo a la corrupción. Pero los indicios conocidos militan en su contra.
La revelación de conductas privadas inescrupulosas en servidores públicos puede tener un móvil ruin, pero su efecto es saludable en último término. Aunque provoquen asco inmediato, la enmienda de sus efectos y el castigo a los infractores devolverá crédito a la política.
