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Diputada con licencia/Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

legisladora por cuarta vez, en ascenso en su jerarquía legislativa, en esta ocasión Elba Esther Gordillo no ejercerá su condición de representante popular. Ha solicitado licencia, que se hará efectiva esta mañana, cuando comiencen las sesiones del segundo período de la legislatura en que estaba llamada a ser protagonista y de la que se retira, en cambio, para no ser una diputada del montón. En su primer ingreso a la Cámara, en 1979, era apenas secretaria general de la sección 36 del SNTE. No sobresalió en su gestión legislativa, perturbada como se hallaba en esos años por la aparición de la disidencia magisterial, que encontró en su sección uno de sus enclaves y en la cual se produjo el asesinato de Misael Núñez Acosta.

Volvió a San Lázaro en 1985, cuando ya era pieza importante en el comité nacional: secretaria de finanzas en el momento de su elección y presidenta de la comisión de vigilancia, lo cual le permitió encabezar el Congreso y responder un informe del presidente Miguel de la Madrid. No debió impresionar mucho su discurso al Ejecutivo, que no dedica a la dirigente magisterial ni una sola mención en sus memorias Cambio de rumbo. En 1997, cuando fue senadora, ya era la suprema lideresa de su sindicato, y pudo por eso presidir la comisión de educación. El año pasado se dispuso a ser la coordinadora de su grupo parlamentario en San Lázaro. Lo había convenido así con el presidente de su partido, Roberto Madrazo.

Más en preparación de su trabajo al frente de la bancada tricolor que en su carácter de secretaria general, realizó muchos actos de presencia en la campaña que culminó con la formación del grupo más numeroso de los seis que pueblan hoy la Cámara. Dotada de amplios recursos como dirigente real del SNTE, apoyó no sólo a los candidatos magisteriales sino a otro número importante de aspirantes, con lo que se encaminó a ser elegida jefa de su fracción. Pero, fuera de programa, Manlio Fabio Beltrones, que la había reemplazado al frente de esa entelequia que es hoy el sector popular priista, se anotó para disputarle el liderazgo legislativo. De no ser porque Gordillo impuso el cumplimiento de la palabra pactada con Madrazo e impulsó la realización de la elección muy cerca de la fecha convenida, quizá el ex gobernador de Sonora habría podido contrarrestar el proselitismo que por meses practicó Gordillo, y la hubiera desplazado desde entonces.

No ocurrió así, pero quedó claro que una numerosa porción de priistas no se avenían con ese liderazgo que fue ejercido por Gordillo, como temían sus adversarios, con ánimo autoritario y excluyente. Ya en sesiones, y sobre todo de cara a la confección de la legislación fiscal, una mezcla de errores de principio y de estrategia incrementó el número de los diputados negados a dejarse dirigir por la profesora. Su alianza con el presidente Fox y con la fracción panista, su desconocimiento del nuevo papel de sus compañeros diputados, el encono de su disputa con Roberto Madrazo, todo ello confluyó para que perdiera el apoyo de la mayoría.

Y aunque estérilmente buscó primero recuperar la confianza perdida y después resistir hasta grados pueriles, fue destituida de la jefatura de la bancada y, por consiguiente, de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, su máximo cargo parlamentario hasta ahora. Después del fragor decembrino, sólo hasta el jueves pasado se reunieron los diputados priistas, ante la inminencia del nuevo período ordinario. Era inaplazable la sustitución del grupo de diputados de la cúpula elbista por los cercanos a Emilio Chuayffet. No sin con candor o con cinismo, no faltó entre los desplazados quien se quejara de que los echaban “sólo por ser cercanos a Elba”.

Claro que ésa era la razón de su despido, en clara congruencia con el hecho de que ésa hubiera sido la única razón de su ascenso, de su incorporación al círculo dirigente. No sólo fueron sustituidos los vicecoordinadores de la bancada, sino que presidentes de cuatro comisiones relevantes, todos ellos gordillistas, fueron también defenestrados: Francisco Rojas, de presupuesto y cuenta pública; Miguel Ángel Yunes, de puntos constitucionales; José Ángel Ibáñez, de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y Jorge Romero Romero, de la comisión jurisdiccional.

Esta mudanza no es posible, como la suscitada en el interior de la fracción, sólo por la voluntad priista. Las comisiones se integran en el pleno y por eso Gordillo aplazó su retiro hasta el día de hoy, pues se propone participar en la sesión “en la que se buscará legitimar el agravio en contra de un grupo de legisladores, a quienes se pretende sancionar con la destitución de sus cargos por haber expresado su voluntad de impulsar una serie de reformas que el país reclama y haberse agrupado en Fuerza Reformadora”. Así lo explicó la jefa de esa corriente al presidente de la mesa directiva Juan de Dios Castro, tan cercano a ella.

La ley orgánica del Congreso permite a los coordinadores sustituir a los presidentes de comisiones que pertenezcan a su fracción, por lo que no hay recurso que oponer a las destituciones, tan agraviantes como lo fueron las designaciones originales. Lo fue en modo particular la que hizo a Yunes recibir una posición que Chuayffet consideraba normalmente destinada a él. No cobrará la ofensa en sentido estricto, porque no puede presidir ninguna comisión, pero propiciará que Yunes sea diputado del montón, algo que su jefa no se permite ser y por lo cual se va.

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