EFE
MÉXICO, DF.- Un defraudador condenado a pena de 17 años y medio de presidio en diciembre de 2002 dirige desde la cárcel una caja de ahorro con sucursales en ocho estados de México, reveló ayer el Congreso en un comunicado.
Se trata de José Cirilo Ocampo Verdugo, quien, a través de una tercera persona, fundó y dirige la Cooperativa de Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos (JOV), dijo el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis.
Davis reveló estos datos en una comparecencia el lunes con las comisiones de Hacienda y Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados.
El titular de la CNBV señaló que el pasado 16 de noviembre se inició la investigación tras recibir una notificación en ese sentido del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
En esta comunicación se informaba de las actividades de Ocampo a través de la cooperativa, que inició formalmente operaciones en septiembre de 2004, aunque fue constituida en febrero de 2000.
Ocampo está preso desde 2002 por defraudar a unos 163,000 ahorradores en el año 2000 por un total tres mil 644 millones de pesos en 27 de los 32 estados del país, dijo el director de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Luis Mancera, quien también compareció ante los diputados.
Otros 58 mil ahorradores que pertenecían a otras 33 cajas también fueron afectados por la crisis que afectó al sector ese año y perdieron su dinero.
El quebranto generó una movilización pública que llevó al Gobierno Federal a intervenir y crear un fideicomiso para rescatar a los ahorradores defraudados, equivalentes al diez por ciento de los 2.3 millones que había entonces, con activos por 14 mil 400 millones de pesos .
Hasta la fecha se desconoce el destino del dinero de los ahorradores defraudados por Ocampo, pero la investigación en su contra por el nuevo delito continúa, señalaron las autoridades.
El titular del Fideicomiso PAGO, Guillermo Barnés, indicó que se ha pagado ya a 89 mil 259 personas un total de dos mil 089 millones de pesos (184 millones de dólares), en su mayoría con recursos del fideicomiso y el resto de los estados.
Los diputados expresaron la urgencia de mejorar la regulación de las cajas de ahorros y propusieron que este tipo de delito sea considerado como grave, es decir, que sus autores no tengan derecho a acceder a libertad provisional bajo fianza.
Actualmente esta conducta está clasificada como delito administrativo.
