Benito Ortega Hernández | El Siglo de Durango
Para el presidente del Congreso federal, diputado Juan de Dios Castro Lozano, legalizar el funcionamiento de casinos sería más perjudicial que benéfico para el país, por lo que adelantó que su voto será en contra del proyecto, en una postura que discrepa con el titular de la Secretaría de Turismo, el también duranguense, Rodolfo Elizondo Torres, quien promueve la reglamentación de los ?juegos al azar?, al señalar que hay ?que terminar con la simulación?, al existir más de mil 500 de los llamados ?brincos?, considerados como clandestinos.
De visita en Durango por cuestiones del Partido Acción Nacional, Castro Lozano fundamentó su rechazo al proyecto de legalizar la operación de los casinos en experiencias que han tenido otros países donde se reglamentaron los juegos al azar, como es el caso de Panamá.
Dijo que al poner en la balanza los beneficios que supuestamente genera en la economía permitir oficialmente el funcionamiento de los casinos, y los perjuicios que ello trae consigo, como el aumento del narcotráficio, la farmacodependencia y drogadicción, la prostitución, la aparición de la delincuencia organizada, pesa más lo negativo, ya que las consecuencias por ello son mayores.
Es por ello que adelantó que aun cuando hay diputados de su partido que ven con simpatía el proyecto para instalar casinos en México, y permitirles operar oficialmente, en lo personal se pronunciará en contra en la máxima tribuna del país, en el momento que se ponga a discusión, en caso de que llegue a tal etapa.
NO ES DESPIDO MASIVO, SINO ?RETIRO VOLUNTARIO?, LOS 50 MIL BURÓCRATAS.
Con relación al anuncio presidencial de que este año se despedirán 50 mil burócratas en el país, Castro Lozano argumentó en primera instancia que no se trata de un cese masivo de trabajadores al servicio del Estado, sino que tales medidas se contemplan dentro del programa de ?Retiro Voluntario?.
Además defendió la medida presidencial, al considerar que está dentro del ofrecimiento de adelgazar el aparato burocrático. ?Pero como siempre, los detractores, por un lado, exigen adelgazar el aparato gubernamental, y cuando se hace, lo critican.
Negó que, en contraparte, se vayan a incrementar los sueldos de los funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, y menos de los diputados, al señalar que en el caso del Poder Legislativo hay una disminución presupuestal con relación a lo que se ejerció en el 2003.
Pero aclaró que si el Gobierno Federal quiere funcionarios eficaces, están justificados los buenos sueldos, que sean competitivos con los que se pagan en la iniciativa privada. ¿De qué sirve, por ejemplo, que en el área jurídica de la Presidencia de la República se tengan abogados con percepciones muy por debajo de las que se dan en las empresas particulares? Es necesario que se les pague bien, para que los resultados sean los que se plantean.
Se pronunció en contra, por otro lado, porque se amplíe el tiempo de cada periodo ordinario, al señalar que el trabajo que realizan los diputados no se ve, y solamente se les valora por lo que sucede en tribuna, cuando las actividades que realizan en comisiones son intensas.
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Defiende la propuesta de gravar el
consumo, y reducir el ISR
En defensa de la propuesta presidencial para la reforma fiscal integral, Castro Lozano afirmó que en ?gravar el consumo, y disminuir el Impuesto Sobre la Renta?, está el futuro económico del país, al pronunciarse por que se alcancen las modificaciones a las leyes estructurales que necesita México para su desarrollo, entre las que nombró la energética.
¿Por qué se van de México para instalarse en Tailandia o Taiwán, grandes consorcios? Porque mientras allá les cobran el 15 por ciento del ISR, en México es del 33 por ciento, además de que el consumo en los países asiáticos también se grava.
La solución a la carencia de recursos económicos en instituciones como el IMSS, ISSSTE, las entidades federativas y los municipios, está en la reforma fiscal. No será con dádivas, ni con subsidios ni programas asistenciales, como se puedan lograr resolver las crisis financieras de tales instancias, sino con modificaciones estructurales, que garantizan la generación de 600 mil a 800 mil empleos anuales, y dotar de más dinero a los estados y municipios.
