EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- En total desacuerdo se manifestó la familia Ruelas Salcedo con la determinación emitida por el titular de la Segunda Sala Unitaria Mixta, quien resolvió que no se acreditaba la presunta responsabilidad de los dos implicados por la Procuraduría de Justicia, en el crimen de la oftalmóloga, Adriana Ruelas Salcedo, ocurrido el 26 de septiembre de 2003.
Norma Ruelas, hermana de la víctima y vocera de la familia sospecha sobre actos de corrupción encaminados a que sólo fueran tomados en cuenta por el magistrado Héctor Pérez Enríquez, los testigos de los acusados y no los circunstanciales de los hechos.
También se dio a conocer que la familia acudió al Consejo de la Judicatura para levantar una queja contra el titular del Juzgado Primero del Ramo Penal, Luis Enrique Montoya García, misma que iba ser contestada en dos semanas y todavía no se tiene respuesta.
La queja fue interpuesta después que se negó la orden de aprehensión contra Artemio Nájera Gandarilla y Jacinto García Cháirez, cuñado y concuño de la occisa, que fueron liberados el 12 de diciembre de 2003, después de 28 días de arraigo.
Como se informó en su oportunidad, con el veredicto del magistrado, no se acreditó la presunta responsabilidad de los dos inculpados en el crimen de Adriana Ruelas. La resolución inconformó a las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia que siguen firmes en su acusación. La familia de la víctima está muy molesta.
La notificación fue a las 14:00 horas del jueves 11 de marzo, por el magistrado Héctor Pérez Enríquez, donde se observaba la ratificación a la negativa de orden de aprehensión contra los presuntos implicados, Artemio Nájera y Jacinto García.
Presentarán pruebas
El subprocurador, Joaquín Saucedo Flores, informó que durante la presente semana, se aportarán las pruebas necesarias ante el Juez Penal, para acreditar la probable responsabilidad de los dos implicados en el asesinato de Adriana Ruelas.
Saucedo Flores se reunió con sus colaboradores, Aurelio Urbina Suárez, subdirector de Averiguaciones Previas; Marcos Torres, subdirector de Control de Procesos; Óscar Menchaca Lara, agente del Ministerio Público; José Luz Martínez, coordinador de Homicidios y Luis Enrique Rivas, titular de Servicios Periciales, para corroborar la existencia de evidencia.
Las conclusiones de los funcionarios públicos sostienen la hipótesis que finca una probable responsabilidad a Artemio Nájera y Jacinto García. El funcionario estatal se manifestó contra la determinación del magistrado y cuestionó que el argumento de la autoridad superior se base en la ausencia de un careo entre un testigo y un presunto, situación que no está obligada en la Ley.
