“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación”.
Constitución mexicana, artículo 27
Como en muchos otros campos, el populismo ha cobrado en México una cuota enorme en el aprovechamiento y conservación del agua. Las políticas gubernamentales han promovido el dispendio, el cual resulta especialmente hiriente por la gran escasez del líquido en el país.
Buena parte del agua en México no es objeto de propiedad privada. El Estado mantiene un monopolio sobre la mayoría de los depósitos y cauces naturales y está encargado de su preservación y de su distribución a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA). La justificación de esta política es que el agua es demasiado valiosa para ser propiedad privada. Pero tanto para la conservación del recurso como por razones de equidad social, mejor nos habría ido si el agua fuera manejada por personas y empresas privadas en lugar de por el Gobierno.
La verdad, sin embargo, es que el problema no es la propiedad pública del agua. Otras sociedades que han dejado su manejo en manos del Estado han tenido buenos resultados. En nuestro mismo país, en tiempos prehispánicos, el agua se manejaba como un bien común y hasta donde sabemos, se preservaba y se cuidaba mucho mejor que ahora. Pero es que no había políticas diseñadas para su dispendio.
Según Eduardo León, un ingeniero especialista en abasto, saneamiento y conservación de agua, el líquido en las zonas urbanas -particularmente en la ciudad de México— tiene un costo nominal de producción de 10.50 pesos por metro cúbico. Pero si consideramos que un 50 por ciento se pierde en el proceso de llevarla a la ciudad, su costo real se eleva a 21 pesos por metro cúbico.
En la ciudad de México, sin embargo, el agua se vende a la mayoría de los consumidores a un precio que oscila entre uno y cuatro pesos por metro cúbico. El consumo de un predio tiene que ser superior a los 1,500 metros cúbicos al bimestre para que se cobre un precio realista de 35 pesos por metro cúbico. La enorme mayoría de las familias paga un precio muy inferior al costo de producción. No sólo los habitantes de la ciudad de México reciben el agua a un precio subsidiado.
La mayoría de los municipios del país la cobran a sus habitantes pero no la pagan a la CNA. Y ésta, en lugar de aumentar los esfuerzos para cobrar, ha venido aplicando un programa de condonación de las deudas de los municipios.
El pasado 24 de junio, según Notimex, el director de la CNA, Cristóbal Jaime Jáquez, dio a conocer que se emitirá un decreto de condonación de los adeudos de agua para los más de 2,800 municipios del país que registran deudas con el sistema. Con anterioridad los 1,200 municipios más grandes ya se habían incorporado al programa de condonación de deudas. En total la deuda por agua de alrededor de cinco mil municipios era de 52 mil millones de pesos, una cantidad equivalente a seis veces el gasto anual de la Procuraduría General de la República.
Si la CNA condona las deudas de los municipios y así genera un incentivo para que en las zonas urbanas no se pague ya agua en el futuro, en el campo simplemente la regala. De hecho, el sistema de uso de líquido para irrigación en la agricultura es especialmente perverso. Los agricultores reciben agua gratis aunque sujetos a una cuota; pero si un año ahorran en su consumo, su cuota se reduce para el año siguiente.
Tienen así un incentivo para desperdiciar el agua, a fin de mantener la cuota y no para ahorrarla. Algunos políticos sostienen que este sistema de reparto de la poca agua que tenemos busca promover la equidad social. Pero la realidad es exactamente la contraria. La estrategia promueve el dispendio y resulta moral y ecológicamente insostenible. Quienes más pagan por el agua son, paradójicamente, los más pobres, aquellos que no tienen acceso a la red pública de agua potable, ya que entre propinas y otros cobros terminan pagando hasta 50 pesos por metro cúbico.
Las tarifas artificialmente bajas descapitalizan al sistema e impiden que la red llegue a los más pobres. El bajo precio del agua, por otra parte, hace económicamente inviable que se tomen medidas para captar el agua de lluvia o para reciclar la que se utiliza en las ciudades. México no se puede dar el lujo de seguir desperdiciando su recurso más valioso y más escaso. Necesitamos por ello una reforma de fondo. Y la primera medida debe ser no regalar el agua ni subsidiar su dispendio.
¿Agua gratuita?
Podría parecer que el agua debería ser gratuita: ahí está en los ríos, los lagos y el subsuelo. Pero cuesta mucho extraerla, bombearla, conducirla y purificarla. Colocar un metro cúbico de agua por segundo en la ciudad de México requiere una inversión de más de mil millones de pesos.
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