EL SIGLO DE TORREÓN
CD. LERDO, DGO.- Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, dice estar dispuesta a despachar desde la plaza principal si el conflicto laboral entre autoridades municipales e integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, se agudiza.
A través de Oficialía Mayor, 60 trabajadores fueron notificados de que están suspendidos por faltas administrativas, incluyendo la dirigencia sindical, en consecuencia la Alcaldesa tiene 15 días hábiles para valorar su situación y decidir si son reincorporados a sus puestos o separados de manera definitiva.
Rosario Castro Lozano se comunicó con José Miguel Castro Carrillo, secretario de Gobierno del Estado de Durango, para reportar que en Lerdo hay ingobernabilidad interna en política pero no administrativa, “le informé que he sido tolerante y que no he presentado denuncia penal, no quiero convertir un conflicto laboral en penal”.
Además se comunicó con el presidente del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián Valles, para informarle que el personal de la anterior administración está causando conflictos y que hubo necesidad de desalojar el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
“Tengo que aplicar medidas disciplinarias y aproximadamente 60 trabajadores fueron notificados de que están suspendidos durante 15 días, en este tiempo tengo que resolver su situación legal, como la suspensión es una medida disciplinaria no tienen derecho a goce de sueldo”.
Y es que insiste en que los sindicalizados irrumpieron en las oficinas del DIF, insultaron al personal y sacaron documentos de archivos y computadoras. “No es una expresión laboral sino radical, si siguen en esa posición tendré que tomar una medida más drástica”.
El dinero que se logre ahorrar en nómina con la suspensión de los trabajadores será utilizado en la indemnización. Asegura que respetará los derechos laborales de las personas que sean separadas de su cargo de manera definitiva.
La Alcaldesa señala que no despedirá a las 263 personas que integran el sindicato, por eso inicialmente separó a 40 de su cargo: “los subdirectores no se quieren ir, el secretario particular de Luis Fernando González Achem no se quiere ir, no es nada personal pero no me agrada como secretario particular mío”.
Muchos trabajadores, dice, jamás se presentaron a trabajar en la anterior administración, sin embargo, a partir del primero de septiembre acudieron a las diferentes dependencias: “son ‘aviadores’, no es lo mismo dialogar con empleados con tres años de antigüedad que con los que nunca vinieron”.
Hoy el personal del DIF regresará al edificio y para eso se pidió el apoyo de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado. Por su parte, Luis Rodríguez Reyes, secretario general, señala que esperará instrucciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado.
Por lo pronto, no acatarán el acta administrativa en la cual se les notifica que están suspendidos, pues asegura que tres integrantes de la dirigencia tienen permiso de ausentarse de sus puestos cuantas veces sea necesario para atender los problemas de los agremiados, tal acuerdo está asentando en el contrato colectivo.
Sin embargo, agrega, las autoridades municipales se niegan a recibir el contrato colectivo y en cambio les entregan actas administrativas acusándolos de abandono de trabajo: “no proceden, los agremiados seguirán presentándose en la presidencia municipal hasta que no reciban una notificación por escrito de su despido”.
Y añade: “nos están acusando de que tomamos las instalaciones del DIF, pero no es verdad, ellos abandonaron las oficinas desde el martes, por eso trajimos un notario público para que dé fe de que nosotros no hemos sustraído nada ni dañado el inmueble”.
