PANEL | DESARROLLAN EL TEMA TENDENCIAS DE LA REFORMA PENAL
EL SIGLO DE TORREÓN
Advierten que un juicio justo debe repercutir en un proceso eficiente
TORREÓN, COAH.- En la práctica no existe eficiencia entre la aplicación de la justicia y el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos, expresó Jan Perlin, asesora del Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México.
Durante el panel ?Tendencias de la reforma penal?, la abogada penalista con especialización en sistemas comparados de Justicia Penal, Derecho Internacional Penal y Derechos Humanos, recalcó que el derecho a un juicio justo incluye que este proceso sea eficiente, partiendo de que la víctima y sociedad reciban una respuesta del Estado al conflicto penal.
Esto, según destacó, contribuye a restablecer la paz social y las nociones de justicia.
Fernando Coronado Franco, director general de la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y quien también participó en el panel, mencionó pro su parte que los tratados internacionales expresan la voluntad común para que en los procesos penales se establezcan las reglas que hagan previsible una administración de justicia y no propiamente de injusticia.
Recordó que a finales de marzo de este año, se presentó la iniciativa de reforma penal en México, la que actualmente está sujeta al debate en el Senado de la República y que es compleja porque abarca preceptos constitucionales, normas, leyes y modificaciones sustanciales al propio Código Federal de Procedimientos Penales.
La iniciativa contempla además la creación de una nueva Ley para la Justicia del Menor, a fin de garantizar una mayor defensa de los menores de edad que son víctimas de delitos.
El especialista resaltó que aunque el Artículo 20 de la Constitución delinea los principios de oralidad, controversia, contradicción y otros conceptos relacionados con el desarrollo de los juicios, éstos no han sido aplicados en nuestro país, lo que prácticamente ha generado una contradicción.
El sistema judicial mexicano, según destacó, está obligado a atender los criterios internacionales de un juicio justo, que establecen la práctica de juicios orales con inmediación.
