“Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Benito Juárez
El pasado 27 de febrero el secretario de Gobernación, Santiago Creel, condenó un informe del Departamento de Estado de la Unión Americana en el que se cuestionaba la situación de Derechos Humanos en México. Creel señaló que el Gobierno de México reprobaba el documento del Gobierno estadounidense por dos razones: “En primer lugar porque no tiene ningún derecho de revisar asuntos propios de la vida interior del país. Y en segundo lugar por ser un informe que distorsiona la realidad, (que presenta) el fenómeno de los Derechos Humanos de manera parcial y muchas veces de forma falsa”.
Este rechazo a la intromisión de los Estados Unidos en un asunto Derechos Humanos propio de la vida interior de nuestro país no impidió, sin embargo, que el Gobierno del presidente Vicente Fox respaldara la resolución anual con la que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra condenó a Cuba este pasado 15 de abril. El voto condenatorio de México resultó crucial este año debido a que la resolución fue aprobada por sólo un voto de diferencia.
Ya era sabido, por supuesto, que el Gobierno del presidente Fox votaría en contra de Cuba. Lo humillante en este caso es que el anuncio lo hizo días antes desde Washington el vocero de la Casa Blanca, Scott McLellan, quien declaró que en una conversación telefónica el presidente George W. Bush de los Estados Unidos y el presidente Vicente Fox de México acordaron el voto de nuestro país. Si alguna vez hubo esperanza de que la decisión de México se interpretara como un gesto genuino de preocupación ante la situación de los Derechos Humanos en Cuba y no como una simple y humillante sumisión a un dictado de los Estados Unidos, ésta se perdió con las declaraciones de McLellan.
Quizá la lectura más acertada y más alarmante del voto la dio un día antes de la sesión en Ginebra Juan de Dios Castro, el diputado panista, ex consejero jurídico del presidente Vicente Fox y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El 14 de abril, efectivamente, este Castro declaró que “la doctrina Estrada ha sido rebasada para bien por la actual posición de México en la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
La doctrina Estrada ha sido hasta ahora uno de los fundamentos más importantes de la política exterior mexicana. Fue establecida por Genaro Estrada, entonces secretario de Relaciones Exteriores, en 1930. En realidad el documento es bastante técnico y señala que México no otorga ni retira reconocimientos a Gobiernos específicos ya que no califica el derecho de otras naciones de mantener o sustituir a sus Gobiernos o autoridades.
La doctrina Estrada no es, como lo han planteado los secretarios de Relaciones Exteriores del actual Gobierno, un documento priista destinado a desviar la atención de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en nuestro país. Se remonta al principio juarista de no intervenir en los asuntos internos de otros países. Es producto también de una lógica indispensable para la convivencia entre países con sistemas distintos que es particularmente importante en el caso de una nación débil, como la nuestra, que vive junto a la mayor potencia del mundo.
Vicente Fox no fue electo presidente de la República para eliminar la doctrina Estrada, la cual tenía un consenso casi total de las fuerzas políticas de nuestro país. Su derogación, por otra parte, no nos hace una mejor nación. Lo paradójico de nuestra condena a Cuba, un país que sin duda tiene muchos problemas internos, entre los que se cuentan la violación sistemática de los derechos políticos y económicos de los ciudadanos, es que en México hay violaciones tan serias o más a los derechos de los gobernados.
Es absurdo que mientras nuestro secretario de Gobernación le niega a los Estados Unidos el derecho de juzgar nuestra situación en materia de Derechos Humanos nosotros pretendamos convertirnos en jueces de otros países. Pero no de todos. Condenamos los abusos a los Derechos Humanos en Cuba, pero no los que tienen lugar en China o en los Estados Unidos. Estamos así eliminando la doctrina Estrada de nuestro archivo diplomático, pero para reemplazarla con la doctrina de la hipocresía.
Investigación
Los documentos de Andrés Manuel López Obrador prueban que Hacienda estaba investigando a Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Distrito Federal. Pero no demuestran nada más: ni que el Gobierno de Vicente Fox haya filtrado el video de Ponce a los medios de comunicación , ni que haya permitido su huida, ni que lo tenga en su poder, ni que pretenda asesinarlo. López Obrador está desesperado por comprobar que la corrupción de sus colaboradores es producto de una conspiración.
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