Afirma Enrique Martínez que no se busca afectar patrimonio familiar
EL SIGLO DE TORREÓN
Por medio de un convenio Coahuila asegurará carros de procedencia extranjera.
TORREÓN, COAH.- Es para abatir la impunidad abierta, la gran cantidad de lotes y tianguis donde se movilizan flotillas de vehículos introducidos al país de contrabando, el motivo principal por el cual el Gobierno de Coahuila firmó el Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda, no para afectar el patrimonio familiar.
La función será pues, en materia de inspección, de verificación, “para pegarle a los que medran, a los que lucran con ustedes y a los que hacen contrabando en el país, quitando fuentes de empleo a los mexicanos”.
Ésa fue la respuesta del gobernador, Enrique Martínez, a miembros de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, (Onappafa) que lo encararon en lo alto del Cerro de las Noas, momentos antes de iniciar la ceremonia religiosa de entrega de la imagen de la Virgen de la Leche.
Alrededor de las doce del día, aproximadamente cincuenta poseedores de vehículos de procedencia extranjera empadronados en esta organización y encabezados por Jesús Martínez Domínguez, subieron muy molestos con sus vehículos con el fin de manifestarse contra el Gobernador a quien le preguntaron desde sus autos ¿Dónde está el sentido humano?
Exigieron una explicación del por qué el Gobierno del Estado firmó a inicios de semana un convenio con la Secretaría de Hacienda para realizar decomisos de carros de procedencia extranjera, lo cual dijeron, “es un daño para miles de coahuilenses de bajos recursos que poseen un vehículo en estas condiciones y que no lo utilizan en otra cosa que no sea para su transporte personal”.
Antes de la llegada del Gobernador, con pancartas le manifestaron su repudio y recriminaron la falta de apoyo y sensibilidad al sumarse a las acciones de “cacería” que realiza contra los autos ilegales la Secretaría de Hacienda y del que aseguraron, “no permitiremos que nos quiten los vehículos”.
El esfuerzo de representantes del Gobierno del Estado en esta ciudad dio sus frutos, ya que los inconformes se retiraron a cierta distancia y en el área del estacionamiento, a la llegada de Martínez y Martínez le plantearon sus demandas, aunque en tono mucho muy mesurado.
Fue alrededor de la una de la tarde cuando la entrevista se dio y aparentemente quedaron conformes, pues hasta se unieron a la procesión.
El Gobernador del Estado escuchó los argumentos de su precaria situación económica y explicó que de ninguna forma el Estado usurpará las funciones del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, pues a ellos les corresponde hacer su parte.
Les dijo que “nuestra intención fundamental es abatir la impunidad abierta, los tianguis, lotes donde se mueven flotillas por ‘coyotes’ que medran con esta situación”.
Martínez y Martínez habló de una ilegalidad y exigió que como autoridad está en derecho de “poner un hasta aquí”.
Según el Gobernador, de ninguna forma se trata con este convenio de colaboración afectar la economía de los que menos tienen, los que usan sus vehículos para trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, ése no es el objetivo principal.
Dice sin embargo a manera de aclaración que en lo que al Estado compete y de acuerdo al Convenio Firmado de Colaboración, Fiscalización y Revisión, “nosotros nos vamos a abocar a este tipo de comercio ilegal, no a quienes tienen los carros.
De ninguna manera quiero decir que estoy legalizando carros, pues es un hecho que hay acciones que tendrán que tomar los de Aduanas.
ANTECEDENTES
El Gobierno del Estado de Coahuila firmó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un Convenio de Colaboración Administrativa que tiene algunos de los siguientes objetivos.
· Abatir el contrabando de mercancía de procedencia extranjera, lo mismo de autos que marcas de ropa, perfumes y materias primas.
· Revisar e inspeccionar los sitios de venta considerados, “focos rojos” de este problema y que operan abiertamente.
· Mediante la Secretaría de Finanzas, se implementará dentro de dos y tres meses, el esquema operativo para trabajar en las calles y en oficinas para efecto de decomisos y en función de los impuestos que no se pagan.
· Se pedirá el apoyo de los municipios en algunos casos.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
