No obstante que está en curso el procedimiento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y con él la posibilidad de que se inicie acción penal en su contra (cualquiera que sea el sentido de la declaratoria de procedencia solicitada por la Procuraduría General de la República), están abiertos otros frentes cuyo propósito es minar la capacidad gubernativa del Gobierno capitalino. El más notorio es el que, con pretexto de la equidad educativa, busca en realidad privar a la administración de la ciudad de unos nueve mil millones de pesos el año próximo.
El tema es parte de la condición jurídica excepcional que vive la ciudad de México. A pesar de que la reforma constitucional de 1996 amplió los cauces de la participación ciudadana en el Distrito Federal, que se había angostado desde 1928, la estructura de Gobierno de la capital federal está afectada por una ambigüedad y unas indefiniciones que impiden el despliegue cabal de funciones en razón directamente proporcional a las necesidades de la ciudad más grande de la República y una de las más pobladas del mundo.
Esa excepcionalidad se manifiesta claramente en cuanto a los servicios educativos. La Ley General de Educación de 1993 distribuyó a los estados las atribuciones relacionadas con educación inicial, básica, normal, indígena y especial. A partir de entonces los Gobiernos estatales crearon secretarías o institutos relacionados con esas materias, aunque el financiamiento de las mismas continúa centralizado en la Secretaría de Educación Pública.
Todas las entidades recibieron esas facultades, salvo el Distrito Federal. Todavía existe en la SEP una subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal, que ejerce esas atribuciones en vez de que lo haga una dependencia específica en el Gobierno capitalino. La causa de esta excepción fue el pacto político en que descansó el Acuerdo nacional para la modernización educativa, que adquirió forma legal en la Ley general mencionada. Para descentralizar la educación, el presidente Carlos Salinas y el secretario Ernesto Zedillo garantizaron a Elba Ester Gordillo (elevada cuatro años antes al rango mayor del SNTE, donde permanece hoy día, más de una década después) que el sindicato magisterial no sería desmembrado. Uno de los riesgos de multiplicar las instancias administradoras de la educación consistía, en efecto, en que se multiplicaran también los interlocutores laborales y se estableciera la tendencia de que las secciones sindicales se convirtieran en sindicatos locales, si acaso vinculados en una federación.
Ese riesgo era particularmente notorio en el Distrito Federal, donde funcionan tres secciones del SNTE, la nueve, la diez y la once, que agrupan al personal del nivel básico, de otros niveles y los administrativos y técnicos. Especialmente la primera, pero no en mucho menor medida las dos restantes, esas secciones han escapado al control central del sindicato, el que encabeza la todavía secretaria general del PRI. De modo que, en un procedimiento absolutamente irregular, que convirtió la defensa de intereses políticos sindicales en norma legal, se estipuló que el traspaso de los servicios educativos al Gobierno capitalino, entonces todavía Departamento del Distrito Federal, se haría cuando así lo pactaran la administración federal y el SNTE. Y como ese tránsito sigue siendo inconveniente para el sindicato, los servicios educativos capitalinos continúan a cargo del órgano federal, la SEP.
No obstante que esa situación no se generó en su provecho, ni modificarla ha dependido del Gobierno de la ciudad de México, ha cundido la imagen de que ello es un privilegio, que evita a la administración local ejercer gasto educativo. Si bien es cierto que algunas entidades, como el estado de México, destinan fuertes sumas de su presupuesto a ese renglón, la mayor parte de los estados apenas contribuyen con lo mínimo, pues nunca desarrollaron sistemas estatales y dependieron antes de 1993 y después de esa fecha del gasto federal.
Está en curso una iniciativa de reforma constitucional cuyo propósito explícito es establecer la equidad en esa materia, lo que se traduciría en los hechos simplemente en un cobro automático al Gobierno de la ciudad de cantidades que debería aportar a servicios educativos que no son de su responsabilidad. Se ha llevado adelante el dictamen con el aliciente a los estados de que al descontársele dinero al Gobierno de la ciudad de México se acrecentarían las participaciones de los otros Gobiernos locales. Es una trampa, porque el texto de la reforma en realidad amenaza también a los estados que contribuyen escasamente al gasto educativo, que podrían ser forzados a elevarlo.
Con insolencia que destroza el ordenamiento parlamentario, en vez de procesar esa iniciativa en comisiones unidas, como dispuso el presidente de la mesa directiva al turnar el proyecto, lo han revisado separadamente y aprobado por mayoría, las comisiones del DF, de educación y de puntos constitucionales. Es un atropello legal grave, pero menor que la aberración a que se quiere llegar en la conciliación de dos intereses, el embate contra López Obrador y la defensa de los intereses del SNTE. Se pretende que un artículo transitorio de la reforma constitucional consagre el monopolio laboral de ese sindicato en el Distrito Federal. Amén de que se haría de la Constitución arma de intereses grupales, se vulneraría abiertamente la libertad sindical y se daría nuevo aire al corporativismo.
