El ejercicio de la acción penal ya inició en contra de los burócratas que este miércoles obstaculizaron la función pública en varias oficinas de Gobierno del Estado, afirmó el titular de la Dirección de Averiguaciones Previas, César Flavio Nájera Quiñones.
?Los manifestantes? ?dijo- ?incurrieron en la comisión de delitos que fueron detectados en plena flagrancia por los agentes del Ministerio Público. Nuestro trabajo será integrar la averiguación y, si es el caso, consignar?.
El funcionario expuso que entre los instigadores y autores intelectuales de los plantones lograron ubicar a Sergio Quiñones Castrellón y Filiberto Villalobos; sin embargo, la investigación sigue avanzando para lograr allegarse todos los elementos de prueba que puedan ser necesarios a la hora de consignar el caso a un juez.
?Estaban obstaculizando la entrada a las oficinas públicas, parte del tráfico, etcétera; por eso nos constituimos tanto en la Unidad Administrativa como en la Secope, dimos fe de lo que ahí ocurrió y, bueno, ahora estamos avanzando en la integración de las averiguaciones?, precisó.
César Flavio Nájera informó, en entrevista exclusiva para El Siglo de Durango, que las indagatorias se llevan a cabo en las mesas siete y 20 de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango.
Ante los cuestionamientos de este diario sobre las consecuencias legales que traerá para los burócratas inconformes la toma de edificios públicos del Gobierno Estatal, el Director de la DAP explicó que en el caso del plantón en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado hay más elementos de carácter laboral que atenúan los hechos.
Empero, recalcó que en el paro de las oficinas que se encuentran en la Unidad Administrativa ?Ángel Rodríguez Solórzano?, el perjuicio fue mayor porque obstaculizaron la entrada de la gente a oficinas públicas.
Luego insistió en que no va a ser complicado integrar la averiguación, dado que hubo flagrancia desde el momento en que las autoridades policiacas acudieron al lugar de los hechos mientras continuaba el cierre de las oficinas.
Cuestionado en relación con si estas averiguaciones recibirán más un tratamiento político que jurídico por parte de la Procuraduría General de Justicia, tomando en cuenta que es un conflicto intersindical que está afectando las actividades gubernamentales, Nájera Quiñones señaló categóricamente: ?No. Se trata de la comisión de delitos y recibirán ese tratamiento de nuestra parte?.
?A ustedes ?abundó, refiriéndose en general a los medios de información- les consta que, por ejemplo, en el caso de los líderes sociales nosotros integramos, consignamos y, bueno, la prueba es que están en el Centro de Rehabilitación Social número Uno de Durango. Y es lo mismo que vamos a hacer en este caso?.
Aclaró que principalmente ubicaron a Sergio Quiñones y a Filiberto Villalobos como instigadores, como autores intelectuales, y de los autores materiales adelantó que van a ir saliendo los nombres.
El funcionario agregó que se reuniría ayer con el Ministerio Público para ver en qué etapa van las averiguaciones, para solicitar a los responsables de las denuncias que fueron tomadas las denuncias respectivas y poder así complementar los expedientes.
PRECISIÓN
Lo dice el Código
El artículo 135 del Código Penal para el Estado de Durango se refiere a la oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos, y es parte de los que se pueden encasillar en los hechos ocurridos desde las primeras horas del pasado miércoles en la Unidad Administrativa y las oficinas de Secope.
El artículo señala: ?Se impondrá de ocho días a tres meses de prisión, y de tres a treinta y cinco días-multa, al que impida en cualquier forma la ejecución de una obra, trabajo público, programa o cualquier otro tipo de beneficio colectivo, ordenados con los requisitos legales por la autoridad competente o con su autorización?.
Pero agrega ese apartado: ?La pena será de seis meses a dos años de prisión, y de tres a ciento cincuenta días-multa, cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, si no hubiere violencia a las personas. Habiéndola, podrá excederse la pena de uno a cuatro años de prisión, y de cincuenta a doscientos días-multa.
?Se impondrá de dos a seis años de prisión y de cincuenta y quinientos días-multa, a los autores intelectuales, a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos?.
