EL SIGLO DE TORREÓN
Acusan de despojo y ocupación ilegal al Ayuntamiento de Torreón
TORREÓN, COAH.- El comisariado ejidal de La Joya, Leonardo González Hernández, se unió al grupo de ejidatarios que demandan la indemnización por la expropiación de 145 hectáreas, según decreto del 22 de agosto de 1996 y por lo que demandaron al Ayuntamiento de Torreón por Despojo y Ocupación Ilegal. Exigen también del grupo de empresarios que proyectan la central Megabastos La Jolla, que les paguen de acuerdo a la Ley.
Señala que junto con el promovente de la demanda de amparo, Jesús Gurrola Muñoz, a nombre del Núcleo de Población Ejidal denominado La Joya, empezaron la convocatoria para reunir a la totalidad de los 196 ejidatarios a los que ni un centavo se les ha pagado por la expropiación de sus terrenos en los cuales se pretende construir el Megabastos La Jolla.
Esta cantidad es aparte de los 47 a los cuales les hicieron algunos pagos parciales por parte del empresario, Federico Obeso Anaya y el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales, (Coproder).
Rechaza que el alcalde, Guillermo Anaya, considera la demanda de ellos propia de “chantajistas” e indicaron que es muy sencillo comprobar de qué lado está la razón al pedirle que si realmente se pagó esta indemnización, lo mejor es que se presenten los documentos correspondientes.
El comisariado ejidal, junto con Gurrola Muñoz, Rodolfo Muñoz Gaytán y José Luis Bautista Martell, asegura que fueron víctimas de una gran estafa y mediante la promoción del amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna buscan que se realice un nuevo juicio en el que se repase etapa por etapa desde el momento en que se empezó a gestionar la expropiación de los terrenos y que finalmente se ejecutó durante la administración de Jorge Zermeño Infante.
Leonardo González Hernández dice que todavía el año pasado, el titular del Coproder, Roberto Natera Hernández, les entregó una “gratificación” para que se decidieran a firmar cesiones sobre sus propiedades.
Argumenta que este año, a todo ese predio que en un principio fue expropiado por causas de utilidad pública, se le hicieron dos cambios de uso de suelo aprobados por el Cabildo, de manera que ahora ocupa el rango comercial.
El Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna concedió la suspensión de los actos reclamados por los ejidatarios y la Audiencia Constitucional de este Juicio de Garantías está fijada para el cuatro de enero próximo.
Sólo fines de lucro: Anaya
Guillermo Anaya asegura que son “fines de lucro” lo que mueve a los ejidatarios de La Joya a demandar el pago de una indemnización sobre predios, que se cubrieron en tiempo y forma de acuerdo a la legalidad, “pues de lo contrario no se hubiera ejecutado el Decreto correspondiente”.
Señala que la situación jurídica del predio donde se proyecta la construcción de la central de abastos está bien definida y en caso de que no se pudiera construir ahí la terminal de camiones suburbanos, hay otras opciones y sería por lo tanto en lo único que se modificaría el proyecto de modernización del transporte denominado Trans-Siglo.
Para el alcalde no hay otro significado en cuanto a la postura de los ejidatarios que piden se les indemnice por espacios de tierra que se transfirieron legalmente.
Afirma que desde 1995 se hicieron las gestiones necesarias para la expropiación de estas hectáreas de referencia y se concretaron legalmente, ya que el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales cubrió los pagos.
Lamenta que “como siempre hay algunas personas que quieren obtener un lucro indebido y nosotros vamos a coadyuvar en lo necesario aunque el proyecto de la central de abastos es totalmente de la Iniciativa Privada.
