El fenómeno social de la semana pasada: las marchas multitudinarias contra la violencia en México, han ocupado las principales planas de los periódicos nacionales y los canales de radio y televisión; es el repudio del pueblo, que se ha manifestado de esa manera en un evento coordinado, que los políticos y sociólogos han empezado a estudiar y que ha denunciado, ante el mundo, la desesperación de los Mexicanos por la inseguridad, que ha sobrepasado a las autoridades municipales, estatales y federales.
Mucho se ha dicho sobre el tema que ha dado lugar a la contraposición de opiniones, inclusive entre miembros de un mismo partido, como el caso del PRD, en el que se manifiesta un Andrés Manuel López Obrador reacio a aceptar la realidad, tratando de desvirtuar, minimizar y hasta desviar el fondo y razón del problema, contra la opinión de otros partidarios que inteligentemente reconocen las deficiencias. Sorprendentemente insiste en afirmar que la delincuencia en el Distrito Federal va en descenso, cuando el clamor de la ciudadanía asevera lo contrario, quedando en evidencia la politiquería y falta de sensatez.
El mismo Presidente de la República, Vicente Fox, hace un “mea culpa” reconociendo su incapacidad para resolver el problema de la inseguridad, que heredó ya siendo grave y que ahora se manifiesta como incontrolable; intenta responder con diez propuestas y otra promesa insensata, cuando todos los mexicanos hemos perdido la fe. Algunos pesimistas han tratado de sostener la postura de que la inseguridad es prácticamente imposible de resolver, a no ser que se atiendan de fondo las causas que la desencadenan, entre ellas la pobreza. También es importante recordar que hay naciones mucho más pobres que la nuestra que no sufren el problema.
Ciertamente la inseguridad pública es el resultado de varios factores, entre los que se enumeran las graves deficiencias de los procesos administrativos, la falta de una legislación adecuada a la realidad actual y otros como corrupción, impunidad, incapacidad y grave irresponsabilidad de muchos de los encargados de evitarla. Una simple observación: para nadie es extraño descubrir que los designados para aplicar la Ley no están en su lugar de trabajo cuando se les requiere.
Según la PGR, la incidencia delictiva nacional muestra que la mayor frecuencia está en los delitos contra la salud, con un 35.26 por ciento, seguido por las violaciones a la Ley Federal Armas de Fuego, 18.62 por ciento. Los daños a los bienes patrimoniales 9.43 por ciento y los ilícitos fiscales el 2.68 por ciento. De ahí se pulverizan las causas en diversas, como incumplimiento en la Ley General de Población, ataques a las vías de comunicación, abusos en el servicio público, medio ambiente, asociación delictuosa, delincuencia organizada, etc.
Se dice que un porcentaje muy bajo de los ilícitos llega a ser denunciado y algunos estudiosos aseguran que solamente dos de cada cien casos son castigados debidamente; unos quedan impunes cuando los procesos legales o administrativos se hacen ineficientemente, dando oportunidad a que los defensores encuentren argumentos legales, que no morales, para liberar a sus defendidos; otros, evaden la justicia por medio del tráfico de influencias; algunos más por simple negligencia de las autoridades que no siguen los procedimientos, justificándose con tener exceso de trabajo; quedando por último todos aquellos que ante la desesperanza como ciudadanos ofendidos y por su pérdida de confianza, simple y llanamente no hacen la denuncia respectiva.
Seguramente usted recordará casos de robos en domicilios o autos, estafas al ser sorprendidos en la compra de artículos que resultan defectuosos o incumplimiento de contratos en servicios diversos, que sencillamente soportan muchos ciudadanos porque “al fin y al cabo no van a hacer nada” o aún más grave, por los abusos de autoridad que cometen los que debieran aplicar la justicia, que van desde el simple investigador que pide “para la gasolina” o el profesional de la Agencia del Ministerio Público que no pone atención al caso por negligencia o por falta de “estímulos”.
Las estadísticas sobre la criminalidad en el Distrito Federal son una clara evidencia de lo grave del problema: en la década de los noventa, se presentaba un promedio de ciento noventa incidentes de violación a la Ley; para el dos mil ya eran trescientos veintiocho y para el dos mil tres la cifras se habían sostenido a pesar de los esfuerzos de los responsables, que tuvieron la ocurrencia de contratar por sumas millonarias al italiano-americano Guiliani que se pavoneó, se paseó, puso condiciones, cobró cantidades estratosféricas en dólares y tan sólo dio (hasta ahora) algunos consejos y ningún resultado, como era de esperarse de alguien que ignora nuestra realidad y es incapaz de imaginar nuestra idiosincrasia.
Los asaltos en la vía pública, a establecimientos y casas habitación, también han aumentado. Aunque los robos de automóviles han disminuido, las explicaciones debemos buscarlas en las medidas de seguridad adoptadas por sus propietarios, más que en acciones eficientes de las autoridades.
Los asesinatos han aumentado y no pasa la semana sin que los medios de comunicación informen de muertes con tintes de venganza entre grupos organizados para el robo, narcotráfico y/o el secuestro.
La Comarca Lagunera no está fuera del problema, aún cuando aparentemente exista una menor incidencia en relación a las grandes metrópolis. Las aseveraciones de las autoridades municipales, los informes y estadísticas de los organismos de seguridad pública en relación al control de la delincuencia no son confiables ni para utilizarlos como referencia, por ser “maquillados” con base a intereses políticos más que con soporte serio y profesional.
La inseguridad pertenece a un círculo vicioso que empieza con la pobreza y la impunidad, combinación insana que estimula a los delincuentes a cometer delitos; continúa con las deficiencias administrativas y la iniquidad de penas en la relación entre crimen y castigo (leyes y penas inadecuadas), acompañados por la corrupción y la ineficiencia, lo que favorece el alza de la criminalidad generando inseguridad pública y cerrándolo en un continuo que se repite.
En la administración general se estudian distintos principios que sirven para definir y atender problemas, uno de ellos es “El Principio de Peter” que dice que: “todos tenemos un nivel de ineficiencia y llegamos a él cuando empezamos a tener dificultades en el desempeño; los problemas a resolver sobrepasan el talento, las capacidades, habilidades y conocimientos de las personas”. También recomienda para esos casos “reubicar” a esos rebasados en puestos donde las exigencias y responsabilidades sean acordes a sus capacidades, habilidades y conocimientos.
Dicho en otros términos: el problema de la inseguridad de los mexicanos tiene mucho qué ver con la incapacidad de sus gobernantes para cumplir con sus obligaciones ya que aunque quisieran no pueden por sus compromisos particulares, sus propias limitaciones intelectuales y de conocimiento. Recuerde otro principio, ahora de la psicología, que dice: “nadie puede dar lo que no tiene”. Poco a poco estamos llegando a lo que algún escritor mexicano llamó “el hartazgo” y la manifestación de los cientos de miles de ciudadanos, que marcharon por las calles de distintas ciudades es una fuerte llamada de atención, quizá de las últimas.
ydarwich@ual.mx
