“Primero que hagan sus cuentas”.
Guillermo Barnes
Quizá lo más importante es que por fin se pudo dar un debate sobre el tema de la enmienda del artículo 122 de la Constitución. Argumentos los hay de los dos lados. Pero no se puede debatir cuando se agrede al rival o se le impide hablar.
El PRD, aliado en esta ocasión con el PT, tiene razón en varios puntos muy importantes de la discusión. El primero es que la enmienda no recorrió los cauces normales de una iniciativa de esta importancia debido a que fue impulsada con apresuramiento por razones políticas, con el propósito de quitarle recursos directamente a Andrés Manuel López Obrador. El signo más claro de ello es el hecho de que, a pesar de su evidente impacto presupuestario, la iniciativa no pasó por la comisión de presupuesto. Como lo ha señalado en repetidas ocasiones el diputado del PRD José Agustín Ortiz Pinchetti, nadie sabe exactamente cuál será el monto de la aportación que esta enmienda le genere al Distrito Federal.
Tienen también razón los perredistas cuando apuntan que la descentralización es parcial: que se le quita dinero al Distrito Federal sin darle responsabilidad sobre la educación en la capital. Al contrario de lo que se hizo con el resto de las entidades de la federación cuando se llevó a cabo la descentralización, no hubo negociación para un convenio con el Gobierno de la ciudad de México.
Los legisladores del PRI y del PAN están en lo cierto cuando afirman que el Distrito Federal aporta muy poco dinero a la educación dentro de su territorio, por lo que la entidad recibe un subsidio injustificado de los contribuyentes de los estados.
Pero también es verdad que la capital de la República aporta recursos mucho más importantes que otras entidades de la federación a la salud.
No parece correcta la afirmación de los diputados del PRD en el sentido de que el Distrito Federal subsidia a los estados. Cuando dicen que aporta el 23 por ciento de las contribuciones federales o el 25 por ciento del Producto Interno Bruto, (PIB), pero recibe solamente el 11 por ciento (o el ocho por ciento, dependiendo de la fuente) de los recursos fiscales federales, están desvirtuando las cifras. Muchas empresas nacionales tienen sus domicilios fiscales en el Distrito Federal, pero generan riqueza en todo el país.
El porcentaje de recaudación fiscal en la capital de la República es, pues, un espejismo. Pero el problema es que nadie sabe realmente quién subsidia a quién y por cuánto. Hay muchas transferencias ocultas. Y todos mis esfuerzos por conseguir un deslinde de la compleja red de subsidios entre la federación y la ciudad de México han resultado hasta la fecha infructuosos.
Tienen absolutamente razón los perredistas cuando señalan que el artículo tercero transitorio de la enmienda al artículo 122 de la Constitución es violatorio de los derechos más fundamentales. Ese artículo transitorio le da al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), afiliado al PRI, un monopolio sobre la representación sindical del magisterio capitalino. Colocar una disposición de esa naturaleza en la Constitución, aunque sea en un artículo transitorio, es una afrenta a un país en el que supuestamente se respetan los derechos individuales, incluido el de la libre asociación sindical.
Coincido plenamente con los diputados del PRI y del PAN en el sentido de que debe revisarse el sistema fiscal de la federación con el fin de evitar subsidios a la entidad más rica de la federación y otras transferencias que son igualmente injustas. Pero la enmienda del artículo 122 no empieza siquiera a realizar esta reforma.
Lo primero que tenemos que hacer es hacer las cuentas. No hay claridad hasta este momento de cuáles son los saldos del complejo sistema de subsidios de nuestro pacto federal. El primer paso es saber de qué estamos hablando. Sólo entonces podemos empezar el proceso de eliminar subsidios injustos. Y una de las medidas fundamentales para ello sería armar un sistema más sencillo y transparente.
En este caso el debate se llevó a cabo cuando la decisión ya estaba tomada. Es una lástima, pero éstas son las reglas de la democracia. Habrá qué ver ahora cuáles son las consecuencias políticas del voto en la Cámara. Porque también los electores tienen en una democracia la posibilidad de castigar o premiar a sus representantes.
DirecTV
La victoria de Sky sobre DirecTV demuestra varias cosas. Una, que los usuarios de televisión de paga requieren los canales locales de televisión abierta. Dos, que ni siquiera tener en exclusividad una Copa del Mundo de futbol es suficiente para contrarrestar esta demanda. Tres, que las deudas importantes -como la que DirecTV contrató para pagar por la Copa- pueden destruir a una empresa. Cuatro, hay mercados en los que no hay cabida para varios participantes.
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