Es verdad que, en términos generales, México ha dado pasos importantes para actualizar su estructura legal en una de las vertientes más significativas del derecho a la información: el derecho de acceso a la información pública. Se cuenta con leyes perfectibles en la materia, una en el ámbito federal y 15 aprobadas por los congresos locales, lo que da cuenta de que la cultura de la apertura informativa está ganando terreno en los más distintos puntos del país.
De igual forma, se derogó el capítulo correspondiente al Premio Nacional de Periodismo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles -que ahora se encuentra en su tercera edición como premio independiente-, circunstancia que permitió que México dejara de ser el único país en el mundo donde la principal fuente informativa y la dependencia que maneja la política interna, la Secretaría de Gobernación, organizara premios para periodistas.
No hay duda que estos esfuerzos son positivos. No obstante, hay aspectos que muestran que falta mucho por hacer en varios terrenos y que la guerra por el derecho a la información, en su más amplia expresión, no está ganada en modo alguno. Veamos si no.
Primero. El 19 de marzo pasado el director editorial del diario El Mañana, Roberto Mora, fue muerto en circunstancias extrañas, donde todavía no se tienen claros los móviles ni hay presuntos responsables detenidos. El diario editado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha hecho un trabajo diligente para encontrar respuestas a este homicidio para determinar si está vinculado al ejercicio periodístico y, por ende, para acelerar la averiguación previa que se ha hecho al respecto. Sería lamentable que las diferencias de percepción y de criterios sobre informaciones y opiniones deban ser resueltas por la vía de las armas. Por el contrario, es menester tomar las debidas precauciones y partir del hecho de que en el país hay muchos Méxicos con avances desiguales en el ámbito político, económico y cultural. El pasado domingo la activa periodista Leonarda Reyes, directora del Centro de Periodismo y Ética Pública, se dio a la tarea de convocar a diversas organizaciones, incluida el diario El Mañana, donde se hizo un enérgico llamado para que el olvido no gane la batalla en este caso lamentable y, por el contrario se tomen medidas precautorias para minimizar en la medida de lo posible estas acciones que lastiman a la sociedad entera.
Segundo. La vía jurídica como herramienta para censurar las libertades informativas y coartar el derecho a la información, particularmente cuando se trata de elaborar el escrutinio de la vida pública y de los gobernantes es, por principio, una muestra clara de autoritarismo. De ahí, por tanto, que distintas organizaciones internacionales y particularmente la relatoría especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, promuevan la despenalización de los denominados delitos contra el honor para que sean materia del derecho civil y, en consecuencia, no esté en juego la privación de la libertad personal.
En Chiapas, el gobernador Pablo Salazar ha alentado la contrarreforma del código penal del Estado para elevar hasta nueve años el delito de difamación y lo propio hizo con el de calumnias para silenciar a la prensa. Un promotor activo porque se ponga fin a este acto del Congreso del Estado aprobado por unanimidad es Isaín Mandujano, un joven periodista chiapaneco que se desempeña como corresponsal de la revista Proceso, quien ha sido amenazado por el procurador general de Justicia del Estado, Mariano Herrán Salvatti, por el “delito” de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de información.
Es preocupante que la crítica periodística sea objeto de censura fáctica a través del código penal como sucede en Chiapas. La exposición pública de estos hechos es acaso uno de los mecanismos para detener la barbarie que vive este estado del sur del país.
Tercero. Es conveniente dar seguimiento a las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada por unanimidad por el Congreso del estado de Zacatecas y vetada por el gobernador, Ricardo Monreal por problemas de técnica jurídica y legislativa.
Efectivamente se habían advertido en estas páginas algunos problemas en esa dirección. Lo importante es resolver esos aspectos a la brevedad y de cara a la opinión pública y no, por el contrario, restringir la parte de las bondades del decreto vetado que son muchas y deben por esa razón permanecer, siendo, en todo caso, aceptable reformas para mejorar los enunciados normativos y los derechos consagrados en esa normativa.
Habrá que estar al pendiente de que así suceda para bien de todos. De la misma forma, habrá qué ver que pasa al final del día con el Consejo de la Información del Distrito Federal y si -al menos testimonialmente- los consejeros ciudadanos pueden conmover la sinergia de apoyos mutuos entre los otros 15 representantes de los sujetos obligados a informar que habrá muy probablemente de conformarse con mayor o menor intensidad. De eso dependerá que haya acceso a la información o no en la capital de la República.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ernesto.villanueva@limac.org.mx
