La confrontación que sostiene Andrés Manuel López Obrador con el Gobierno Federal, constituye un escándalo político mayor que pone en riesgo al proceso de transición a la democracia plena del país.
Es importante señalar que el problema no tiene su origen en la divulgación de los videos por todos conocidos, sino en los hechos de corrupción revelados por tales videos en los que aparecen funcionarios perredistas del primer círculo del Gobierno del Distrito Federal.
En esencia, se trata de una colusión entre un empresario y funcionarios perredistas de la ciudad de México desde tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas hasta nuestros días, que en el entorno de una serie de contratos de obra pública se apoderaron en forma sistemática y orgánica de recursos que son de todos los mexicanos para el financiamiento de campañas políticas del PRD.
Sin embargo, el indudable ingenio de la izquierda para navegar en los medios de comunicación y el enorme cinismo de López Obrador, han logrado enfocar la atención de una buena parte del público, hacia un supuesto “complot” preconcebido y planeado para desprestigio del referido Jefe de Gobierno.
El complot estaría encabezado por funcionarios de instituciones federales que bajo el impulso de las denuncias han intervenido en el caso y que Andrés Manuel acusa de un comportamiento faccioso para desprestigiar a su persona y a su partido es decir, a su proyecto personal y partidista. En otras palabras, según López Obrador el Gobierno Federal y el país en pleno debimos callar y permanecer impávidos e inmóviles, frente a la vergonzosa y preocupante evidencia de los actos de corrupción, como si nadie hubiera visto nada.
Andrés Manuel pone al Gobierno Federal en el banquillo de los acusados, como si quienes aparecen embolsando el dinero en los videos o jugando en Las Vegas, fueran Francisco Gil Díaz o Rafael Macedo de la Concha. Lo anterior, bajo el absurdo según el cual, “tanto peca el que mata a la vaca como el que denuncia y persigue al asesino de la vaca”.
Algunos medios de prensa hacen segunda al jefe del Gobierno capitalino, pretendiendo que el Gobierno Federal no debió “subir al ring” cuando lo único que no puede ni debe hacer dicha instancia es permanecer indiferente ante los acontecimientos. De hecho el mayor riesgo que plantea la situación actual de transición inconclusa, es el que pasemos de la Presidencia Imperial a un régimen de parálisis total que redundará en un giro en retroceso.
Así las cosas, el escándalo que en sus inicios produjo una purga en el PRD que significó la salida de Rosario Robles y el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas, desbordó el ámbito perredista para inundar la vida nacional, en deterioro de ella misma y sus instituciones.
Ante lo sucedido urge clarificar la mente, bajo la premisa de que estamos a dos años de las elecciones federales que determinarán el futuro de nuestra patria y los mexicanos no tendremos otros instrumentos de participación, que las instituciones y los partidos con los que actualmente contamos, salgan como salgan de este baño de lodo y de los que sigan.
Es fácil prever que el mayor reto de los próximos comicios es el abstencionismo y para ello basta asumir la experiencia de las elecciones del año pasado, o reconocer la falta de interés que ofrecen los procesos electorales actuales en Oaxaca, Baja California, Chihuahua y hasta Durango, que a pesar de su cercanía e importancia pasan desapercibidos, debido a la estrategia deliberada de algunos partidos, la debilidad de otros y la falta de cobertura de unos medios de comunicación cebados en el escándalo.
Niveles de abstencionismo del setenta y tantos por ciento como el que tuvimos en diciembre en las elecciones extraordinarias federales de Torreón, hacen previsible una vuelta al pasado, al régimen autoritario de partido de Estado. Urge superar el asco y el hastío e imprimir un nuevo aliento a la participación ciudadana como la que produjo la alternancia en el año dos mil, que desazolve los cauces institucionales contaminados por un pésimo ejercicio de la política.
Los analistas que frente a los acontecimientos, opinan de los protagonistas de nuestra vida pública en el sentido de que “todos son iguales”, hacen un flaco favor a su oficio porque para llegar a tan simple cuanto irresponsable conclusión no se necesita ni de análisis ni de reflexión. Por el contrario, hoy más que nunca en que el trigo y la cizaña crecen apretadamente en todos los campos de la sociedad y de la política, es menester un ejercicio de observación y juicio, que sean más agudos y objetivos.
