“Todos pedimos que se aplique la Ley, y todos tratamos de eludir su cumplimiento”.
Émile Alain
¿Qué tiene de malo que un Gobierno construya un camino para dar acceso a un hospital privado? Nada, por supuesto. El problema es que el camino se ha tendido sobre un predio privado, El Encino, expropiado por el Gobierno del Distrito Federal y un juez le ha concedido al dueño un amparo que ha ordenado la suspensión definitiva de esa construcción.
El Gobierno del Distrito Federal puede estar en desacuerdo con la decisión del juez. Tiene derecho también a pelear el caso en todas las instancias que permita la Ley. Lo que no puede hacer es desobedecer la resolución del juez porque no está de acuerdo con ella.
Tengo entendido que en el Gobierno del presidente Fox hubo discusiones sobre cuál debería ser la posición de la Procuraduría General de la República ante la orden del Poder Judicial de actuar legalmente por desacato en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal y buscar su desafuero. Pero la PGR no tiene opción: las órdenes de los jueces no son optativas. Si la PGR dejara de actuar, estaría cayendo en el mismo desacato que ahora se imputa al Gobierno capitalino.
Desde un punto de vista político, al Gobierno de Vicente Fox no le conviene el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, con este proceso se elimina la posibilidad de que el Gobierno Federal pueda lograr acuerdos sobre temas de fondo con el PRD, partido que está interpretando -o pretendiendo interpretar- la decisión como una agresión directa del Presidente. Éste es el mensaje de Leonel Godoy, el presidente nacional del PRD, cuando dice que el procurador general de justicia es un simple “empleado del Presidente de la República” (me pregunto si también considera que el procurador capitalino es un empleado del jefe de Gobierno de la ciudad de México).
La verdad es que el desafuero nunca va a tener lugar: correrá en el Congreso la misma suerte que el proceso en contra del senador priista y tesorero del sindicato petrolero Ricardo Aldana. Los legisladores llegarán a los acuerdos políticos que impidan el desafuero, mientras los abogados del Distrito Federal buscan la solución legal que impida una orden de aprehensión en contra de López Obrador cuando éste pierda el fuero. La única consecuencia de todo este escándalo será fortalecer la imagen política de Andrés Manuel.
Sin embargo, el hecho de que éste sea el segundo caso en que López Obrador se enfrenta al Poder Judicial por desacatar sus fallos es inquietante. La respuesta del subsecretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, a la decisión de la PGR de buscar el desafuero fue descalificar la medida como política, señalar que los abogados del dueño de El Encino tienen lazos con el villano Diego Fernández de Cevallos y apuntar que el juez que concedió la suspensión definitiva de la construcción en El Encino también le dio un amparo a los bancos que se negaban a ser sometidos a una nueva auditoría del IPAB. No hubo un solo argumento legal en sus declaraciones.
La justicia mexicana tiene muchos problemas y muy serios. En el caso del llamado paraje de San Juan López Obrador logró convencer a algunos críticos -yo entre ellos— de que, efectivamente, el juicio que ganaron los presuntos dueños de los terrenos expropiados estuvo plagado de anomalías. La Suprema Corte de Justicia está revisando el proceso y se espera que pronto dicte una resolución, aunque no deja de ser inquietante que Enrique Arcipestre esté en la cárcel por el aparente delito de haberle ganado un juicio al Gobierno del Distrito Federal.
Las debilidades de la justicia mexicana, sin embargo, no justifican que un gobernante, por muy poderoso que sea, quede excluido de la aplicación de los fallos de los tribunales. Si se acepta esta situación se rompe con el principio de igualdad de todos ante la Ley. Por eso mismo es inaceptable la “acción de nulidad de juicio concluido” promulgada por la Asamblea Legislativa en diciembre, la cual determina que ni siquiera un juicio concluido está concluido cuando lo pierde el Gobierno de la capital.
El caso de El Encino terminará siendo muy caro para todos. Al Gobierno de la capital lo pone en una situación de incertidumbre. Al régimen del presidente Fox lo desgasta en una batalla más contra el PRD. Al Poder Judicial lo confronta con quien puede ser el próximo presidente de la república. Y a los gobernados no manda el mensaje de que la Ley no se aplica para todos.
Recuperación
La economía mexicana está ya en franca recuperación. El INEGI señala que creció 3.7 por ciento en el primer trimestre. Las ventas de las grandes empresas, por otra parte, están siendo creciendo a ritmos saludables. El reto ahora es lograr que esta recuperación sea duradera.
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