Insistió en que no hay pruebas que lo acusen y dijo que es absurdo el reporte de la inspección ocular.
07 de junio 2004.
México, (SUN-AEE).-Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno capitalino, aseguró que responsabilizarlo por no detener las obras en el predio El Encino, es tanto como asumir que el presidente Vicente Fox, el procurador Rafael Macedo de la Concha y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, son culpables por irregularidades cometidas por otros funcionarios.
Consideró que el Estado es autoritario y castiga la disidencia utilizando las leyes.
Insistió en que no hay pruebas directas que lo acusen y aseguró que es absurdo y ambiguo el reporte de la inspección ocular. Anunció que el jueves entregará su respuesta a la Cámara de Diputados y pidió prudencia a la Suprema Corte.
Al reiterar que no hay escrito o informe que demuestre que desobedeció la orden judicial, explicó que al día el gobierno capitalino recibe unas 100 notificaciones por juicio de amparo a su nombre, -el presidente debe recibir unas 500- y si tuviese que revisarlas todas, no podría realizar ninguna función.
López Obrador señaló lo anterior durante la cuarta sesión de seminario-taller sobre la Manipulación de la Ley con Propósitos Políticos, en el caso El Encino, donde tocó el tema de la supuesta violación a la suspensión definitiva del juicio de amparo y la presunta responsabilidad del jefe de gobierno.
Ahí, se refirió al delito de omisión, por el que es acusado, ya que al ser el superior jerárquico debió confirmar que se detuvo la construcción de una calle.
Sin embargo, consideró como absurdo que ante un supuesto ilícito, sin pruebas directas, recaiga en él la responsabilidad y fue cuando dijo que sería como si pretendieran culpar al presidente Fox por la devolución extrajudicial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por mil 400 millones de pesos a la empresa Jugos del Valle, de parte de la Secretaría Jurídica, por el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de observar el cumplimiento de las leyes, según se establece en el Artículo 89 Constitucional.
También comparó su supuesta responsabilidad como si se ordenara acción penal contra el procurador Rafael Macedo de la Concha, por el homicidio de un comerciante de la Merced, perpetrado por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ya que el funcionario tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos según la Ley Orgánica de esa institución.
De igual modo, señaló que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, podría ser encontrado culpable por presuntos actos de corrupción cometidos por jueces o magistrados.
En cuanto a la cancelación de la obra, insistió en que no hay pruebas que lo acusen al afirmar que la primera inspección ocular, del 28 de agosto, el actuario que acudió al predio El Encino, en Santa Fe, entregó un informe impreciso, y sin el apoyo de un perito en la materia.
Aunado a ello, dijo que no hay constancia alguna que corrobore el estado en el que se encontraba el terreno en disputa antes de la instrucción del juez, por lo que el reporte es ambiguo.
