A la memoria de Víctor Urquidi, una mente preclara.
Todo estado es un proyecto ético. Al final del día es una lucha por imponer ciertas concepciones de la vida, ciertos valores. El problema radica en que los valores enarbolados no siempre son totalmente compatibles. De hecho con frecuencia son contradictorios. Surge así el dilema: qué va primero, qué se debe privilegiar. Los valores absolutos no existen en la realidad. Quienes han intentado implantar un gran valor, un valor supremo, por sobre cualquier otra consideración normalmente terminan concibiendo engendros. El comunismo era el imperio absoluto de la igualdad sobre cualquier otro valor, la libertad incluida. El nacionalismo extremo es responsable de horribles monstruos autoritarios. La libertad individual es uno de los valores centrales del estado democrático.
Debemos ampliar ese ámbito de decisión individual tanto como sea posible. Pero tampoco puede ser manejado como un valor absoluto. Si no hubiera límites a los impulsos individuales viviríamos en la selva. Lo deseable para un liberal es que esos límites sean los menos posibles. Sin embargo hay una frontera muy clara al individuo: el daño a terceros, peor aún cuando el tercero es la sociedad. Uno podría defender el derecho de una persona a introducir en su cuerpo las sustancias que quiera incluso si se autodestruye.
El problema es cuando en el camino se hiere a otros. Por eso en todos los estados, incluidos los de mayor raigambre liberal, existen restricciones a ciertas actividades, ingerir alcohol o drogas por ejemplo. Toda esta discusión podría parecer etérea, abstracta y no lo es. Se trata de nuestra vida cotidiana. Denise Dresser relata en “Gritos y Susurros”, en unas líneas desgarradoras, cómo un borracho segó la vida de su padre y su hermana cuando ella tenía siete años. Como el absoluto no funciona ni siquiera en el caso de la libertad, los grandes liberales del siglo XX se dedicaron a afinar la discusión. Isaiah Berlin, uno de los más brillantes liberales, acuñó dos aproximaciones, la libertad positiva y negativa. La primera alude a todos esos derechos inmanentes al individuo que no aceptan regulación alguna. La libertad de creencia, de expresión, etc. Es la libertad para algo. Pero existe también la libertad negativa, cuando se libera al individuo de algo. Las garantías en contra de algo o alguien son responsabilidad del estado.
Vamos a México en septiembre del 2004. En México existe el juego, es legal pero encausado por el estado. Allí están la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Además la legislación reconoce el juego popular vinculado a festividades tradicionales como la Feria de San Marcos y muchas otras. Quien desea jugar en México conoce sus opciones y las ejerce. Sin embargo la ley es restrictiva en tanto que limita su expansión en manos privadas. Desde hace muchos años los grandes intereses vinculados a los casinos y otras modalidades han tratado de abrir al país al juego en grandes proporciones.
De hecho ya existen apuestas electrónicas en varias ciudades que entraron buscando subterfugios de la Ley. Recientemente se ha impulsado, con un costoso cabildeo, una iniciativa de Ley que ha escalado en el Legislativo y podría ser aprobada en semanas. Estamos ante una situación de alarma. ¿Por qué? En el pasado, y sobretodo por la carencia de información fáctica, los argumentos en contra del juego con frecuencia resbalaban en moralinas absurdas: el juego en sí mismo es malo, es de depravados, de viciosos, etc. Se trata de una versión oscurantista. Los prejuicios no valen en la plaza pública. La discusión hoy, en una sociedad que se precie de ser democrática, debe darse en otro nivel.
Gracias a la información surgida en los últimos años se pueden establecer varias cuestiones. El juego multiplica la comisión de delitos.- En 1996 el presidente Clinton creó una comisión de análisis del impacto del juego. La información generada se suma a la de otros estudios como los de Earl Grinols de la Universidad de Illinois. Las conclusiones no dejan duda: en los últimos 20 años los condados que incorporaron el juego incrementaron su índice delictivo en 44 por ciento. Los delitos comprobados van desde el lavado de dinero, tráfico de drogas a la prostitución ilegal.
La Comisión de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Europa del Este estableció un vínculo entre la adicción a las apuestas y la prostitución infantil. Allí están los hechos. El juego daña el capital social.- Se ha establecido que la ludopatía, la inclinación compulsiva y patológica al juego, es un mal que podría afectar a un porcentaje que va del 1.7 por ciento a 7.3 por ciento de la población. Estudios de Harvard y de la provincia de Québec en Canadá demuestran que la mayor exposición, la apertura de centros de juego, incrementa el porcentaje. Pero, al fin y al cabo, cada quién sus vicios. La afición a ciertos deportes también puede llegar a ser patológica. La gran diferencia es que el jugador compulsivo, como los adictos, con gran frecuencia y ante la desesperación por jugar, se ven involucrados en actos delictivos. El asunto concierne entonces a la salud pública.
Por si fuera poco SMR Research Corporation estableció que en EE.UU. las bancarrotas se incrementan en relación al promedio estatal en proporción al número de casinos: un 18 por ciento en aquellos condados con un casino; 35 por ciento en aquellos con más de cinco casinos. En Atlantic City el promedio de bancarrotas es 71 por ciento superior al del estado de Nueva Jersey. Los ludópatas van a la bancarrota con gran frecuencia. Los costos sociales del juego en gran escala comienzan a ser cuantificados y son brutales. En Minnesota entre cuentas incobrables, impuestos evadidos, falsificación de documentos, fraudes, robos comunes además de prostitución ilegal y trafico de drogas, sólo en los casos de delitos vinculados al juego, el acumulado suma al año cientos de millones de dólares.
A favor de la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos se alega que entrarán 2000 millones de dólares en dos años, que se crearán alrededor de 50,000 empleos directos más los beneficios de la construcción de los casinos. Se argumenta que la recaudación se incrementará en 700 millones de dólares. Hay sin embargo muchas dudas sobre los beneficios económicos para la población en el largo plazo.
La pregunta central está allí: ¿debe el estado mexicano fomentar por motivos económicos de dudosa solvencia una actividad con un impacto social tan negativo? Por lo pronto el asunto es muy debatible y ese debate no se ha dado en la opinión pública. Justo en el momento en que otros países alertan sobre las funestas consecuencias de esa actividad, nosotros decidimos hacerla una estrategia de crecimiento. Si, es un asunto de libertades, de evitarnos los costos personales y sociales. ¿Cuál es la prisa? ¿O quizá en un debate abierto los argumentos se desmoronarán?
