Durante décadas se ha mantenido el mito de la existencia de ciertas empresas que deben ser forzosamente propiedad del Gobierno (no de la nación, que es el conjunto de todos los individuos que poseemos la nacionalidad ). Las razones aducidas para mantener como un dogma esa “nacionalización” o más precisamente gubernamentalización, de determinadas empresas se circunscribía a argumentos de tipo nacionalista-revolucionario; de exaltación del concepto decimonónico de la soberanía, o bien planteamientos economicistas basados en teorías neo keynesianas propugnadoras de que el gobierno fuera el principal contratador de mano de obra a través del acaparamiento del mayor número posible de empresas, para poder ejercer de manera estricta y centralizada esa famosa rectoría económica del Estado.
Otra razón más academicista estaba fundada en conceptos del Derecho Administrativo en torno a la figura de los “Servicios Públicos” que requerían ser brindados por la autoridad gubernamental a fin de evitar acciones especulativas por parte de empresarios privados más interesados en la ganancia rápida, que en la prestación de ese servicio en beneficio de toda la colectividad.
También se justifica el monopolio estatal de una actividad económica a través del Servicio Público por la complejidad financiera inicial que demandan ciertas actividades necesarias para el conjunto de la sociedad, como pudiera serlo por ejemplo la dotación de energía eléctrica o la construcción de carreteras, las cuales implican que se requiera de enormes capitales iniciales y plazos larguísimos para amortizar dicha capitalización inicial que resultarían en muchos casos poco atractivos para los inversionistas particulares, por lo que no se podría dejar sin satisfacer esos servicios necesarios. A partir de tales argumentos, plantear siquiera la posibilidad de hacer algún tipo de insinuación respecto de poner en la competencia libre y abierta a las actividades monopolizadas por el Gobierno, resultaba ser algo así como alta traición a la patria. Eso ha creado terribles cotos de poder en torno a muchas de esas empresas paraestatales que afectan tremendamente el servicio que deberían brindar a los usuarios que ante cualquier legítimo reclamo por la pésima disposición con que se les trata reciben como contestación la típica frase de “Si no le gustó váyase a la competencia”.
Por otra parte al no existir parámetros que permitan internamente la medición de la eficacia del servicio brindado, los usuarios estamos totalmente a las expensas de esos auténticos burócratas en lo que al precio y a la calidad del servicio se refiere, sin que por otra parte veamos nunca los dividendos que debiéramos obtener el conjunto de connacionales en el caso de que efectivamente dichas empresas fueran nacionalizadas y no simplemente gubernamentalizadas. Y ya para qué hablar de esa otra derivación de lo que supone la existencia de los cotos de poder político, económico y sindical en el terreno de la corrupción y las canonjías para el que sea sumiso aunque terriblemente ineficiente, que son propias de esta clase de monopolios.
