Con apariencia jurídica, entre declamaciones respecto del Estado de Eerecho —que la PGR vulnera cotidianamente, según denuncias de todo género, procedentes de todo lugar—, anteayer se inició el procedimiento para desaforar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La decisión ha sido y será aplaudida no sólo por los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, cuya imagen de pertinaz violador de la legalidad será así puesta en jaque, sino también por quienes claman por la vigencia de la Ley y porque se ponga coto a la arbitrariedad de funcionarios prepotentes.
Estos últimos encontrarán útil cavilar sobre los móviles políticos de este lance. Nos ocuparemos de la dimensión legal del asunto, pues la medida que afecta los precarios equilibrios políticos en el país tiene formalmente un propósito jurídico, consistente en castigar al funcionario que desobedeció un fallo judicial.
Si no se sanciona a quienes pasan por alto las decisiones jurisdiccionales, en su propio provecho o para favorecer intereses creados, la frágil convivencia que se funda en la legalidad se haría imposible. Pero por encima del respeto al derecho, acorralar a López Obrador tiene un claro propósito político, el de acotar la acción de su Gobierno para hacer disminuir sus posibilidades políticas, es decir, para cortar de tajo su candidatura a la Presidencia de la República.
Por ejemplo, de modo súbito e inesperado, durante el receso parlamentario (lo que subraya su carácter de amago político y merma su condición de mejoría gubernativa), diputados del PRI, el PAN y el Verde aprobaron la semana pasada un dictamen que significaría una disminución de unos nueve mil millones de pesos de las participaciones federales a que tiene derecho el Gobierno de la ciudad. Lo hicieron invocando la equidad educativa: alegan que los Gobiernos estatales aportan recursos propios al sistema escolar, pero el del DF no lo hace.
Para revertir esa situación proponen un cobro automático de tales aportaciones, consistente en castigar los ingresos normales de la capital. No explicaron a nadie que el Gobierno Federal sigue operando los servicios educativos en la ciudad de México no por una omisión del capitalino, sino porque al aprobarse la Ley General de Educación hace once años se dispuso que la transferencia de tales servicios se realizaría cuando lo acordaran la SEP y el SNTE. Y no se han ocupado de hacerlo.
Ya en diciembre pasado rechazaron la solicitud de endeudamiento (operación con que trabajan todos los Gobiernos) por 2,500 millones de pesos y autorizaron deuda por sólo 500 millones, la quinta parte de lo demandado. Se trata de ese modo de asfixiar a la administración capitalina, no obstante que es el Gobierno local que menores aportaciones federales recibe, en proporción a sus ingresos totales. La demostración de las intenciones políticas que empujaron a la PGR a pedir el desafuero de López Obrador puede hacerse, en parte, con el propio documento con que el subprocurador Carlos Vega Memije anunció la búsqueda de una declaración de procedencia que permita someter a juicio penal al Jefe de Gobierno.
Allí queda claro que entre enero de 2002 y junio de 2003 el ministerio público federal, repentinamente tan acucioso cumplidor de su deber, se había negado a hacerlo. En la primera fecha la autoridad judicial le ordenó realizar la averiguación previa encaminada a determinar si se había incurrido en desobediencia. En la segunda fecha, la empresa expropiada solicitó amparo contra la inactividad de la PGR.
Habían, en efecto, transcurrido 17 meses sin que la averiguación previa se resolviera, de allí que el propio ministerio público se inconformara con la sentencia de amparo que a fines de 2003 le impuso un plazo de 30 días para finiquitar el asunto. Todavía el 17 de febrero de este año un tribunal estableció un nuevo plazo, también de 30 días, que al ministerio público resultaron insuficientes, por lo que antes de llegar al 19 de abril en que concluía ese término, la PGR solicitó y obtuvo un último plazo, de 20 días, que vencieron el 14 de mayo.
Además de la abulia ministerial, en el largo lapso durante el cual se abstuvo de actuar o fue moroso en la averiguación previa, es notorio el uso estratégico del tiempo para fines no judiciales. La realización del procedimiento ministerial, que empleó en total 28 meses, se aceleró en las últimas tres semanas. Fue así porque se habían iniciado dos averiguaciones más contra López Obrador, que podrían formar, una vez concluidas, con la del predio El Encino un bonito paquete de acusación ante la Cámara de Diputados. Se trata de las que pretenden inculparlo por difundir un reporte norteamericano sobre transacciones financieras a que tuvo acceso legalmente y por aventurar que autoridades federales podían tener consigo a Gustavo Ponce, autor de esas transacciones. Igualmente, en el último tramo de la lentísima averiguación previa se produjeron la deportación de Carlos Ahumada y sus secuelas, el otro frente en que la PGR ha actuado políticamente contra el Gobierno de la ciudad y su jefe.
Comprueba, finalmente, el móvil político de esta operación de apariencia jurídica el aviso público dado por la empresa afectada que, como quien invita a un espectáculo, en un desplegado propagandístico pagado, llamó la atención pública sobre la inminente resolución de un conflicto que sólo a la propia empresa concernía, aunque buscara figurar como promotora (no inmobiliaria) sino de la rigurosa observancia de la Ley.
