De acuerdo con las nuevas fechas que marca nuestra Constitución, el lunes el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo que se conoce como el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2005. Éste lo integran primordialmente los siguientes documentos: los Criterios Generales de Política Económica; la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación; las reformas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta, al Valor Agregado, de Derechos, entre otras y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
A partir del lunes y hasta el 15 de noviembre, fecha en la que los diputados tienen la obligación constitucional de aprobar el Presupuesto de Egresos, el Congreso examinará, discutirá y en su caso modificará, el paquete enviado por el Ejecutivo federal. En ese lapso de 68 días, mayor en 38 días al que prevalecía anteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito Público y lo más probable es que sea la próxima semana, comparecerá ante el Pleno de la Cámara de Diputados para explicar y defender la propuesta que ha hecho el jefe del Ejecutivo federal. Como ha sucedido en los últimos siete presupuestos, desde el que se presentó en 1997 hasta el del año pasado, el paquete aprobado tendrá modificaciones importantes sólo en el margen, pues la inercia de la nómina de personal activo como de pensionados continuará ejerciendo su dominio. Todo apunta a que la discusión sea una vez más ideológica y monotemática: el IVA. Para financiar el Presupuesto de Egresos que se pone a su consideración los diputados y senadores enfrentarán el falso dilema de tender hacia la homogeneización del impuesto al consumo, que teóricamente tiene la base gravable más amplia o de continuar con tasas diferenciadas y exenciones que en términos absolutos benefician más a los hogares de mayores ingresos.
En nombre de los pobres se desgarrarán las vestiduras, lejos de centrar la discusión en el efecto distributivo relevante: si en términos proporcionales, la eliminación de la tasa cero en el IVA en alimentos y medicinas afecta de manera negativa más a los hogares de menores ingresos, qué está proponiendo el Ejecutivo o qué propondrán los legisladores, para compensarlos más que proporcionalmente con bienes y servicios públicos que los saquen de la pobreza y los incorporen al desarrollo nacional.
En una perspectiva regional la discusión ideal y por ende las reformas pertinentes serían las de distribuir esa recaudación adicional para dotar a las entidades federativas menos desarrolladas con mejor infraestructura social y con recursos para los programas compensatorios en educación, salud y alimentación para que los indicadores de desarrollo de éstas converjan con los estados más desarrollados. Si se considera como válido el mandato constitucional de que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir proporcional y equitativamente para los gastos de la Federación, los estados y los municipios, es necesario que la discusión presupuestaria avance con un enfoque de ingreso y gasto.
Esto significa establecer los términos de un acuerdo para que los instrumentos de recaudación se utilicen de manera eficiente y eficaz sólo para recaudar y que los programas y proyectos gubernamentales, a través del gasto público, sean los instrumentos para distribuir a favor de quienes más lo necesitan.
En la actualidad, por el hecho de utilizar a los distintos impuestos como mecanismos de distribución y de compensación por establecer exenciones, deducciones, regímenes especiales, tasas diferenciadas y estímulos fiscales, el país deja de recaudar más de seis puntos del PIB, cantidad equivalente a más de la mitad de lo que recauda la Federación.
Mientras se insista en utilizar el martillo para atornillar tornillos y al desarmador para clavar clavos, ofrezco disculpas por los pleonasmos, las finanzas públicas mexicanas continuarán distorsionadas y sin poder utilizarse como un instrumento para acelerar el crecimiento económico, mejorar la distribución del ingreso y romper el círculo perverso de la pobreza extrema.
De lograr simultáneamente, por un lado potenciar la recaudación del IVA y del ISR de las personas físicas y por el otro destinar esta recaudación hacia el fin de tener una sociedad más igualitaria y regiones más equilibradas, se contribuirá a que el Estado mexicano sea el que decida su destino. De otra forma, seguiremos siendo igual o más dependientes del exterior. El fortalecimiento del mercado interno empieza por fortalecer las finanzas públicas de los tres órdenes de Gobierno: el federal, el estatal y el municipal, porque de no hacerlo, no dispondrán ni de velas ni de timón para que la nave avance.
