“El derecho está por encima del poder”.
Víctor Hugo
El tema es impopular en algunos círculos políticos, pero no hay duda de que el Poder Judicial está asumiendo un papel crucial en la vida pública de nuestra nación.
El caso más notable lo estemos viendo en el proceso sobre la expropiación de El Encino, el cual puede llevar a la inhabilitación política del aspirante más fuerte a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un juez federal ha determinado en un juicio de amparo que el jefe de Gobierno de la capital cometió el delito de desacato a una orden judicial y el fallo ha sido ya ratificado por un tribunal de distrito. Pero si bien el afectado afirma que esto no hace más que demostrar que el Poder Judicial está bajo el control del Poder Ejecutivo, una serie de fallos en los últimos años parecen comprobar que los jueces, magistrados y ministros actúan cada vez con mayor independencia.
El Poder Ejecutivo ha perdido muchos y muy importantes casos en los tribunales en los últimos años. El jefe de Gobierno de la ciudad de México, por ejemplo, derrotó al presidente Fox en la controversia constitucional por el horario de verano: la Corte coincidió con López Obrador en que el Presidente no tenía la facultad de modificar el horario del país. Fue necesario que legislara el Congreso para que finalmente el horario de verano pudiera entrar en vigor.
Las derrotas judiciales de la Secretaría de Hacienda en procesos sobre el cobro de impuestos han sido también numerosas. Quizá las más importantes han tenido que ver con el IVA y le han costado al Gobierno, y a los contribuyentes, decenas de miles de millones de pesos.
El Poder Ejecutivo perdió la controversia constitucional que promovió contra el Legislativo cuando éste modificó la iniciativa para una nueva Ley indígena. La Suprema Corte determinó que las enmiendas constitucionales hechas por el Congreso de la Unión y por una mayoría de los congresos locales estaban bien hechas, por lo que si el Gobierno quería cambios en esa legislación tenía que convencer al Legislativo de modificar nuevamente la Constitución.
Quizá la derrota más fuerte del Ejecutivo fue la que provino de su nuevo reglamento a la Ley de Energía Eléctrica que la Suprema Corte consideró inconstitucional. Los ministros, además, sugirieron que la propia Ley de 1992 viola la Constitución.
Los tribunales han tomado también decisiones en contra de medidas del Poder Legislativo. Han rechazado, por ejemplo, impuestos, derechos o tratos preferenciales promulgados por los legisladores cuando rompen el principio de aplicación general o el de equidad. Un ejemplo notable ha sido la exención al Impuesto Sobre la Renta para los bonos y aguinaldos de los burócratas. Dos veces los tribunales han determinado que no se le puede dar un trato fiscal preferencial a un grupo de personas simplemente porque están empleadas por el Gobierno.
En materia electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado también decisiones controvertidas, pero que no muestran favoritismo ante ningún partido. En fechas recientes rechazó las demandas de anulación de la elección de la perredista Amalia García en Zacatecas, del panista Luis Armando Reynoso en Aguascalientes y del priista Ulises Ruiz en Oaxaca. Y si bien en el pasado anuló triunfos priistas en Tabasco y en Colima, los ratificó más tarde cuando hubo nuevas elecciones sin los vicios que habían motivado las primeras anulaciones. En dos ocasiones ya, por otra parte, el Tribunal Electoral ha ratificado el principio de que los partidos no pueden fijar reglas y después violarlas. Así ha restablecido la candidatura a diputado de un priista excluido de las listas de su partido en 2003 y ahora la de Maricarmen Ramírez del PRD al Gobierno de Tlaxcala. El criterio es que las reglas de selección de candidatos no se pueden cambiar a posteriori porque el ganador de un proceso interno no es el que quería la dirigencia.
Me queda claro que hay decisiones del Poder Judicial con las que puede uno estar en desacuerdo. Y ciertamente hay muchos casos en que las Leyes, por sus defectos, hacen que no haya justicia aun cuando los tribunales sean ya independientes. Lo que no podemos hacer, sin embargo, es lo que están haciendo algunos políticos: aplaudir la independencia de los tribunales cuando sus decisiones nos favorecen pero cuestionar su honestidad cuando los fallos van en contra de lo que creemos.
Incentivos
México gasta más en educación, como porcentaje de su economía, que el promedio de los países ricos del mundo. Y, sin embargo, nuestro sistema educativo sigue siendo pésimo. Quizá el problema es que nuestras escuelas no tienen incentivos para mejorar: reciben el mismo dinero si hacen bien su trabajo o si lo hacen mal.
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