Todo lo sabemos entre todos, ha dicho el felizmente laureado José Emilio Pacheco. Por eso conviene dedicar la columna de hoy a recoger reacciones públicas y oficiales sobre informes y apreciaciones aparecidos en esta Plaza hace una semana, el lunes 22 y el jueves siguiente, 27 de marzo, los primeros referidos a las Afores y los segundos a la eventual arbitrariedad en detenciones practicadas por la PGR.
Abundaron los reproches a mi juicio sobre el sistema de ahorro para el retiro. El licenciado Salvador Medina me dice que “no es objetivo enunciar los costos y omitir los beneficios” de dicho sistema, “mismos que existen y son tangibles al podérseles encontrar, de entrada, en el mayor nivel de ahorro nacional y los recursos que se captan mediante esos medios”.
El ingeniero Dany Osiel Portales Castro añade, por su parte, que si bien las comisiones cobradas por las Afores son altas, “van bajando año con año, lenta pero sostenidamente. La competencia entre ellas es el principal motor de dicho fenómeno”.
El director general adjunto de Difusión y Enlace Institucional de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes produjo una respuesta, como las anteriores dominada por el ánimo de corregir errores. Me dice que no es verdad que la regulación de las Afores “está apenas, casi siete años después, en proceso de configuración”. Lo digo basado en que durante 2004 el sistema de ahorro para el retiro “continuará trabajando en la instrumentación de las reformas efectuadas a la Ley del SAR en diciembre de 2002, lo que permitirá a la industria una inversión más eficiente de los recursos en pro de mayores tasas de reemplazo para los trabajadores en el momento de su retiro”, según se lee en el informe de 2003 de la Afore XXI.
El funcionario de la Consar, como otros lectores, desarrolla largamente la comparación entre el antiguo sistema de pensiones y el vigente. No me detengo en el tema porque no era la sustancia de la Plaza del lunes anterior. Entro en cambio, en el tema de la relación entre rendimientos y comisiones.
Sostengo que la administración es onerosa, en el sentido de que las comisiones montan una tercera parte de los rendimientos. Es decir, de cada peso obtenido por las Afores por concepto de rendimiento, se añaden al monto aportado por los trabajadores un poco más de sesenta y seis centavos. Los treinta y tres centavos restantes son el importe de las comisiones.
Es verdad, como sostiene Ramírez Fuentes que “si los rendimientos son mayores que las comisiones, entonces claramente el sistema ha resultado conveniente para los trabajadores”. Nomás faltaba que las comisiones fueran superiores a los rendimientos, de modo que no es persuasivo presentar como una bondad del sistema lo que es simplemente una característica suya.
Al referirse al caso específico de demora, con pretextos banales y desesperantes, en un intento de retiro, presentado en este mismo espacio, el funcionario de la Consar, como si lo fuera de la Afore Santander aporta informaciones generales y desdeña el efecto humano de la tardanza en una persona afectada por una enfermedad terminal que ya sufrió largamente su trámite ante el IMSS.
Dice Ramírez Fuentes que “en un sistema de 31 millones de cuentas individuales, puede existir un caso como éstos, aunque seguramente con alguna explicación”. La hay, en efecto. El 25 de marzo, la Afore Santander repitió en una comunicación dirigida al director del Seguro Social la explicación dada a la afectada que, como reconoce la Afore, comenzó a tramitar la devolución de lo que es suyo “desde el mes de enero del año en curso”: La resolución de pensión expedida por el IMSS “no se encuentra registrada en el DATA MART”. Ese hecho “impide a esta administradora gestionar el trámite de retiro correspondiente”.
La propia Afore dice al doctor Santiago Levy “que este no es el único caso que se encuentra en esta situación, inclusive mediante comunicado de fecha 22 de enero del año en curso la Amafore concentró copia de las resoluciones de pensión y/o negativas que no se encuentran registradas en el DATA MART, sin que se haya recibido respuesta sobre el particular”.
Eso contradice la triunfalista afirmación del funcionario de la Consar, quien asegura que “el plazo promedio para el desahogo del trámite de retiro es de cinco días hábiles... gracias a que el IMSS ha puesto a disposición de las Afores su base de datos de resoluciones de pensión para que cada vez que un trabajador se acerque a su Afore a solicitar sus recursos se pueda validar inmediatamente la legitimidad de su resolución de pensión”.
Otro tema que la semana pasada suscitó varias reacciones fue la detención presuntamente arbitraria de una empleada del Instituto Nacional de Migración por cuya libertad abogó su yerno, un publicista cercano a la cúpula gubernamental.
Ya un juez convalidó la captura al expedir la orden, pero antes recibí la referencia al caso de Norberto Cisneros. Preso hace ocho meses acusado de tráfico de personas, testificaron en su contra poseedores de credenciales de elector falsificadas. Según sus familiares, el señor Cisneros fue confundido con un vecino homónimo y al estar injustamente detenido “ya perdió todo lo que tenía ganado en el campo”.
Por el mismo delito, en otro lugar de la República, la esposa del señor Juan Carlos Hernández Blanco fue capturada en noviembre pasado por madrinas de la AFI, sin orden de aprehensión y por denuncia del Servicio de Migración de EU.
