Pareciera que sólo las probabilidades estadísticas nos pueden proteger del secuestro. No respeta religión, sexo, edad o condición social. La única defensa contra este delito consiste en acogerse a los momios y esperar que el infortunio no se detenga en nuestra puerta. ¿Pero quién nos defiende de las medidas que la autoridad ha concebido para combatir al secuestro?
En el contexto de la histeria que se ha desatado entre los funcionarios, comienzan a surgir una serie de medidas absolutamente lesivas para el ciudadano. Es comprensible que en aras de la seguridad, la población esté dispuesta a perder libertades y garantías. Pero habría que preguntarnos, ahora que apenas comienza, hasta dónde estamos dispuestos a ceder para comprarnos un poco de tranquilidad y si la aceptación de esas medidas no terminará por aumentar nuestra indefensión frente a los cuerpos de seguridad. Juzgue usted.
Uno. En el estado de Veracruz se ha promulgado una Ley que permite a la autoridad el congelamiento de las cuentas bancarias de la familia que sufre un secuestro, para evitar que la familia pague el rescate. Se supone que, de esta forma, las bandas de secuestradores tendrán poco éxito en “la cobranza” y por ende, emigrarán a otros estados. Lo único que ha sucedido es que las familias evitan a toda costa la denuncia del ilícito para poder negociar la liberación de la víctima y para impedir que sus recursos sean incautados. La Ley es un insulto a la población. En la práctica significa que el Gobierno propone a los ciudadanos dejar morir a los secuestrados, por lo menos durante una temporada, hasta que los plagiarios se retiren por baja rentabilidad. Un argumento difícil de vender a un padre cuyo hijo ha sido raptado. Y eso por no hablar de la vulnerabilidad que representa que una autoridad policíaca pueda solicitar el congelamiento de bienes de una familia por la mera presunción de plagio.
Dos. La Procuraduría General de la República procederá penalmente contra las empresas que operan como asesores y mediadores entre las víctimas de un secuestro y los plagiarios, en caso de que no se denuncie el delito. En principio puede ser una medida positiva, para evitar la proliferación de empresas sin la capacidad profesional para realizar esta delicada tarea. Pero el tema es por demás complicado. La primera exigencia de los plagiarios es justamente no dar aviso a la policía o de lo contrario se asesina a la víctima. Por no hablar de la desconfianza que inspira la propia policía. Esta semana fue detenida en Ciudad Juárez una banda de secuestradores formada por policías y capitaneada justamente por su comandante. La señora Sodi, media hermana de la cantante Thalía, informó hace unos días que ha decidido salir del país y radicar en Estados Unidos, luego de recibir todo tipo de amenazas para que retire las denuncias en contra de sus plagiarios detenidos. La policía ha sido incapaz de garantizarle su seguridad. Por otro lado, nada impedirá que los dueños de estas empresas consultoras sigan operando mediante el recurso de contratarse personalmente como “amigos” de la familia. Para evitar este ardid la justicia tendría que amenazar con cárcel a todo particular que no denuncie un secuestro, con lo cual terminará por hacer doble víctima a toda familia afectada.
Tres. El presidente municipal de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, decretó una norma que establece un virtual “toque de queda” en este municipio que forma parte de la Ciudad de México. Todo muchacho menor de edad que es encontrado fuera de su domicilio después de las diez de la noche, es detenido e interrogado. Si es necesario es remitido a la estación de policía para continuar la revisión del “sospechoso”. El propósito del Alcalde es, sin duda, reducir el pandillerismo y la delincuencia que asola esta zona popular. Pero el resultado es totalmente contraproducente. Convierte a la población en víctima por partida doble; además de padecer el continuo flagelo que significan los robos y despojos por parte de las bandas organizadas, ahora tiene que sufrir un renovado acoso por parte de la policía. Lejos de ser una fuerza amiga, en las zonas populares las patrullas son con mucha frecuencia unidades de extorsión en contra de jóvenes trabajadores que regresan por la noche a sus hogares. El toque de queda ofrece una licencia para que la policía detenga indiscriminadamente y sangre los bolsillos de “los sospechosos”. Por lo demás, pedirle a la población que se encierre en sus casas para no ser asaltada, supone una pérdida de garantías para el ciudadano y una derrota resignada por parte de las autoridades.
Cuatro. Un procurador estatal se propone lanzar una campaña para que en todas las casas en las que exista un arma, los padres muestren a sus hijos la manera de usarla. Sin comentario.
En resumen. Es inadmisible que la guerra contra el secuestro se realice con cargo a los ciudadanos. El Estado debe mejorar sus métodos de investigación y depurar sus fuerzas policíacas antes de dejar a la población a merced de los aparatos de seguridad. La proliferación de secuestros es inadmisible, pero no podemos aceptar que en el proceso de combatirlo quede secuestrada nuestra propia ciudadanía.
(jzepeda52@aol.com.mx)
