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MÉXICO, DF.- El Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunció por regular la promoción de candidaturas desde el servicio público.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del instituto, fue entrevistado sobre las declaraciones que por escrito hizo el ahora ex secretario particular y ex vocero de la Presidencia de la República, Alfonso Durazo, en el sentido de que desde la residencia oficial de Los Pinos se promueve la candidatura de Marta Sahagún para las elecciones del 2006.
Al respecto, planteó que “es muy sano para el país que se establezcan mecanismos más transparentes sobre las actividades de promoción política”, y en su opinión es una tarea en la que deberían trabajar no sólo el IFE, sino también el Poder Legislativo, las contadurías y las contralorías.
Consideró que a todas estas instancias correspondería vigilar que el gasto público se utilice para fines de interés general y no para promover candidaturas.
Sin embargo, en este momento, por el vacío legal y la falta de una reforma en la materia, admitió que el instituto no puede regular ese tipo de actividades.
Lo único que se puede hacer, en términos de ley, es registrar los candidatos que proponen los partidos y no se puede ir más allá de lo que establece el Código Electoral, señaló.
-¿Es ético que un presidente promueva a su mujer para ser presidenta?
-El partido político es el responsable de postular a los candidatos mediante los mecanismos que se establezcan y el IFE no tiene nada que opinar; sólo tiene que hacerlo con respecto a los requisitos y a los procedimientos que están en la ley.
-¿Pero es ético que un presidente en funciones promueva a su mujer para ser presidenta?
-El IFE actúa con base en criterios legales y son los criterios legales los que orientan nuestra acción.
-¿Se deberían regular las funciones de algunos servidores públicos, como el presidente de la República, para cuestiones electorales?
-Creo que es muy sano para el país que se establezcan mecanismos más transparentes sobre las actividades de promoción política, y esto es una tarea que compete tanto al Instituto Federal Electoral como a otras autoridades, de manera importante a los congresos, las contadurías y las contralorías.