La elaboración del Sistema Informatizado de Solicitudes de Información (SISI) en un período menor a seis meses bajo la guía del comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), José Octavio López Presa -con la aquiescencia de los otros cuatro comisionados del IFAI-, ha marcado un parteaguas internacional en las formas y modos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Y es que efectivamente no es para menos. De las dos mil solicitudes esperadas en el primer año de vigencia plena de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), las expectativas se han superado con creces al tener más de 40 mil solicitudes y la posibilidad, además, de interponer recursos de revisión de la manera más fácil gracias al SISI.
En democracias consolidadas, salvo Estados Unidos, el número de solicitudes no supera la cifra de cinco mil anuales, como Canadá y Australia, según datos del propio López Presa en el seminario internacional de acceso a la información pública organizado por la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, el pasado fin de semana.
El gran problema es que, contra todo lo que la inmensa mayoría de los mexicanos piensa, el SISI no es una herramienta tecnológica del IFAI, sino de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta circunstancia hace que el IFAI debe negociar todos y cada uno de los cambios en la operación inicialmente concebida para el SISI. Así, por ejemplo, el IFAI está impedido de celebrar convenios de colaboración con los estados que tienen ley de acceso a la información pública y quieren utilizar el SISI, simple y sencillamente porque no pueden disponer de este sistema que no es suyo.
Salvo el caso de Sinaloa, donde el IFAI, la SFP y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa celebraron un convenio al cual se sumará también el Gobierno del estado que encabeza Juan S. Millán en las próximas semanas, los demás estados enfrentan problemas para adaptar el SISI a su entorno regional.
Por otra parte, el hecho de que el SISI sea creado e imaginado por el comisionado López Presa y sus compañeros comisionados, pero no puedan ser potencializados sus beneficios de este sistema de internet/intranet para todos los mexicanos, al crear, por ejemplo, una gran red por ahora en 15 potenciales entidades federativas y el Distrito Federal, los cuales cuentan con normas en materia de acceso a la información pública, es una desgracia para el país.
El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, ha sido y es un aliado del ejercicio del derecho de acceso a la información pública desde tiempo atrás. Su talante democrático fue puesto a prueba cuando se elaboró el reglamento del Poder Ejecutivo, en el cual tuvo la voluntad política de sumar a diversos organismos académicos y sociales para enriquecer el documento inicial. Lo propio se puede atestiguar con la implementación de la Ley en la propia SFP. Se puede colegiar, entonces, con hechos verificables que Eduardo Romero es un activo democrático y un promotor de la apertura informativa. Hoy con el tema del SISI, Eduardo debe poner de relieve su compromiso con el derecho a saber para maximizarlo en beneficio del mayor número de personas posible. El éxito del SISI en México y como referente en el ámbito internacional justifica con creces que su operación quede en manos del IFAI por la suma de oportunidades de esta herramienta para México y el extranjero y porque, con todas sus limitaciones, el IFAI tiene rasgos de autonomía legal que la SFP carece. Y este hecho genera, por supuesto, credibilidad inicial.
Habrá que hacer votos para que Eduardo Romero sea congruente consigo mismo y ceda las riendas del SISI al IFAI. Hoy se ha llegado el momento en que es cada vez más costoso que el SISI permanezca en el área de influencia de la SFP, tomando en cuenta que cada vez más sujetos obligados quieren aprovechar el sistema para facilitar el derecho a saber.
En todo caso, Eduardo Romero tiene la última palabra para adoptar una decisión de importancia capital: contar con un sistema que funciona bien, pero sólo para la Administración Pública Federal, o cederlo al IFAI para que, aprovechando, por ejemplo, la existencia de la recientemente constituida Conferencia Mexicana para el Derecho a la Información, se pueda construir un sistema verdaderamente nacional que haga del derecho de acceso a la información pública una realidad concreta a lo largo y a lo ancho del país.
