Buscan garantizar el pago de 43 mil 339 pesos, por sueldos
Momentos de tensión, e incluso conato de enfrentamiento físico, se generaron ayer por la mañana en las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, cuando un actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje acudió a ejecutar el embargo de bienes muebles, dictado en laudo, para garantizar el pago de 43 mil 339 pesos, por sueldos no devengados por Zacarías de la Cruz Calleros, quien promovió el juicio laboral por incumplimiento en sus percepciones cuando actuó como empleado del PRD.
Alrededor de las 11:30 horas, el actuario de la Junta de Conciliación, Roberto Contreras Andrade, llegó a las céntricas oficinas del PRD, e hizo entrega de una copia de la sentencia que emitió la Junta de Conciliación, firmada por la presidenta Ana Berta Adame García, mediante la cual sentenciaba al partido a cubrir los 43 mil 339 pesos en favor de Zacarías de la Cruz Calleros por sueldos no devengados, según la denuncia que el afectado interpuso el 30 de marzo del 2003.
El representante del Tribunal Laboral explicó que la sentencia que emitió de manera colegiada la Junta fue con base en que el PRD no compareció a las audiencias de conciliación, ni en las posteriores que se programaron durante el juicio.
Mientras obtenía la firma de recibido por parte de la secretaria de la oficina, que no atinaba a entender lo que sucedía, llegaron un grupo de personas, encabezados por Zacarías de la Cruz y su abogado, Rafael Martínez Guerra (quien había fungido como apoderado jurídico del PRD meses atrás), y apoyaron al actuario para sacar una computadora.
Los militantes que estaban presentes en esos momentos, al ver lo que sucedía, asumieron una postura agresiva, que no evitó que Rafael Martínez y sus acompañantes sacaran la computadora. Sin embargo, el actuario de la Junta de Conciliación, al ver los ánimos encendidos, y el riesgo de enfrentamiento físico por los aventones que se registraron, optó por señalar verbalmente que en el acta se manifestaría que al encontrar resistencia para sustraer los bienes muebles que garantizaran el pago de los 43 mil 339 pesos, se optaría por recuperarlos a través de las prerrogativas económicas que mensualmente recibe el partido.
El licenciado Contreras subió a la camioneta de procedencia extranjera, regularizada, con plazas FXA 3914, en que iban Rafael Martínez y Zacarías de la Cruz, no sin antes ser objeto de empellones por parte de los militantes perredistas que se apostaron en la puerta de entrada para evitar que sustrajeran más bienes.
Cecilio Lerreta, responsable de prensa, quien llegó minutos después del embargo, atribuyó la responsabilidad del acto a Rafael Martínez, a quien acuso de denigrar la profesión de abogado, por no actuar con ética, ya que recordó que antes fungió como representante jurídico del PRD, y ahora lo hacía en contra del mismo.
José Posadas, quien arribó posteriormente, afirmó que Zacarías de la Cruz nunca fue empleado del PRD, sino que fue dirigente municipal de ese partido en Mezquital, pero que no era una relación laboral. Enfatizó que el PRD no era una empresa, ni menos una agencia de colocaciones, y atribuyó el hecho en contra del patrimonio perredista, a “manos oscuras” que siempre estuvieron en contra de la coalición.
Dijo que los únicos empleados que tenía el PRD eran un velador, un encargado de la limpieza y la secretaria. Anunció que se denunciaría el hecho ante el Comité Ejecutivo Nacional para que se realicen las investigaciones correspondientes, ya que existen otras nueve demandas laborales que, según dijo, tienen su origen en intereses contrarios a la actual dirigencia perredista.
OPINIÓN
Califican acciones de saqueo
El diputado Blas Rafael Palacios lamentó que, por “política sucia”, el Partido de la Revolución Democrática sea saqueado en sus bienes. Aclaró que una cosa es la disputa política por la dirigencia del partido, pero otra que se afecte el patrimonio del instituto.
Exhortó a todos los grupos y corrientes que hay al interior del PRD para que “cierren filas”, y eviten que se continúe con el saqueo del bienes del partido. Negó que Rafael Martínez, quien encabezó el embargo, trabaje para él. Admitió que cuando aquél salió de la dirigencia estatal perredista, efectivamente, le dio cabida en su cuerpo de asesores, pero que por los conflictos que generó, desde noviembre del 2003, ya no está.
Se pronunció porque se investigue a fondo, ya que al menos se debe aclarar ante los tribunales laborales que Zacarías de la Cruz nunca fue empleado del PRD, y evitar que se llegue a los extremos en las otras nueve denuncias laborales que hay en contra del partido.
