El titular de la Entidad Auditoría Superior del Estado, Daniel Rueda, informó que se han emitido 62 sanciones a igual número de funcionarios públicos por no presentar en tiempo sus declaraciones de bienes patrimoniales.
Las sanciones serán de 100 salarios mínimos (alrededor de cuatro mil 200 pesos), según lo explicó el propio funcionario, los cuales serán recaudados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que tendrán que pagar por no cumplir el trámite ante el organismo.
Daniel Rueda indicó que esta cantidad de servidores públicos es relativamente baja en comparación con el padrón con el que se cuenta de los funcionarios tanto de primer nivel como de los municipios, que oscila entre dos mil 900 y tres mil 100.
Recalcó que hasta el cierre de este año sólo se han girado los oficios correspondientes, por lo que era difícil precisar qué nivel ha incurrido en esta falta, ya que es un padrón amplio que se actualiza constantemente.
Apuntó que la declaración de bienes patrimoniales es una obligación por parte de los nuevos funcionarios, así como de los ex funcionarios al término de su gestión o de su función dentro del Gobierno.
Por otra parte, precisó que estos documentos son confidenciales, y sólo podrán darse a conocer si el Congreso lo aprueba o si se requiere para una investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Afirmó que para el efecto del Reglamento y la Ley de Acceso a la Información estos documentos son clasificados como sensibles, ya que, al hacerlos públicos, puede correr peligro la seguridad de los funcionarios.
Cabe recordar que de los funcionarios de primer nivel sólo los siete diputados locales del Partido Acción Nacional hicieron pública su declaración de bienes, quienes entregaron al inicio de la Legislatura, ante los medios de comunicación, la documentación correspondiente en la sede de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.
Numeralia
62
funcionarios
fueron sancionados por la Entidad
de Auditoría Superior del estado
100
salarios mínimos
fue la multa para quienes no
entregaron su declaración de bienes patrimoniales
