México, (EFE).- El nuevo año comienza mal para quienes fumen en la capital mexicana, ya que si lo hacen en lugares prohibidos podrán ser detenidos durante 36 horas, según la Ley de Protección a la Salud.
Desde el comienzo de 2004, los restaurantes, bares y cafeterías estarán obligados por ley a prohibir que se fume en al menos el 30 por ciento de sus espacios, y también estará prohibido echar humo en el transporte público y otros lugares cerrados.
Con 55 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra, los diputados locales modificaron 30 artículos de una ley que en abril pasado había vetado el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Una vez que la ley entre en vigor estará prohibido fumar en oficinas públicas, pistas de baile, oficinas bancarias, comerciales o de servicio, bibliotecas, hemerotecas, museos, instalaciones deportivas y centros de educación.
También estará prohibido fumar en hospitales, clínicas, centros de salud, cines, teatros, auditorios y sistemas de transporte, aunque en la primera infracción el arresto de 36 horas podrá ser conmutado por el pago de una multa.
Asimismo se prohibirá a los menores de 18 años el ingreso a las zonas de fumadores de establecimientos comerciales, a menos que estén acompañados de una persona mayor de edad.
Las personas que violen las disposiciones de este ordenamiento se harán acreedoras a multas equivalentes a 10 días de salario mínimo (unos 43 dólares) y en el caso de los establecimientos mercantiles la multa será de 100 días (430 dólares). En cualquier medio de transporte, la multa será de 20 días de salario mínimo (unos 86 dólares).
Para quienes reincidan en el delito las penas se duplicarán y para quienes insistan en reincidir las penas serán más duras.
Por ejemplo, si se trata de un negocio se clausurará, si es en el transporte se retirará la concesión y a la persona se le arrestará durante 36 horas sin derecho a conmutar el castigo.
Los jueces cívicos serán los responsables de vigilar que no se fume en lugares prohibidos y también estarán facultados para presentar la denuncia ante la Secretaría de Seguridad Pública.
