Las encuestas se han convertido en parte de nuestra cultura política. Más allá de las controversias que generan es innegable hoy en día la importancia que han adquirido para medir el pulso de una contienda electoral.
Sus resultados trascienden el ámbito estratégico de los partidos y sus candidatos para convertirse en un asunto de interés colectivo, de allí que es necesaria una atención particular sobre sus prácticas, metodologías y difusión.
Lamentablemente, la publicación de resultados de encuestas con fines de propaganda política ha dado ocasión a prácticas deleznables que en nada favorecen a los intereses de la ciudadanía. Estas prácticas van desde la publicación amañada con claros fines de manipulación de los resultados de una encuesta, hasta el fraude que supone la total invención y difusión de resultados de sondeos que nunca se realizaron, avalados por membretes de empresas que no existen y que, por supuesto, nadie conoce.
El propósito de estas maniobras no puede ser otro que el de favorecer a un determinado candidato en una contienda electoral y por lo tanto no es difícil suponer de dónde vienen estos intentos. La difusión de resultados de encuestas supone corresponsabilidad entre partidos, medios y empresas encuestadoras; corresponsabilidad que debería converger en comunicar correctamente el significado de los resultados de una encuesta.
En la práctica, lo que se ha observado es que partidos y candidatos, atentos siempre a las recomendaciones de sus estrategas, difunden los resultados de los sondeos de opinión cuando les son favorables y no pocas veces los presentan con cierta dosis de manipulación, exagerando, por ejemplo, las escalas, para mostrar visualmente una gran diferencia entre su candidato y el opositor, cuando realmente se encuentran dentro del margen de error.
Por su parte, los medios, salvo algunas excepciones, no cuentan con personal calificado en el terreno de las encuestas, por lo que es común que se interpreten inadecuadamente y que su publicación omita aspectos metodológicos de patrocinio fundamentales para valorar correctamente los resultados.
Pero quizás lo más dañino sea la ausencia de criterios para difundir a través de inserciones pagadas los resultados de sondeos de dudosa procedencia, lo que ha atizado la guerra de encuestas en épocas de campaña y dejado la puerta abierta para que de manera impune se pretenda manipular a la ciudadanía para su difusión.
So pretexto de esta situación, en algunos estados los intentos por regular la realización y difusión de encuestas electorales no se han hecho esperar, resultando totalmente contraproducentes. Como suele suceder, la reglamentación ha dado pie a la aparición de encuestas apócrifas, al imponer nuevas condiciones a las empresas encuestadoras formalmente establecidas que van desde fianzas millonarias hasta imponer criterios metodológicos, pasando por burocráticos procesos administrativos para obtener las autorizaciones.
Lo anterior ocurre a pesar de que la autorregulación en el terreno de las encuestas es una práctica vigente en nuestro país, promovida por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, que obliga a sus agremiados a certificarse con la norma de calidad que para tal efecto dispusieron.
La realización de encuestas dista mucho de ser una ciencia exacta como en ocasiones se le quiere ver. Esto implica que no necesariamente arrojarán resultados similares aun midiendo al mismo tiempo el mismo fenómeno, pues existen fuentes de error muestral y no muestral que influyen en sus resultados, así como procedimientos operativos y metodológicos que varían de empresa a empresa. En consecuencia, la realización de encuestas es, en sí misma, una actividad en donde el debate técnico al margen de cualquier consideración política, siempre dará pie a la controversia.
