La existencia en México de autos ilegales es muy vieja. Cada vez que el problema alcanza una masa crítica, que normalmente ocurre en la proximidad de un proceso electoral, los legisladores en turno son muy afectos a emitir leyes que regularicen estos vehículos. Por ello no debe sorprendernos que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados analice una iniciativa, que de ser aprobada, legalizará a partir del primero de enero de 2005 alrededor de un millón y medio de vehículos ?chuecos? con la promesa de que, ahora sí, ésta sería la última regularización.
Las justificaciones para tal acción son siempre parecidas. Por ejemplo, Eduardo Bailey, coordinador de los legisladores federales del PRI por Nuevo León, repitió argumentos esgrimidos en regularizaciones previas al señalar que la legalización es necesaria por cuestiones de orden, seguridad y para dar certidumbre al patrimonio de quienes emplean vehículos ilegales como herramienta de trabajo. Como sus antecesores, este diputado y los que piensan como él contribuyen con esa actitud a que en nuestro país no se respeten las leyes y el estado de derecho, ya que siempre puede haber alguna justificación para violarlas.
En esta ocasión algunos funcionarios públicos y diputados federales se han manifestado en contra de esa regularización, pero lamentablemente lo hacen más por sus efectos sobre la vialidad y la contaminación, que por principios de legalidad y derecho. Esos autos, sin embargo, ya están en el país, por lo que sus efectos sobre la vialidad y la contaminación ya se sienten en las localidades donde transitan.
Las regularizaciones recurrentes son una invitación a la entrada de más autos ilegales en el futuro. Las amenazas de vigilancia y decomiso son, por su naturaleza, irrisorias. Los legisladores afirman que habrá mecanismos legales y castigos severos para evitar que se vuelva a repetir. Sin embargo, esas promesas nunca se cumplen y tampoco hay motivo para creerlas.
La regularización sería exitosa si el gobierno pudiera convencer a la gente de que no habría otra en el futuro. Lamentablemente, los programas de regularización generan expectativas de amnistías futuras. Los mexicanos ya aprendimos que si una regularización fue atractiva para el gobierno o los partidos políticos, volverá a ocurrir. La iniciativa de ley en el Congreso viene a confirmar esta apreciación. Esto hace que el público no tema a los castigos por introducir autos ilegales al país. Saben que si lo hacen, la autoridad lo tolerará y eventualmente ofrecerá mecanismos para regularizarlos.
La solución económica al problema recurrente de los autos ilegales, así como al contrabando de otras mercancías es sencilla. La mayoría de los economistas concuerda en que el libre comercio es benéfico para un país. En este sentido, la apertura total a la importación de autos y todo tipo de bienes es la receta económica apropiada. Se trata, entonces, de permitir a todos los mexicanos la importación de autos nuevos y usados, ropa nueva y usada, productos agrícolas, y otros bienes que en la actualidad tienen barreras a la importación.
Si bien esa es la solución económica, tenemos que reconocer que por diversas razones existe una prohibición legal a la internación de vehículos usados, ropa usada, y otras mercancías. Mientras eso no se modifique, hay que aplicar la ley por igual, a todos los mexicanos, sin importar su condición social, origen étnico, o nivel económico. El corolario natural en un país donde impera el estado de derecho sería el decomiso de los autos ilegales. Sin embargo, el resultado final en nuestro caso será, como en muchas otras ocasiones, la tolerancia pasiva o la aprobación de la iniciativa de ley que llevará nuevamente a la regularización de los ?chocolates?.
La lógica económica de esta conclusión se aprecia al evaluar los beneficios y costos para las partes involucradas. Por ejemplo, la iniciativa de regularización contempla una fase de decomisos de autos no legalizados a cargo de Estados y Municipios. Por un lado, para las autoridades los beneficios de aplicar la ley son difusos y poco tangibles, mientras que los costos de los decomisos incluyen el personal dedicado a recoger dichos autos, el peligro de enfrentamiento social, y la pérdida de votos en las elecciones del año 2006.
Los dueños de los autos ilegales, por su parte, intuyen que la probabilidad de decomiso es sumamente baja. Saben también que en el caso de ser víctimas del decomiso, pueden ?arreglarse? con los representantes oficiales. Si ello no funciona, siempre está el recurso de la protesta colectiva, que como lo demuestra la experiencia, acaba por doblegar a las autoridades.
El costo esperado de poseer un auto ilegal es, por tanto, mucho menor al beneficio de seguir disfrutando un vehículo que no paga impuestos. En esas condiciones, no hay incentivo para dejar de internar autos ilegales al país, aún después de la regularización y de las instancias que diseñen los legisladores y los municipios para detener a los infractores.
Está todavía por verse si la iniciativa se aprueba en el Congreso. Considero, sin embargo, que es muy probable que los legisladores legalicen por enésima ocasión lo ilegal, puesto que ningún partido político querrá perder votos en la contienda electoral de 2006.
La aplicación de las leyes es un incentivo para que la gente las tome en serio. La regularización equivale, en realidad, a ignorarlas por un rato. El mensaje para el resto de los ciudadanos es deplorable, por que tiene su origen en el Congreso, lo que llevará a que la gente incumpla o cuestione todo tipo de leyes y se debilite nuestro ya de por sí endeble estado de derecho.
