Intentan evitar que se hagan públicas las sesiones en donde se decidieron asuntos relativos al Fobaproa.
MÉXICO, DF.- La Banca inició una rebelión jurídica para evitar que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) difunda actas de sesiones donde se resolvieron temas relacionados al Fobaproa.
Al menos diez bancos promovieron, entre el 24 de junio y el dos de julio, igual número de amparos contra el IFAI.
En marzo pasado el IFAI le dio al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) un plazo de 45 días hábiles para entregar versiones públicas de las sesiones de su junta de Gobierno donde se discutió el rescate bancario.
Es la primera vez en los últimos años que la banca mexicana se embarca en un litigio conjunto de tal magnitud. El único antecedente cercano es el amparo que Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC y Banorte presentaron hace dos años para frenar nuevas auditorías al Fobaproa.
En este nuevo caso, de los seis bancos comerciales más importantes del país, el único que no ha presentado una demanda es Banorte, de acuerdo con un informe oficial.
El IPAB indirectamente también pidió el amparo a través de los bancos Unión y Obrero, que están en quiebra y por Cremi, Pronorte e Interestatal, en estado de liquidación, pues estas instituciones son administradas por el instituto.
El IFAI es el órgano encargado de ejecutar la Ley Federal de Transparencia en el Poder Ejecutivo y tiene la facultad de revocar las negativas de acceso a la información de cualquier autoridad. El IPAB no puede ampararse contra sus resoluciones -lo intentó el año pasado y fue rechazado por los tribunales-, pero los bancos en su calidad de particulares sí tienen ese derecho.
Nueve jueces federales en materia administrativa admitieron las demandas, pero han tenido criterios encontrados.
Cinco de ellos otorgaron suspensiones para el efecto de que ni el IPAB ni los bancos entreguen la información mientras se resuelven los juicios -lo que podría tomar más de un año-, pero cuatro negaron dichas suspensiones, lo que permitiría que se concrete la entrega de los documentos.
Si las contradicciones continúan en los tribunales colegiados de circuito, será necesaria la intervención de la Suprema Corte.
“Este instituto tiene la obligación de no proporcionar información y/o documentación relacionada con el Fobaproa, toda vez que ésta se encuentra protegida por el secreto fiduciario establecido en el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito”, respondió el IPAB en noviembre de 2003, cuando negó una solicitud de Mario di Costanzo, asesor del PRD.
El IFAI revocó esta negativa y ordenó entregar “versiones públicas” de las actas, en las que el IPAB deberá suprimir datos personales confidenciales e información sobre el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, una de las vertientes del Fobaproa.
Los amparos de los bancos se presentan justo cuando el IFAI se dispone a publicar lineamientos para transparentar las operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales que involucren el manejo de recursos públicos federales.
