El gobernador Enrique Martínez y Martínez ha dicho que consultará al pueblo de Coahuila si debe participar o no en la carrera por la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República. La decisión deviene sensata y expresa respeto ante la ciudadanía que hace cuatro años lo eligió para ser gobernador del Estado; un hecho insólito pues desde 1918 hasta 1993, los aspirantes a gobernar Coahuila sólo necesitaron tener para el mismo fin la anuencia personal de quien encarnara el poder superior en la República.
El Siglo XX no se acreditó precisamente como escenario democrático; sin embargo, nadie podría decir que fue un tiempo perdido. El desarrollo económico de México tuvo lugar con esfuerzos y altibajos a partir de 1920: el territorio nacional, que había sido comunicado durante el porfirismo por el ferrocarril, amplió sus posibilidades de progreso con la construcción de una importante red nacional de carreteras, de grandes presas hidráulicas generadoras de energía eléctrica, de hospitales y servicios de salud pública, de un amplio sistema educativo que en pocos años cubrió toda la superficie de la República. Las ciudades se modernizaron y crecieron al ritmo en que la industria nacional creaba empleos e incrementaba el Producto Nacional Bruto, apoyada por la Comisión Federal de Electricidad, la banca de desarrollo, los bancos de crédito, ahorro y depósito, un incesante tráfico comercial interior y exterior y la básica industria básica nacional, Petróleos Mexicanos.
Mientras esto sucedía en el campo del desarrollo económico, México experimentaba avances importantes en las artes y la cultura en general; nacían universidades públicas y privadas, así como escuelas tecnológicas, en cada uno de los estados de la República; la industria cinematográfica nos ponía en el mapa mundial del séptimo arte, se fomentaba el turismo como actividad sustentable de la economía y las entidades federativas impulsaban su propio campo de actividades de acuerdo a sus vocación económica, a sus recursos naturales y al empuje social de sus habitantes.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) conocido como el partido oficial, también veía crecer a su militancia y simpatizantes. Pertenecer al PRI era un paso obligado para quienes tenían aspiraciones políticas, pues su hegemonía política se valoraba y reconocía como factor de estabilidad en el país. Parecía existir un acuerdo tácito entre el PRI y los votantes: si aquel se encargaba de mantener la tranquilidad en la República y propiciar las condiciones económicas necesarias para el progreso de los ciudadanos, estos aportarían apoyo y opinión favorable al Gobierno y sufragio electoral al partido. Pacto sui géneris, pues la sociedad gozaba de libertad en todos sentidos, menos en el político; así que, mientras hubiera garantías y respaldo para el trabajo, la democracia electoral parecía intrascendente. Pero la sociedad mexicana se tornó compleja al crecer, los medios de comunicación electrónica la acercaron a los países de consumada cultura democrática y la educación de las nuevas generaciones de profesionistas las hizo aspirar a una mayor participación política: los años sesentas fueron escenario de manifestaciones estudiantiles en los países desarrollados, los estudiantes universitarios y tecnológicos demandaban una sociedad más justa, gobiernos más democráticos y mayores oportunidades políticas para todas las tendencias ideológicas. Vino el conflicto del 68 y la trágica respuesta de un sistema político hegemónico que no alcanzó a comprender la necesidad de un cambio pacífico y se impuso con violencia. ¿Decenas, cientos, miles de cadáveres? No se supo cuántos, pero la sociedad lloró y operó a favor de una evolución política que finalmente tuvo tranquila realización con el padrinazgo de los últimos presidentes del país, emanados del propio PRI.
Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila en 1913, cuando el asesinato de don Francisco I. Madero. Ambos fueron los dos últimos presidentes de la República nacidos en Coahuila. A la muerte violenta del segundo, los actores políticos revolucionarios se conjuraron virtualmente para impedir el nacimiento y desarrollo de una emergente personalidad política coahuilense con posibilidades presidenciales, que nunca surgió por cierto.
Pero vivimos otros días. En 1999 fuimos protagonistas de una de las primeras elecciones estatales verdaderamente libres, pacíficas y legales: la de Enrique Martínez y Martínez. Fue tan definida la diferencia de votos a su favor que sus opositores reconocieron su triunfo en las urnas. Hoy, después de casi cinco años de buen gobierno, el mandatario coahuilense está dispuesto a luchar por un nuevo reto en su vida política: la Presidencia de la República.
Hay otros precandidatos en la misma lucha. Si ellos se ajustan a los procedimientos democráticos de la nueva situación política nacional, Enrique cuenta con iguales o mayores posibilidades que los otros aspirantes. Existen en el país condiciones sociales y políticas para lograrlo. Si el PRI abre la elección de candidato presidencial y respeta la decisión de la mayoría militante, quizás dentro de un año podríamos ver a nuestro actual gobernador en la cresta de la ola política. Lo deseamos, para bien de nuestro Estado.
