Dice que nadie debe sentirse difamado por sus declaraciones, mismas que emitió ante su temor por la vida de Ponce.
30 de abril 2004.
México,(Nortimex y SUN-AEE ).- La consejera jurídica y de servicios legales del gobierno capitalino, Estela Ríos González, entregó hoy a la PGR la declaración por escrito de Andrés Manuel López Obrador sobre la averiguación previa que inició la dependencia por difamación y calumnia relacionada con el paradero de Gustavo Ponce Meléndez.
Entrevistada a su salida de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, la funcionaria local señaló que el testimonio del jefe de gobierno es en calidad de testigo.
Manifestó que el Ejecutivo local ratifica en dicho documento su hipótesis de que el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal se encuentra privado ilegalmente de la libertad y que su vida corre peligro.
La explicación escrita se integrará a la averiguación previa número 38/UEIDCSPCAJ/2004 que inició la Procuraduría General de la República (PGR) para deslindar responsabilidades sobre estas aseveraciones.
Ríos González reiteró que la declaración de López Obrador es sólo de lo que él tiene conocimiento y en ningún momento respondió preguntas formuladas por el Ministerio Público de la Federación.
La funcionaria permaneció en el inmueble de la PGR por escasos siete minutos y se retiró del lugar después de entregar un folder con el documento firmado por el mandatario local.
AMLO, reitera que los escándalos de corrupción en su administración forman parte de un complot en contra de su gobierno y de su persona.
"Está probado que en esta confabulación tuvieron que ver Carlos Salinas, Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, los abogados Antonio y Juan Collado, la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Hacienda", indica.
Ahora bien, dice, sí existió un complot y es obvio que la Secretaría de Hacienda tenía información sobre una operación inusual de Ponce y de su esposa desde el 17 de agosto del 2003; si se le estaba investigando y si esta dependencia había recibido un informe del Departamento del Tesoro, nadie debe sentirse calumniado o difamado porque no se actuó a tiempo.
