Se desarman mil 585 guerrilleros del Bloque Catatumbo de las UAC.
EL PAÍS
TIBÚ, COLOMBIA.- Salvatore Mancuso, un hombre alto y fornido hijo de inmigrantes italianos que asumió las riendas de los paramilitares desde la desaparición de Carlos Castaño en abril pasado, entregó su pistola nueve milímetros al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo.
Detrás de él lo hizo Camilo “comandante” del Bloque Catatumbo y los mil 585 hombres y mujeres con los que impuso su Ley en estas tierras selváticas ricas en petróleo en la frontera con Venezuela.
El acto de desmovilización se realizó ayer viernes en una finca de este caserío de apenas una calle. Las carpas blancas colocadas en el campo para albergar a los desmovilizados le daban la apariencia de un campo de refugiados.
En la víspera del acto, Mancuso, con su uniforme militar impecable, dijo a los periodistas: “No tengo marcha atrás”. En su discurso pidió perdón a Colombia y a sus hijos por el dolor y sufrimiento causados durante los años que estuvo en la guerrilla de extrema derecha.
La desmovilización de ayer es la más grande en la historia de este país y hace parte de la desarticulación, a cuentagotas, de estos grupos antiguerrilleros pactados dentro del proceso de paz iniciado con el Gobierno oficialmente en julio pasado.
El Bloque Catatumbo era, según los expertos, uno de los más poderosos y sanguinarios de los que conforman las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El comandante Mauro, un ex militar como Camilo y su segundo al mando, corrige la afirmación de “éramos el bloque más combatiente”. Se siente orgulloso de haber “cumplido su misión”, aunque acepta que en la “guerra se cometen errores”.
El temor es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN, que continúan en la región, le cobren ahora a la población civil el haber convivido con su enemigo. Aquí, en el llamado Campo Dos, los paramilitares armaron en mayo de 1999 uno de sus campamentos para iniciar la avanzada de pacificación del Catatumbo, que como todas sus acciones fue un baño de sangre.
En agosto pasado, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó al Ministerio de Defensa pagar una cifra millonaria a una parte de las víctimas, pues consideró que el Ejército colombiano no hizo nada para evitar una masacre, anunciada de antemano y con desfachatez por el entonces comandante paramilitar Carlos Castaño. “Entré con 205 hombres y entrego mil 585”, dijo Camilo a los periodistas. Y explicó que este aumento de tropa se logró gracias al impuesto de gramaje cobrado a los compradores de coca. El Catatumbo llegó a tener 30 mil hectáreas de este cultivo ilegal. Según Camilo, hoy hay apenas tres mil 800 hectáreas.
La influencia del Bloque Catatumbo llega hasta Cúcuta, la capital departamental. Allí controlaron todos los negocios ilegales, incluido el contrabando de gasolina venezolana. Es tanto su poder que el alcalde está detenido por apoyarlos.
“La desmovilización de Mancuso es el comienzo del fin de los grupos paramilitares”, comentó Juan Rubini, un administrador de empresas argentino de descendencia italiana asesor del comandante. Mancuso, que ayer lució por última vez un uniforme militar y llevó su pistola amarrada por debajo de su rodilla derecha, dejó de tener mando sobre tropa pero continuará siendo el portavoz de los diálogos con el Gobierno.
Él, Camilo, Mauro y 150 hombres de la tropa viajarán a Santa Fe de Ralito, el caserío de la zona Caribe que sirve de escenario de los diálogos y donde se están concentrando los paramilitares desmovilizados acusados de crímenes graves en espera de un marco jurídico que les dé salida legal.
La seguridad de Mancuso, a partir de ahora, estará en manos de una empresa privada. Mancuso se declaró ayer “dispuesto” a viajar a ese país a explicar su conducta.
El jefe paramilitar así lo señaló ayer a los periodistas, pero condicionó esa comparecencia voluntaria “en el marco” de las negociaciones de las AUC con el Gobierno colombiano.
La negociación para desmovilizar a las Autodefensas comenzó hace unos dos años en medio de muchas dudas. En 2003, se desarmaron los primeros 850 paramilitares y a fin de año deben hacerlo otros tres mil, incluidos los del Bloque Catatumbo.
El compromiso con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe es desmontar a fines de 2005, un Ejército irregular de más de 13 mil miembros, que nació de manos de ganaderos y ex militares que se armaron para frenar a las guerrillas en sus campañas de secuestros y extorsiones.
