Pasado mañana se cumplen cuatro años de un accidente ambiental causante de daños que no han sido remediados, ni sancionada la empresa donde se produjo la grave afectación. El 12 de septiembre de 2000 ocurrieron dos estallidos en la planta de Tekchem, productora de plaguicidas en Salamanca.
Tras las explosiones se levantaron sendas nubes que se desplazaron una hacia Valle de Santiago y otra hacia Irapuato. Ante el riesgo de que se tratara de gases tóxicos, unas 70 mil personas fueron desplazadas de sus hogares, pero antes de 24 horas se permitió el regreso de un buen número de ellas, aunque no había concluido la emergencia.
Salvo esa inmediata intervención de la autoridad, cuatro años han transcurrido como si nada ocurriera en aquella fecha. Ni siquiera se sabe bien a bien, públicamente, la causa del accidente y no se han determinado con precisión la naturaleza y magnitud de los daños. Se efectuó una auditoría ambiental, entregada tres meses después del grave percance, pero sus resultados no los conoció la comunidad afectada, varios de cuyos integrantes han constituido una asociación civil llamada Dedicación al medio ambiente y mejoramiento ecológico, Dame, que ha hecho un balance de la actitud y las acciones de diversas autoridades, balance que no puede ser más lamentable.
Por eso importa tener presente lo ocurrido, que se erigió en ejemplo de cómo no deben enfrentarse los accidentes ambientales. Cobijada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la planta nunca dejó de operar, aunque se simuló un paro técnico. En vez de clausurar la fábrica o al menos las zonas donde se incubó el accidente, la Procuraduría extendió a la empresa una virtual exoneración, comprensible desde el punto de vista productivo pero no desde el ángulo de los derechos humanos.
Tekchem fue autorizada a operar “hasta que se consuman los materiales existentes, lleguen los que estén en tránsito y se agoten los que se tengan que comprar para hacer las mezclas”. La empresa pareció interesada en enfrentar sus responsabilidades con la comunidad.
Se realizaron visitas domiciliarias y una ambulancia recorrió la zona durante unos días. Pero la preocupación cesó al amparo de una declaratoria de la Jurisdicción sanitaria V, que a una semana del accidente determinó, quién sabe con qué elementos, que no era preciso un seguimiento epidemiológico, puesto que el momento agudo había pasado. Aunque después la Profepa formuló recomendaciones sobre la salud de los afectados, ninguna acción respondió a ellas. El 14 de junio de 2001 fue presentada una denuncia ante la fiscalía especializada en delitos ambientales, de la PGR. Dos años después, se notificó a Dame que el expediente estaba a punto de ser cerrado, al practicarse la consulta de no ejercicio de la acción penal.
La asociación civil se inconformó con tal determinación en octubre pasado, hace casi un año y desde entonces ignora el estado de la cuestión. Semejante dejadez se percibe en el caso de la Comisión Nacional del Agua. El cinco de junio de 2001 se le solicitó iniciar procedimiento de inspección y vigilancia. El 22 de agosto la Gerencia estatal de la CNA dijo haber realizado visita de inspección y vigilancia, pero no dio cuenta del resultado de esa acción. Por eso, la planta de Tekchem continúa arrojando sus desechos industriales líquidos al río Lerma, si bien ya no lo hace al arroyo denominado Feo, que también descarga en aquel río.
Un informe técnico sobre el accidente y su control concluye que, “conforme a la información disponible, la magnitud de este accidente fue mayor de lo que las autoridades y la empresa han querido reconocer hasta el momento... No se hizo un censo de los vecinos más afectados por el accidente, ni de los hospitalizados, ni se les dio en algún momento la atención de salud que requerían. “En general, el control del accidente: a) No fue adecuado. b) No hubo una coordinación correcta durante él. c) No hubo seguimiento ni coordinación posterior a él. d) Se evacuó a las personas hacia la zona a donde se dirigió la segunda nube. e) Se les regresó a sus casas antes de que la emergencia se diera oficialmente por terminada y antes también de que cesaran por completo las actividades de control; f) No existe en Salamanca y muy probablemente tampoco en Guanajuato, un plan de protección civil que esté al nivel de las necesidades de esa zona”.
Se concluye también que “los afectados sufren actualmente de una diversidad de síntomas que no tenían antes del accidente y que, por lo tanto, pueden ser atribuidos a la exposición a la sustancia o sustancias derivadas de éste. Al respecto, es posible que la intención del sector salud, al hacer un estudio superficial y declarar que no era necesario un seguimiento epidemiológico haya sido reducir la posibilidad de que se detectaran daños graves y desestimular al máximo las quejas de los afectados”. Dedicada a la producción de plaguicidas organofosforados como malatión (en cuya elaboración probablemente ocurrieron los estallidos de 2000), paratión metílico y memidofos, la planta en Salamanca fue durante años de Fertimex.
Al ser privatizada esta empresa pública, la fábrica salmantina fue adquirida por Velpol, que luego la transfirió a Tekchem. En sus terrenos existen unas 80 mil toneladas de desechos peligrosos, herencia de la empresa estatal. Un antecedente: El 22 de mayo de 1998 un gas fétido procedente de Tekchem irritó los oídos y garganta de 557 escolares de un plantel cercano.
