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Envía México nota de molestia a Cuba

Considera la Cancillería que las declaraciones del gobierno de la isla sobre tintes políticos en el caso Ahumada, están fuera de lugar.

29 de abril 2004.

México, 29 abr (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de México envió hoy una nota diplomática a La Habana para expresar su malestar por los comentarios hechos por la Cancillería cubana cuando ayer anunció la deportación del empresario Carlos Ahumada Kurtz.

Para el Gobierno mexicano, "resultan inadmisibles las aseveraciones relativas a que 'los hechos relacionados con el señor Ahumada Kurtz y el escándalo público desatado en torno a ellos tienen una incuestionable connotación política'".

Dichas afirmaciones están contenidas en el comunicado emitido ayer por la Cancillería cubana.

Las autoridades mexicanas afirmaron que "insinuar" que la solicitud mexicana de extradición "es parte de un escándalo, constituye un juicio de valor sobre un asunto interno de México".

Ello "es claramente discordante con los principios internacionales que rigen la sana convivencia entre las naciones", agregó la Cancillería.

El empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada, acusado en México de fraude y corrupción, llegó a Cuba como turista el pasado 27 de febrero, fue detenido en La Habana el 30 de marzo, puesto en prisión provisional el 5 de abril y finalmente fue deportado ayer.

Pero la entrega del empresario, bautizado en México como "El Señor de los Sobornos", motivó ayer mismo un cruce de declaraciones entre México y La Habana.

Además de recordar que México no había solicitado aún formalmente la extradición, el Ministerio cubano de Exteriores, se hizo eco de las declaraciones de Ahumada en el sentido de que la difusión de los vídeos que le implican en casos de corrupción fue "calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación".

"La investigación realizada en Cuba demuestra que los hechos relacionados con el señor Ahumada Kurtz y el escándalo público desatado en torno a ellos tienen una incuestionable connotación política", decía el comunicado oficial de La Habana.

Al respecto, la Cancillería de México replicó hoy en su nota diplomática que las declaraciones hechas por el empresario a las autoridades de la isla "difieren de las que formuló a diversos medios de comunicación en México ante de su llegada a territorio cubano, sin acompañar prueba alguna que las confirme".

Además de expresar su desconcierto porque la deportación fuese comunicada antes a Interpol que a su Embajada en La Habana, el Gobierno mexicano señaló que la alusión de Cuba a que el proceso de extradición podría "ocasionar serios daños" a ese país, "no puede tener sino la intención de confundir a la opinión pública".

México apunta que más bien se debe al deseo de "justificar al interior y exterior de Cuba la determinación de suspender el proceso extraditorio -que se inició con la solicitud provisional presentada por México- para proceder con la deportación, que desde el punto de vista de la técnica jurídica es menos compleja".

La Cancillería mexicana admite que "no había presentado aún la formalización del pedimento de extradición", pero puntualizó que "el término de cuarenta días establecido en el compromiso bilateral entre México y Cuba no había fenecido".

"La fecha límite para tal formalización era el 9 de mayo en curso", recalcó.

Este es el más reciente incidente de una larga lista de desencuentros ente México y La Habana desde que el presidente Vicente Fox asumió el poder en diciembre de 2000.

El más grave se produjo cuando el presidente cubano, Fidel Castro, dio a conocer una conversación privada con Fox sostenida en víspera de la Cumbre de Naciones Unidas para la Financiación del Desarrollo, en marzo de 2002, en la que el mandatario mexicano le pedía que acortara su estancia en México y que criticara frontalmente al Gobierno de EU durante su visita.

Pero también provocó el enojo de las autoridades cubanas la decisión de Fox de votar a favor de las resoluciones presentadas en la Comisión de DDHH de la ONU, con sede en Ginebra, condenando la situación de los derechos humanos en la isla.

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