EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La próxima puesta en marcha del Centro de Orientación y Observación de Menores Infractores (COOMI) en la Comarca Lagunera, será factor importante para resolver la problemática de la región. Mientras tanto, las autoridades estatales fijaron acuerdos para que los menores implicados en un hecho delictivo, sean atendidos por el Ministerio Público y enviados a Durango en la brevedad posible.
José Miguel Castro Carrillo, secretario de Gobierno del Estado de Durango, informó que giró instrucciones al subsecretario de Prevención y Readaptación Social, Jesús Alfredo Reyes Santaella, para que actúe como comisionado especial y busque la coordinación con el subprocurador de Justicia en La Laguna, Joaquín Saucedo Flores.
El secretario de Gobierno reconoció que en materia de menores, la atención debe ser ágil, como marca la Ley y se debe cumplir con los mecanismos que permitan a los pequeños infractores, una atención adecuada, para su adaptación a la sociedad.
Por su parte, Reyes Santaella estableció contacto con Saucedo Flores y acordaron atender vía el Ministerio Público, los asuntos relacionados con los menores, buscando una conciliación o apercibimiento y en casos graves, trasladar a los señalados en la brevedad posible al COOMI.
El funcionario estatal señaló que en primera instancia no se contempla el envío de personal para que revise en exclusivo los casos de los menores, pero aseguró que con la millonaria inversión del nuevo centro en la Comarca Lagunera, se podrá actuar ampliamente en corto plazo.
Joaquín Saucedo confirmó que los agentes del Ministerio Público tienen la instrucción de integrar las averiguaciones de los menores y en el caso de asuntos graves, ponerlos a disposición del COOMI, evitando así que se violenten los derechos humanos de los niños.
Ignoraban violación
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD), envió un comunicado de prensa y lamenta los hechos donde se vieron involucrados los hermanos Gracia (no García) Quiñones de 11, 12 y 13 años, que estuvieron detenidos más de 48 años antes de ser enviados al COOMI en Durango.
En el boletín (donde no se incluye en nombre de la titular de la dependencia), se asegura que no hay registros de que menores permanezcan en celdas de la Policía Ministerial y que hay verificaciones constantes.
La declaración contradice el letrero en una de las citadas celdas que dice: “Sólo menores” y sobre las visitas de los representantes locales, no existen registros en los libros de control de accesos de la citada dependencia policíaca.
Como se informó en su oportunidad, desde las 14:20 horas del sábado ocho de mayo, los tres menores, junto con su hermano Homero de 17 años, fueron detenidos por la Policía Preventiva, acusados de robo y daños a una finca en construcción, en el fraccionamiento San Alberto.
Fue hasta el lunes diez de mayo, que los menores abandonaron la celda exclusiva de la Policía Ministerial para ser enviados a Durango. El desconocimiento de la flagrante violación por parte de la CEDHD, deja claro que en la región, los Derechos Humanos son velados de lunes a viernes y en horario de oficina.
En reiteradas ocasiones se ha manifestado que los detenidos y sus familias no cuentan con información sobre el teléfono o domicilio de la oficina local o estatal de Derechos Humanos, como ocurre en dependencias como la Procuraduría General de la República, donde están pintados en la pared de las celdas, los números a los que puede recurrir cualquier persona a disposición de las citadas autoridades.
Resuelven el martes
Será hasta el martes 18 de mayo del presente, cuando sesione nuevamente el Consejo Técnico Interdisciplinario del COOMI y se conocerá la situación jurídica y procedimiento de los hermanos Gracia Quiñones, informó Patricia Fuentes Castro, directora del COOMI.
La medida obedece a la llegada de los tres menores el lunes que dará paso a la integración de sus expedientes que se pondrán a consideración en la próxima sesión, donde se resolverá la medida que recibirán los menores que puede ser desde una amonestación, hasta el internamiento.
Consultada sobre la tendencia nacional y los señalamientos de los tratados internacionales, Patricia Fuentes señaló que es tiempo de analizar la Ley Tutelar que se aplica para los menores en Durango y revisar la propuesta de la Ley Garante, la cual deberá ser delimitada, para no afectar a los involucrados.
Preocupación
En pleno Día de las Madres, Antonia Quiñones García de 44 años, llevaba el almuerzo a sus cuatro hijos, cuando se entera que a los tres menores (de 11, 12 y 13 años) y el mayor de 17 años, los enviaron al Centro de Orientación y Observación de Menores Infractores (COOMI) y al Centro de Readaptación Social, respectivamente.
“Tengo testigos, ellos no fueron, ellos (los tres menores) andaban en un basurero de una señora. La señora me preguntó: ‘¿siempre se los llevaron?’ y dijo, ‘pero si yo oí a los polis que dijeron, los vamos a llevar a su casa, porque la bolsa (con el material eléctrico) que tenían los polis, los niños no la traían’ ”.
Dentro de un jacal de cartón y madera, sentada en una silla blanca de plástico, junto a una cama y acompañada de sus nietos, “Toñita” sostiene que nunca estuvo presente en la declaración de sus hijos menores y que siempre le dijeron que se los iban a entregar.
Abel Gracia Alcántar de 53 años, padre de los tres menores, afirma que los policías preventivos llegaron a su casa en la colonia Miguel de la Madrid, con sus hijos y se metieron por la fuerza para sacar a Homero de 17 años, a quien golpearon y encañonaron ante la mirada atónita de sus nietos.
“Toñita” señaló que a sus hijos les preguntaron los policías que si tenían más hermanos. “Les dijeron, ‘vamos a llevarlos a su casa’. Y aquí me sacaron al grande, para hacerla de que ellos fueron porque el grande sí podía (cargar la bolsa)”.
La pobreza reina en la casa de la familia Gracia Quiñones, el desconocimiento de la Ley es mayor, pero aún en la ignorancia, “Toñita” exigía información al Ministerio Público. “¿Quién los acusa?, ¿quién?”, era la demanda de la afligida madre que buscaba una solución para el conflicto de sus hijos.
En la Subprocuraduría de Justicia se informó que la empresa afectada es Constructora Promotora e Ingeniería (Coprinsa) y el encargado de la obra es Salvador Martínez Mejorado y el representante jurídico, Juan Alberto Wong.
La detención de los hermanos Gracia Quiñones fue a las 14:20 horas del sábado ocho de mayo, por los agentes de la unidad F196, Víctor Antonio Segovia Andrade y José de Jesús Velasco Montaña, quienes en su declaración sostuvieron que sorprendieron en flagrancia a los inculpados.
