México está sufriendo una epidemia de crímenes, en particular los deleznables secuestros. La irritación de varios sectores de la población ante la impunidad con la que ha crecido esta ola criminal motivó la convocatoria a una gran marcha el próximo domingo 27 de junio en la Capital del país. El descontento se debe a que el Estado mexicano no cumple una de sus funciones más elementales, que es la protección de las personas y sus bienes, mientras que por otra parte nuestros políticos se entretienen en tareas secundarias del estado, como la producción de energía; o peor aún, en asuntos triviales, como los complots y los pleitos de lavanderas.
El senador Bartlett, por ejemplo, encabeza una cruzada contra la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica y la producción de gas natural, pero no pone atención a los asuntos que afectan la seguridad de la ciudadanía. El señor López, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se caracteriza por desacatar los ordenamientos judiciales y por encarcelar a los que denuncian, como Carlos Ahumada, los actos de corrupción de sus colaboradores, mientras que estos siguen sueltos en las calles de la Capital.
Su desfachatez no tiene límites. El ?rayito de esperanza? consideró que esta marcha es una expresión de descontento de la ?ultra derecha?, como si con ese desdén pudiera esconder su fracaso en atender la seguridad pública y la aplicación de las leyes, tareas fundamentales de cualquier gobierno, incluyendo el que él encabeza.
El ?señor de los adjetivos? considera que debe concentrar su atención en la solución de los ?complots? de los que se dice ?víctima?, en vez de atender el reclamo de las víctimas de verdad, que ven como se arremete impunemente contra su seguridad y la de sus familias.
Esta escalada criminal no se detendrá por sí sola ni con gobernantes ?indestructibles?. Es una vergüenza que muchos delitos no se denuncien porque están involucrados los mismos ?guardianes? del orden. Los reportes de los crímenes son pocos por la notoria corrupción de nuestras fuerzas policíacas, cuya lamentable reputación se exhibe en la película ?Hombre en llamas? (Man on Fire) que próximamente se estrenará en México. Es sorprendente, por tanto, la pasividad de nuestras autoridades y, en especial, de los legisladores federales y estatales, ante tantas muestras de inseguridad en el país.
La gravedad de los delitos seguirá en ascenso hasta que algún gobierno tenga la voluntad de escuchar los reclamos de la población y atienda las enseñanzas de la ciencia económica en esta materia, así como la valentía de ponerlas en práctica.
Lo que más distingue a la economía de otras ciencias sociales no es la materia de estudio sino su enfoque. Gary Becker, premio Nóbel de economía, fue el pionero en usar el enfoque económico para entender el comportamiento humano en la actividad criminal. Este enfoque comienza con un supuesto muy simple: los criminales son racionales y responden a los incentivos, en ocasiones a algunos más que otros. Un secuestrador priva de la libertad a una persona porque encuentra dicha profesión económicamente atractiva.
La ciencia económica demostró hace décadas que los delitos de todo tipo se reducen cuando se hace el castigo más cierto y severo. Por consiguiente, las leyes, las policías y los tribunales, factores clave para reducir la criminalidad, deben adecuarse de manera que se eleve el costo de la profesión criminal y se reduzcan sus beneficios. Hasta ahora, sin embargo, poco o nada se ha hecho para modernizar nuestros sistemas de justicia.
Las investigaciones realizadas en Estados Unidos muestran que si queremos hacer el crimen menos atractivo para los delincuentes, es mejor duplicar la probabilidad de ir a la cárcel que doblar la severidad del castigo. La evidencia muestra que el número de sentencias de encarcelamiento es más relevante que la severidad de la pena. Esto no quiere decir que los castigos no importan. La severidad de estos puede ser menos efectiva que el número de casos exitosos de encarcelamiento, pero es sin duda un freno extremadamente poderoso. La moraleja es que la pena capital evita asesinatos, pero un aumento de la probabilidad de encarcelamiento evita un mayor número de ellos.
Los afectados por los secuestros y asesinatos son todavía una minoría en un país lleno de pobres, pero lo lamentable es que estos no dejarán de serlo si la actividad delictiva desalienta la inversión. ¿Quién desea invertir dinero y esfuerzo en crear negocios si corre el riesgo de perder su vida? Son cada vez más las víctimas y sus familiares que deciden abandonar el país, lo que crea un entorno nada atractivo para atraer inversión nacional o extranjera.
El enfoque económico enseña que no necesitamos aceptar pasivamente el nivel actual de criminalidad o invertir en medios de protección privados por la incompetencia de nuestras leyes y gobernantes. El crimen en nuestro país no va a desaparecer, pero puede desalentarse mucho. Hay acciones muy efectivas para modernizar nuestros sistemas de justicia, pero su instrumentación requiere que la opinión pública se pronuncie a favor de ellas, yendo más allá de la manifestación del próximo domingo.
Se trata, a fin de cuentas, de presionar hasta que se modifiquen las leyes, se profesionalicen los cuerpos policíacos, se depuren los tribunales, se aumenten las probabilidades de ser capturado y de ir a prisión, y se amplíe el tiempo de encarcelamiento. Mientras todo esto no suceda, el crimen seguirá siendo un buen negocio en nuestro país y la inversión productiva buscará otros horizontes.
