Dos cosas son las que preocupan del nuevo escándalo que sacude a las esferas políticas y oficiales del escenario nacional: El desprestigio de la actividad política y el traspasar los límites en el manejo de medios de comunicación, pues si bien es cierto que los servidores públicos tienen que conducirse con mesura y prudencia, también lo es que no por ello deben permanecer estáticos, sin vida social o familiar porque cualquier acto de esa naturaleza puede ser sometido al escrutinio y escarnio de la opinión pública.
El problema que tiene el ahora suspendido secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce, es que quizá no pueda dar explicación de cómo con un sueldo de poco más de sesenta y seis mil pesos al mes es posible que gaste esas cantidades en un lugar como Las Vegas. Sin embargo, en tal caso la oportunidad la tendrá pues para ello se abre la averiguación administrativa, por un lado y la penal por lo que respecta al desvío de recursos por treinta y un millones de pesos que se le imputa, por haber pagado servicios no realizados.
Además de lo anterior, llama la atención el hecho que la investigación periodística se sustenta en documentación que presuntamente fue obtenida de manera ilegal, pues el reportero tuvo que haberla sustraído de los archivos del casino o sobornado a algún empleado para obtener esas cuentas de gastos, no así las filmaciones puesto que se realizaron en un lugar público. No obstante ello, surge la pregunta de ¿hasta dónde es ético tocar esos extremos para obtener información?
Por lo demás, digno de encomio es el hecho que el gobernador del D.F., Andrés Manuel López Obrador, haya reaccionado con la rapidez que lo hizo, pues en cuanto se enteró de los hechos considerados como sospechosos y presuntamente delictivos, decidió separar al funcionario de su cargo y abrir las investigaciones que el caso amerita, lo que no ha hecho el Gobierno Federal en situaciones similares.
